Fuerte rechazo a aprobación de aumento de pena por difamación: las claves del cuestionado proyecto

Sin debate y luego de una sustentación que duró apenas cuatro minutos, el pleno del Congreso dio luz verde a un proyecto para aumentar la pena por el delito de difamación cometida a través de prensa, libros y otros medios de comunicación. Esta aprobación, que contó con los votos de bancadas de izquierda y de derecha, aún debe pasar por una segunda votación prevista para la próxima semana.

Con la reforma aprobada, la sanción para un periodista o cualquier ciudadano hallado culpable del delito de difamación con el mencionado agravante se eleva hasta cuatro años de pena privativa de la libertad. Hasta ahora, la sanción más grave era de tres años. Esto, para organismos especializados, atenta contra la libertad de prensa y se puede entender como un amedrentamiento a la labor periodística.

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El proyecto fue presentado por Segundo Montalvo, congresista de Perú Libre, y contó con un dictamen favorable de la Comisión de Justicia, presidida por Américo Gonza, su compañero de bancada, quien actualmente es investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. Desde su aparición, la propuesta fue considerada como una potencial amenaza al trabajo de la prensa y también fue observada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.

Ante el pleno, Américo Gonza presentó un texto sustitutorio del dictamen que había sido aprobado en marzo por la Comisión de Justicia. Aquel dictamen elevaba hasta cinco años la pena por difamación a través de medios de comunicación; pero en el texto sustitutorio se planteó que las penas sean de entre dos y cuatro años.

En su breve sustentación, Américo Gonza aseguró que su objetivo es que “se repare de manera integral cuando es mancillado el honor de una persona, pues el daño que a veces se hace es irreparable”. “La aprobación de la propuesta coadyuvará con nuestro legislación [...] al precisar de manera detallada, cosa que antes estaba difusa o poco precisa, y aclarar de manera concisa el texto de los artículos 131 y 132 del Código Penal”, afirmó.

Esos artículos, que buscan ser modificados con esta propuesta, actualmente sancionan los delitos de difamación y calumnia

Américo Gonza agregó que “lo punitivo muchas veces, en tanto no representa el internamiento en un penal, no tendría efecto disuasivo. De allí que su reparación patrimonial por el daño causada se hace necesaria”.

Ningún congresista participó para debatir la propuesta, que pasó al voto. Allí se aprobó con 68 votos a favor provenientes de Perú Libre (14), Acción Popular (11), Alianza Para el Progreso (10), Bloque Magisterial (7), Renovación Popular (6), Cambio Democrático-JPP (4), Perú Bicentenario (4), Somos Perú (4), Podemos Perú (3), Fuerza Popular (1), Avanza País (1) y tres no agrupados.

Hubo 27 votos en contra de Fuerza Popular (19), Avanza País (3), Cambio Democrático (2), Podemos Perú (2) y dos no agrupados. Finalizada la votación, el presidente del Congreso, José Williams, indicó que el proyecto debe pasar por una segunda votación luego de siete días calendarios, es decir, a partir de la próxima semana.

A pesar de que Américo Gonza aseguró que la propuesta había recogido las observaciones de la Defensoría del Pueblo, esta institución manifestó su rechazo al texto aprobado y espera que no sea ratificado en segunda votación. “Este proyecto y otros que se han presentado en el seno del Parlamento preocupan al ejercicio de libertad de expresión e información en el Perú”, dijo a El Comercio Alberto Cruces, adjunto para Asuntos Constitucionales de la institución.

“El aumento de penas para los delitos que tiene que ver con la defensa del honor es una medida penal que no necesariamente está orientada a resolver los problemas que se denuncian al momento de presentar estos proyectos, que son las expresiones inexactas que puedan darse en medios de comunicación”, indicó.

Así, para la Defensoría el aumento de penas no es lo idóneo, sino que hay medidas alternativas como la rectificación las disculpas públicas e incluso una reparación civil. Además, indicó que expresaron al Congreso que llevar estos casos al ámbito penal puede también “resultar en un amedrentamiento a aquellos que dan a conocer información, como los periodistas”. Por otro lado, recordó que hay pronunciamientos a nivel internacional que advierten sobre los efectos negativos de las penas por difamación.

