Un Congreso con 31 abogados, 21 docentes y un solo economista: así impactan los perfiles profesionales en la legislación

En una revisión a los perfiles profesionales de los demás legisladores, las carreras más comunes son la abogacía, la docencia, las afines a salud y la administración (ver cuadro). Y cabe destacar que, de los 130 nuevos legisladores —quienes, entre otras funciones, formularán proyectos de ley e integrarán comisiones sectorizadas de trabajo— solo el 15% tiene experiencia parlamentaria o de asesoría en este poder del Estado.

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En un comparativo con las profesiones más comunes en los últimos dos Congresos, la abogacía siempre se ha mantenido en el promedio de 35, sin contar a los parlamentarios con estudios inconclusos o bachilleres en Derecho.

En el actual Congreso, la segunda carrera más común es la de educador. De los 21 docentes que han ingresado al Parlamento para este período, 18 pertenecen al partido Perú Libre, altamente vinculado al magisterio por la influencia del presidente electo Pedro Castillo. En los dos Parlamentos anteriores, la cuota conjunta de docentes titulados apenas sumó siete.

Otro dato llamativo del nuevo Congreso es que solo un parlamentario es economista (Carlos Anderson, de Podemos Perú). Durante el último Parlamento extraordinario, también hubo un solo economista (José Núñez, del Partido Morado).

Precisamente, en el 2020-2021, se emitieron varias normas de impacto económico que luego fueron objeto de demandas de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las referidas a la devolución de aportes del fondo de la ONP, la suspensión del cobro de peajes administrados por privados y los ascensos en EsSalud. Otras ocho leyes también podrían tener el mismo destino.

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Y, aunque la especialización en Derecho sea una de las principales entre los congresistas de este y los anteriores períodos, eso no garantiza necesariamente un análisis adecuado de los proyectos que se aprueban a nivel técnico.

En el Congreso 2020-2021, por ejemplo, se empujaron reformas a la Constitución hasta los últimos días de legislatura, sin mayor resultado que vicios procedimentales, apresuramientos, contramarchas y enfoques inconstitucionales. Proyectos de ley, como los referidos a la bicameralidad y a la aplicación de la cuestión de confianza quedaron en el papel, tras horas de discusiones a nivel de comisión.

¿Importa la profesión?

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera Marchán refirió que el sistema de representación nacional no prioriza el bagaje profesional de una persona para ser electa congresista o calificarla como competente para el Congreso. En su lugar, la buena gestión legislativa depende de otros factores que generen equilibrios.

“En el lado técnico, es fundamental y clave que los congresistas cuenten, desde su mismo despacho, con un buen equipo de asesores especializados. Eso genera no solo un soporte administrativo en el despacho o la bancada, sino un primer filtro a las iniciativas que se pretenda elevar a comisiones. Por el lado de manejo político, es importante que los congresistas interioricen el diálogo como parte intrínseca de su cotidianeidad, y herramienta para viabilizar los intereses de su grupo político y de sus representados. Sin esos elementos, lo más probable es que fallen en su labor”, explicó Cabrera.

Para la politóloga y también experta en temas parlamentarios, Kathy Zegarra Díaz, si hay algún factor en contra innegable en el actual Congreso es la falta de experiencia parlamentaria. Por otro lado, advierte que un congresista puede especializarse, ya dentro del trabajo diario, en temas no necesariamente compatibles con su profesión.

“Yo considero como un valor trascendente que los legisladores ingresen con una búsqueda activa por especializarse en algún tema. Por ejemplo, el excongresista Daniel Mora [militar en retiro, legislador del período 2011-2016] tuvo un rol bastante activo en el tema de Educación sin la necesidad de ser específicamente educador. Entonces, destacaría que los parlamentarios necesitan, además de tiempo, voluntad política para especializarse”, dijo Zegarra.

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La labor en las comisiones

En el Parlamento funcionan 24 comisiones ordinarias, cada una enfocada en un sector del Estado. Para Martín Cabrera, en el caso particular de las comisiones, algunas sí requieren que, al menos, sus presidentes tengan cierta aproximación a los temas que se trabajan.

“Si bien la falta de dominio profesional de un tema no necesariamente limita la labor que pueda realizar un congresista, considero que sí hay comisiones especializadas que demandan cierta experiencia profesional previa o, al menos, experiencia de vida relacionada. Sería extraño, por ejemplo, que una persona que no tiene formación ni conocimiento en Derecho presida la Comisión de Justicia. Lo mismo con la Comisión de Salud. Y, en particular, la Comisión de Presupuesto me parece que es una de las que más exige conocimiento básico”, estimó.

Kathy Zegarra advierte que en la mayoría de comisiones, el rol del equipo técnico de asesores puede suplir alguna carencia de conocimiento de los sectores tratados. Sin embargo, coincide en que, para ciertos grupos de trabajo, sí es preferible que sus presidencias sean ocupadas por congresistas con cierta experiencia afín a los temas.

“Los parlamentarios, incluso teniendo profesión en cierto campo, no tienen que saber todo. Por eso, teniendo o no una carrera relacionada dentro de las comisiones, el peso de los asesores es fundamental, pues ellos hacen una evaluación totalmente técnica a una propuesta que puede nacer de una meta política inviable. Pero esa opción de balance y de corrección también se puede afectar negativamente si es que el parlamentario contrata a malos asesores o descarta el mérito frente a la confianza”, explicó.

Cabrera añadió que otro factor de peso de la asesoría técnica es la de evitar eventuales decisiones inconstitucionales, inaplicables o fallidas.

“Las comisiones son ese filtro que evita pérdidas de tiempo en el Parlamento. Por tanto, es absolutamente importante que en ese primer espacio prime lo técnico. Después de que un proyecto se dictamina en comisión, lo más seguro es que ya no haya análisis técnico porque el pleno realiza los debates más políticos”, señaló.

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