Congreso aprueba prorrogar el Reinfo hasta el 2026, pero pone freno a otros beneficios: los detalles de la jornada

Casi al cierre de la jornada en el Legislativo este jueves, se efectuaron tres votaciones continuas. Con la primera, el pleno del Congreso aprobó —en primera votación— prolongar hasta diciembre del 2026 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), retrocediendo así en una intención inicial de prorrogar el polémico registro por dos años más y que fue cuestionado por el Ejecutivo.

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Con las dos siguientes, se rechazó dos iniciativas incluidas en la fórmula con las que se pretendía impedir al Estado la posibilidad de efectuar exclusiones del registro en ese interín y, además, abrir la puerta para reincorporar a aquellos que ya fueron depurados. Ese fue el resultado final de una intensa jornada en la víspera del cierre de la legislatura.

El tema ingresó a discusión en el pleno alrededor de las 4:00 p.m. En su sustentación, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa (JP-VP-BM) refirió que tanto el Ejecutivo como el Legislativo desplegaron esfuerzos para la aprobación de un marco legal que regule a este sector, lo cual no llegó a concretarse en consenso político y normativo.

“Este entrampamiento legislativo genera un panorama de incertidumbre, más aún considerando que en diciembre de 2025 vence la vigencia del Reinfo, lo que obliga a adoptar decisiones urgentes que permitan garantizar la continuidad y culminación efectiva del proceso de formalización minera”, dijo Cutipa.

También aseguró en su intervención que la propuesta de ampliación se da en un contexto en el que el país requiere “fortalecer ingresos fiscales, reducir la conflictividad social y enfrentar los impactos ambientales de la minería ilegal”.

“La ampliación excepcional del plazo constituye una medida inmediata y pragmática para continuar integrando a los pequeños mineros y mineros artesanales al marco legal, generando beneficios económicos, laborales y ambientales. Asimismo, permite al Estado diseñar con mayor solidez la futura ley de pequeña minería y minería artesanal y su reglamento, asegurando una transición ordenada y sostenible del sector”, expresó Cutipa.

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Tras ello, la congresista Diana Gonzales (Avanza País) dio a conocer en su intervención que, según información de Sunat, la depuración de los más de 50 mil registros este año fue positiva para la economía nacional. Y que se venían alquilando impunemente los registros del Reinfo en Internet, a través de las redes sociales.

“Retornar a estos 50 mil Reinfos no beneficia al fisco; al contrario, beneficia a quienes quieren seguir traficando esos registros. Por ello, este texto significa ilegalidad, impunidad y retroceso. El Estado recauda más cuando ordena, no cuando retrocede”, expresó.

En esa línea, Gonzales planteó una cuestión previa para que la primera y segunda disposición complementaria transitoria —las que abren la puerta al retorno de los registros ya depurados— se voten por separado del texto principal. La propuesta fue aprobada con 70 votos a favor.

Durante el debate, los congresistas Jorge Morante (Somos Perú) e Ilich López (Acción Popular) presentaron otras dos cuestiones previas. La primera, para votar por separado la disposición que impide iniciar nuevos procedimientos de exclusión, también fue aprobada con 64 votos a favor. La segunda, que proponía devolver el dictamen a comisión, fue rechazada con 59 votos en contra.

“Este tema es bastante grave. Estamos frente a una tremenda disyuntiva, el orden versus el desorden. Estamos frente a la minería ilegal o a la legalización”, destacó Morante.

Legisladores como Roberto Sánchez (JPP-VP-BM) y Guido Bellido (Podemos Perú) defendieron el dictamen, el cual recogía sus proyectos de ley para la ampliación. Tras una discusión que se prolongó por más de una hora y media, Cutipa pidió un cuarto intermedio y el tema quedó en suspenso.

A las 9:31 p.m., el presidente de la Comisión de Energía y Minas presentó un texto sustitutorio. El texto, sin embargo, fue sometido a votación minutos después —pasada las 10:00 p.m.— por partes, a raíz de cuestiones previas que habían sido presentadas por los congresistas Diana Gonzales (Avanza País) y Jorge Morante (Somos Perú).

A pesar de algunos cuestionamientos presentados por algunos legisladores hasta el final, como de la bancada Alianza para el Progreso, el presidente de la comisión se mantuvo en su texto sustitutorio.

Fueron 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones las que recibió el texto planteado por Cutipa y con el que se prolonga la vigencia del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2026. O en su defecto —se remarca— hasta la entrada en vigor de la Ley Mape y su reglamento, “lo que ocurra primero”.