“Solo la amenaza de que pueda haber una denuncia puede generar que una persona que desea denunciar un hecho, o un periodista que ha investigado un hecho de corrupción, ya no lo dé a conocer ante la posibilidad de que pueda ser denunciado, involucrado en un proceso largo y costoso”.

Roberto Cruces, adjun para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo

En un pronunciamiento, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó que se trata de un “proyecto ley peligroso que afecta directamente la libertad de prensa”. “Su aprobación forma parte de una tendencia orientada a perjudicar la labor fiscalizadora de la prensa por parte de políticos que se incomodan con ella”, indicaron.

El abogado Roberto Pereira, asesor legal del IPYS, dijo a El Comercio que el texto aprobado no presenta ninguna justificación para el aumento de la pena y que su único objetivo es amenazar a la prensa. “Lo que han hecho, elevando en el marco de penas, no tiene nada que ver con lo anuncian en la exposición de motivos [del proyecto de ley], lo que evidencia que detrás solo hay la intención de dar un mensaje de amedrentamiento”, indicó.

Además, señaló que la reforma fue aprobada mayoritariamente por bancadas cuyos integrantes o líderes están vinculados a casos de presunta corrupción u organización criminal que han sido denuncias por la prensa, como Perú Libre, APP o Acción Popular. “Esto además va en contra la línea del Sistema Interamericano de Derechos Humanos [...] Hay un tendencia a la despenalización [del delito de difamación]”, agregó.

El abogado indicó que si se aprueba la segunda votación, el Ejecutivo debería observar la ley y el Congreso no debería insistir. Y si se aprueba por insistencia, estimó que sería “un buen caso para llevarlo al Tribunal Constitucional y ahí alegar lo que estoy mencionando, con lo que la Corte Interamericana haya dicho en la materia”.

Finalmente, consideró absurda la mención a una imposición de reparación civil dentro de las penas, ya que una reparación civil no es una pena; y que es innecesario porque ya en los casos de difamación se piden reparaciones civiles. “La pretensión, la idea es mandar un mensaje, asustar. No creo que sea una torpeza gratuita”, insistió.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), rechazó la aprobación del proyecto, así como la forma en que este se votó: sin un previo debate. “Falta una segunda votación, pero tememos que pueda ir en la misma dirección. Aprobar un proyecto así es absolutamente lesivo para el ejercicio de la libertad expresión en el Perú”.

Indicó que nadie dice que no se deba proteger el honor y la buena reputación, pero recordó que la tendencia nivel regional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) indican que se debe procurar que el honor esté protegido en el entorno civil y no en el entorno penal.

“En Perú, en los últimos años, las estadísticas hablan de casi 150 periodistas en Lima y regiones llevados a tribunales por querellas por difamación [...] Viniendo de la clase política, por supuesto que es pretender darle un escarmiento especialmente a los periodistas, genera un agravante en el caso de que la difamación se produzca a través de los medios de comunicación. La intencionalidad es bastante clara".

Zuliana Lainez , presidenta de la ANP

La representante de la ANP añadió que en el Perú, uno de los peores ataques contra periodistas es, justamente, el acoso judicial. “¿Cómo en un país donde tu principal problema vinculado al ejercicio periodístico es el caso judicial vas a elevar las penas por difamación? Va a contracorriente, la mayoría de países lo que está haciendo es quitar estos delitos del código penal y dejarlos en el código civil”, cuestionó.

En tanto, en un comunicado conjunto, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión hicieron énfasis en la mencionada cifra de periodistas acusados de difamación, una acción penal “por la que optan quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público”.

“Este tipo de iniciativas pueden facilitar la impunidad de las autoridades y funcionarios públicos, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano”, dijeron. Por ello, exigieron que el Ejecutivo, en caso que el Congreso apruebe la segunda votación, observe el proyecto “en aras de la transparencia y en respeto al libre ejercicio del periodismo en el país”.