Congreso aumentó plazas, modificó régimen laboral y gastará más de S/5 millones anuales adicionales por comisiones extraordinarias

Durante los primeros meses del periodo 2021-2026, el Pleno del Congreso ha acordado activar 16 comisiones extraordinarias: 5 investigadoras y 11 especiales. Como lo advertimos en un anterior informe, este tipo de comisiones ha significado una inversión anual de más de S/ 3 millones en promedio, por los sueldos dirigidos a profesionales y asesores en cada comisión.

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Según información del Congreso de la República, desde el año 2000 hasta julio de este año, el costo promedio anual de cada comisión superó los S/ 150,000, y la inversión total realizada en los últimos 21 años excede los S/ 70 millones.

Costo promedio de comisiones extraordinarias (2000-2021)

Sin embargo, este Congreso ha implementado algunos cambios que aumentarán los costos de las comisiones recién creadas.

A inicios de septiembre, un acuerdo de la Mesa Directiva, dirigida por Maricarmen Alva (Acción Popular), determinó que el módulo de personal para cada comisión especial e investigadora contará con 4 contratados: dos asesores nivel II, un técnico y un auxiliar. Anteriormente se contrataba a 3 personas (se contaba con un asesor menos).

Esto implica que el monto destinado a cubrir los sueldos del personal contratado en cada comisión asciende S/ 22,566 mensuales (o S/361,056 por mes si consideramos las 16 comisiones).

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Módulo de personal en comisiones investigadoras y especiales (2021)

El Comercio intentó comunicarse con los miembros de la Mesa Directiva del Congreso para consultar sobre los cambios acordados, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Un segundo cambio respecto a las anteriores disposiciones es que se contratará al personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, lo cual también genera un aumento en el gasto de dichas comisiones.

Ya existía una tendencia a aumentar los beneficios y la permanencia de quienes son contratados por estas comisiones. Un acuerdo del 2003 estableció que solo las comisiones investigadoras contarían con módulo de personal definido, y las especiales podrían solicitar personal a la Mesa Directiva si así lo necesitaran.

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Es recién en el 2010 que se aprueba un módulo de personal definido para las comisiones especiales, bajo el mismo régimen laboral. En estos periodos, el personal sería contratado en la modalidad de locación por producto y recibirían una única retribución al entregar el informe a quien dirija la comisión.

Durante el Congreso 2020-2021 se modificó el régimen laboral de este personal, y se formalizó la contratación por CAS. Sin embargo, la presente Mesa Directiva, amparada en la aprobación de la ley que busca eliminar la discriminación del Estado, estableció la contratación en DL 728.

Este régimen laboral incrementa los costos finales de contratar en el Estado al estar sujeto a mayores beneficios para los trabajadores.

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Según el especialista parlamentario Martín Cabrera, la diferencia principal en este régimen se ubica en que, además de los 12 sueldos por año, reciben un bono de vacaciones equivalente a un sueldo mensual, y otro del mismo monto para escolaridad. Así, alcanzan los 14 sueldos mensuales y otros beneficios como refrigerio y movilidad.

Así, el costo anual de cada comisión creada por este Congreso podría llegar a los S/ 315,924, cerca al doble del promedio de los últimos 20 años.

Si el número de comisiones se mantiene durante el siguiente año, se destinará S/ 5′054,784 para cubrir el salario de su personal. Esto sin contar los beneficios laborales que ahora gozarán los contratados por estar adscritos al DL 728 y ya no al régimen CAS.

Costo total de las comisiones investigadoras y especiales (2021)

“Creo que la Mesa Directiva ha hecho lo correcto al intentar implementar la Ley 31131, considerando la labor que se realiza desde las comisiones investigadoras y especiales. Sin embargo, creo que no han especificado los alcances o límites de este acuerdo, teniendo en cuenta que las labores que realizan estas comisiones, por naturaleza, tienen carácter temporal”, explica Cabrera.

Si bien estas comisiones reciben plazos entre 30 y 180 días, siempre suelen extender su mandato con pedidos de ampliación aprobados en el pleno.

Para el especialista, a pesar de esta implementación, el personal contratado no debe acceder al contrato indefinido, y por ello ha faltado mayor claridad en el acuerdo de la Mesa Directiva.

“Si la idea de este acuerdo era implementar la norma con el espíritu con la que fue creada, para no discriminar y para formalizar en planilla a todos los trabajadores, teóricamente esos trabajadores CAS tendrían que pasar a ser permanentes en el Congreso, al servicio parlamentario. Si es así, no podrían brindar apoyo a las comisiones, porque las comisiones investigadoras y especiales son de la organización parlamentaria, no del servicio”, comenta.

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“El personal que se va a contratar de acuerdo al módulo que se aprueba con este acuerdo de ninguna manera puede suponer la contratación de personal con un carácter de indefinido o permanente. Por eso es necesario que el acuerdo establezca sus alcances”, agrega Cabrera.

Cabe recordar que la Ley 31131 fue aprobada por el anterior Congreso, y el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. Sin embargo, la falta de una sentencia por parte del Tribunal Constitucional, o el que no haya un reglamento para dicha ley, no impide a las instituciones públicas de adaptarse a su normativa si cuentan con el presupuesto para ello.

Cambios en la contratación de personal

El avance de las comisiones

Si bien este Congreso ha creado más comisiones que sus antecesores en el mismo tiempo, su aprobación no implica que empezarán a funcionar de inmediato. Este proceso puede tardar algunos meses, como ha ocurrido en el pasado.

Hasta la fecha, de las 16 comisiones aprobadas por el Pleno, solo hay 7 que muestran algún progreso relevante. El Pleno debe aprobar la lista de miembros que integrará cada comisión extraordinaria, cosa que solo ha ocurrido en 7 casos. Las otras 9 comisiones continúan sin definir sus integrantes.

Algunas de estas comisiones con integrantes incluyen la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021, presidida por Jorge Montoya de Renovación Popular, la cual busca determinar las presuntas irregularidades de las últimas elecciones.

También está la que busca investigar los presuntos actos de corrupción en los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, mientras despachó fuera de Palacio de Gobierno, así como aquella que busca identificar las irregularidades en el sector salud durante la lucha contra la pandemia.

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Al respecto, el profesor de la facultad de derecho de la PUCP, Heber Joel Campos, consideró que han existido importantes comisiones investigadoras que revelaron graves hechos de corrupción y contribuyeron a que se hagan públicos. Sin embargo, explica que muchaos grupos que suelen crearse no cumplen con los requisitos mínimos de interés público.

“No se puede crear comisiones investigadoras sobre cualquier materia o asunto, simplemente porque se quiere llamar la atención sobre un hecho coyuntural. ¿Qué interés público relevante puede estar ahí?”, manifestó Campos. Un ejemplo relevante de estos excesos fue la comisión que buscó investigar los efectos del dióxido de cloro en la lucha contra la pandemia, creada por el Congreso pasado.

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