El texto aprobado también mantiene, entre otros, la realización de un censo nacional para este sector, así como un “proceso obligatorio de sinceramiento real” de la ubicación de las operaciones y establece un plazo para que los gobiernos regionales transfieran el acervo documentado referido al proceso de formalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem) bajo responsabilidad.

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Sin embargo, las disposiciones complementarias fueron votadas aparte y rechazadas. La dos referidas a la reincorporación excepcional que abría la puerta al retorno de más de 50 mil registros ya depurados y la continuación de sus trámites en el estado en el que se encontraban alcanzaron 51 y 49 votos en contra, respectivamente. Además, la disposición que planteaba suspender la tramitación e inicio de los procedimientos de exclusión registró 73 votos en contra.

Ante la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dijo que se procedería a la renumeración del articulado del texto y que, siguiendo el reglamento, el proyecto aprobado “será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario”. Sin embargo, ante el cierre de la legislatura este viernes, el tema ya sería abordado por la Comisión Permanente.

Más temprano, el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, presentó ante el Congreso su postura respecto del dictamen que había sido elaborado por la Comisión de Energía y Minas y que proponía prorrogar por dos años más el Reinfo.

En un escrito, el Gobierno cuestionaba ese plazo y planteaba que la ampliación sea únicamente por un año —es decir, hasta diciembre de 2026—, además de señalar discrepancias relevantes en otros puntos de la fórmula legal.

La posición del Ejecutivo está contenida en el Informe N°2241-2025, elaborado desde la Dirección General de Formalización Minera. Tanto el premier Álvarez Miranda como el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo, acudieron por la mañana, poco antes del inicio de la sesión plenaria en el Legislativo, para entregar los documentos que recogen su postura.

En total, son nueve los puntos observados por el Ejecutivo. Entre ellos, se proponía que el plazo de formalización minera se extienda de manera “prudente” únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, al considerarse un período “suficiente” y que, por el contrario, una prórroga por dos años sería “excesiva”.

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Por otro lado, el Ejecutivo solicitó retirar la disposición que suspende los procedimientos de exclusión del Reinfo, pues —se apuntó— “limita la capacidad del Estado” para garantizar que no se desarrollen actividades en zonas prohibidas y “habilita que se haga mal uso de inscripciones” en el registro.

Tal como informó El Comercio en un reportaje previo, con esta disposición planteada desde la Comisión de Energía y Minas se estaba dejando fuera 18 causales de exclusión y solo dos permanecerían vigentes, generando una mayor impunidad.

Para el gobierno, no era “pertinente” suspender los procedimientos de exclusión debido a que estos se basan en causales ya establecidas, como el desarrollo de actividades en áreas restringidas, el incumplimiento de compromisos en el marco del proceso de formalización, etcétera.

Además, advertía que “no hay una relación lógica” para suspender los procedimientos de exclusión hasta la entrada en vigor de una nueva Ley Mape o hasta la culminación del proceso de formalización —como se pretendía—, pues “en dicho momento se presume que ya habría culminado dicho proceso”.

“Esto constituye un despropósito, en la medida que prácticamente exonera de responsabilidad administrativa a los mineros en proceso de formalización que han vulnerado la normativa, prohibición establecida expresamente por el Tribunal Constitucional”, se subrayó también sobre ello en el informe.

Se agregó que de aprobarse esto se abriría la posibilidad a la invasión de operaciones formales y que podría afectar la predictibilidad y equidad en el sistema, “generando un mensaje contradictorio”.

Asimismo, planteaba excluir las otras dos disposiciones que abren la puerta a que se efectúe una reincorporación de los registros ya depurados en el anterior gobierno. Sobre esto, se remarcó en el informe que no cumplían con los requisitos mínimos de permanencia por más de un año, entre ellos, el tener RUC vigente, y que “no evidenciaron avances en su proceso de formalización”.

Entre los otros puntos planteados estaba la exclusión de la asignación del Minem de la fiscalización ambiental por corresponder a los gobiernos regionales, también que la disposición de un censo minero ya está contemplado en una norma “no siendo necesaria su sobrerregulación”.

Además, que el sinceramiento de ubicación incluido en el dictamen solo implique una actualización de coordenadas acotado y no a cualquier parte del territorio nacional, así como incorporar como requisito para la formalización la inclusión en planilla a los trabajadores mineros.

Tras presentar su postura por escrito, el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, enfatizó que si el dictamen no se adecuaba a la posición esbozada por el gobierno se observaría la fórmula.

“El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50 mil mineros excluidos del proceso”, expresó.