Congreso gastará más de S/30 millones en el segundo bono del año para sus trabajadores

En medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país y denuncias de legisladores ‘mochasueldos’ pendientes de resolver, el Congreso de la República otorgará una “bonificación extraordinaria” de casi S/10.000 a todos sus trabajadores, sin distinción del régimen en el que se encuentren. Se trata, en realidad, de un segundo bono —por el mismo monto— que se otorga en lo que va del año.

Esta decisión fue aprobada mediante un acuerdo de la Mesa Directiva, que preside Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), en su sesión del último martes. La misma, si bien aún no fue publicada y transparentada en el portal web del Congreso, ya se cursó a la Dirección General de Administración (DGA) del Parlamento para que disponga su ejecución, a través de un memorando al que accedió El Comercio.

Allí se cita el acuerdo de mesa de esta semana, el cual indica que la bonificación se da a solicitud del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL), y que esta autorización es “por única vez”.

“Autorizar, por única vez, una bonificación extraordinaria a título de liberalidad a favor del personal activo del Congreso de la República, con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”, se refiere en el documento.

El monto aprobado para la bonificación de los trabajadores del Congreso es, específicamente, de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que asciende en la práctica a S/9.900, muy aparte del sueldo habitual y los otros beneficios (bono de escolaridad, entre otros) que reciben los trabajadores del Poder Legislativo.

Y, como se precisa en el acuerdo, el “bono excepcional” aplica para todos los trabajadores activos del Congreso. En la última planilla de octubre, según revisó este Diario, se registraron más de 3.000 trabajadores ubicados en diferentes oficinas, lo que hace una distribución de más de S/30 millones de los recursos del Estado.

El Comercio intentó consignar comentarios de algún vocero de la institución, a través del área de prensa. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Sin embargo, este es solo el segundo bono que se otorga en el año. A fines de abril pasado, el Congreso —en la gestión de José Williams— aprobó igualmente una “bonificación extraordinaria”, la misma que ascendió también a 2 UIT y que fue para todos los trabajadores.

“Debido al incremento del costo de vida, a las situaciones coyunturales, a la ampliación de legislatura del presente período anual de sesiones, a la proximidad de la celebración del Día del Trabajo y en razón de que los trabajadores del Congreso de la República cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral ordinaria”, se justificó en el acuerdo de Mesa Directiva de ese entonces.

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, comentó que debido al contexto económico que atraviesa el país, la Mesa Directiva bien pudo haber reevaluado el monto a entregar. Y agregó que las bonificaciones deberían ser otorgadas “en función a los niveles de productividad”.

“Definitivamente esta decisión de la Mesa Directiva del Congreso que beneficia a sus trabajadores en un universo de tres mil [trabajadores], va a ser percibida de forma negativa por la opinión pública. Todos los peruanos, sin distinción, estamos sufriendo la recesión económica y la merma de los ingresos. Y, en ese contexto, es que podría haberse reevaluado el monto de ese bono”, dijo Cevasco en diálogo con El Comercio.

Para el exoficial mayor, se debería establecer “criterios y metas de cumplimiento” de manera tal que una persona con determinado nivel de responsabilidad no reciba lo mismo que otro con mayor nivel de responsabilidad dentro de la institución.

“No estoy en contra del incentivo, pero también cuando es uniforme entre todos desincentiva a los que trabajan más e incentiva a los que trabajan menos [a seguir así]. No todos trabajan igual, hay niveles de responsabilidad”, comentó.

En tanto, en opinión de Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y exjefe de Gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, el problema también pasa por la sobrepoblación de personal que existe en esta institución, al cuestionar la gran cantidad de trabajadores contratados cuando ya se cuenta con los nombrados.

“Los trabajadores nombrados no requieren contentar al congresista de turno, acá los afectados son los contratados temporalmente y que son víctimas de los ‘mochasueldos’”, subrayó Rospigliosi.

También reprochó que, si fuera alguna otra entidad del Estado la que hubiera efectuado esta ‘repartición de bonos’, ya la Fiscalía de la Nación y/o la Contraloría General de la República habrían actuado pues sería considerado un delito.

“En el Congreso, de los 130 congresistas, hay muchos que son correctos. Pero hay otros que no. Y muchos ‘robasueldos’ —que no han sido detectados todavía— son los que se frotan las manos por estos bonos por doquier”, remarcó.