Congreso investigará muertes durante últimas protestas: ¿cuántas comisiones especiales hay?

Una nueva comisión investigadora fue aprobada por el Congreso. Con 65 votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones el Parlamento dio - el martes - luz verde a crear un grupo especial que indague las muertes ocurridas durante protestas sociales iniciadas el 28 de marzo.

El grupo de trabajo tendrá como objetivo determinar las responsabilidades políticas, penales y administrativas en las manifestaciones producidas por el alza en los precios de los combustibles, los fertilizantes y los productos de la canasta básica familiar. La comisión estará conformada por cinco integrantes, como mínimo, y contará con un plazo de novena (90) días hábiles para realizar la investigación y presentar su informe final.

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El texto con el que se sustenta la creación de la comisión, presentado por Jorge Montoya (Renovación Popular), señala que “se tiene conocimiento de al menos 6 muertes acaecidas durante las protestas: cuatro en Huancayo, una en Ica, una en Huánuco. Entre ellos se cuenta un menor de trece años, que habría fallecido al caer al río Yacus, en la provincia de Jauja”

Agrega que “los hechos mencionados constituyen razón suficiente para que el Congreso de la República realice una investigación exhaustiva que determine las circunstancias en que ocurrieron estas muertes, señalando las posibles responsabilidades políticas, penales, administrativas a que hubiera lugar, coadyuvando así un mejor desempeño de las funciones de control político”.

Así votaron las agrupaciones políticas:

Revisa la moción:

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Se trata de la novena comisión investigadora a la que el Parlamento ha dado luz verde en casi nueve meses de gestión. Y la segunda en lo que va del año. Un anterior informe de El Comercio, publicado en setiembre de 2021, dio cuenta que este Congreso batió récords creando comisiones investigadoras y especiales y que, en el pasado, otras gestiones parlamentarias no habían tenido una aprobación tan veloz y elevada de nuevas comisiones.

El informe también reveló que, según información del propio Congreso, la instalación de las comisiones investigadoras y especiales genera gastos elevados en el presupuesto público. En promedio, durante los últimos 21 años el costo anual de cada comisión especial ha sido de S/ 159,000, mientras que cada comisión investigadora significó una inversión media de S/ 174,000 por año. Desde el año 2000 el Congreso ha gastado más de S/ 3 millones al año en las comisiones investigadoras y especiales.

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A la comisión aprobada el último martes, se suma la que el pleno del Congreso aprobó en marzo para que se investigue a las empresas del llamado “Club Chino de la Construcción” y a los funcionarios y exfuncionarios con los que habrían firmado contratos para que ganen licitaciones supuestamente irregularmente en el Estado, desde el 2018 en adelante.

La moción fue aprobada el 31 de marzo con 77 a favor, 29 en contra y 2 abstenciones. Dicho grupo de trabajo cuenta con 120 días para realizar sus diligencias. Sin embargo, aún no se ha definido quiénes serán los parlamentarios que integrarán esta comisión investigadora.

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Solo en 2021, se crearon 7 comisiones investigadoras, cuatro en la misma fecha (12 de agosto), una de las cuales tiene como objetivo investigar las elecciones presidenciales y se trataba del grupo de trabajo que más había progresado hasta el mes de setiembre, según un informe de El Comercio.

Sin embargo, luego de siete meses de haberse instalado no ha dado frutos. El 31 de marzo, el Legislativo amplió por 20 días hábiles más el plazo para que culmine con sus indagaciones (el primer plazo se vencía el 7 de marzo).

Este es el oficio en el que se solicita la prórroga:

El pedido de prórroga se sustenta en la necesidad de recibir y analizar información e informes periciales pendientes de realización o entrega, así como recibir el testimonio de personas “cuya manifestación es clave para el cumplimiento de los objetivos de la investigación”.

Esta comisión es presidida por Jorge Montoya. También la integran Roselli Amuruz (Avanza País), Raúl Doroteo (Acción Popular), Gladys Echaíz (APP), Martha Moyano (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Sigrid Bazán (Cambio Democrático).

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¿Qué investigan las otras 6 comisiones y quiénes las integran?

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Diego Bazán: “Congreso ha llegado al límite de creación de comisiones investigadoras”

En diálogo con El Comercio, el congresista Diego Bazán, quien integra dos de estas comisiones investigadoras señala “que están haciendo un trabajo importante”. No obstante, considera que ya se ha llegado al “límite” de creación de comisiones y que ya no se deberían instalar más “porque generan un costo muy alto para el presupuesto público”. Añadió que cada una de estas comisiones contaría con al menos 4 asesores y que el gasto “debe transparentarse”.

“(No deberían crearse más) hasta que las que ya están instaladas den resultados. También estoy en contra de que se les amplíen los plazos. Deben cumplirse los 120 días que se les ha brindado a la mayoría”, asevera el parlamentario de Avanza País.

Para Bazán, el cumplimiento de los plazos depende mucho de la persona que presida la comisión investigadora y también de quien propuso su creación. A su criterio, quien impulsa, “debe estar monitoreando” que el grupo de trabajo cumpla con su función.

“Hemos tenido experiencias lamentables, que no han llegado absolutamente a nada. Hasta que finalicen las 9 ya existentes no deberían crearse nuevas comisiones investigadoras”, subraya el legislador.

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“Las comisiones investigadoras deben crearse por razones excepcionales”

Fuentes consultadas por este Diario indican que la creación de estas comisiones son parte de la función fiscalizadora del Congreso, pero que lo recomendable es que se agoten todas las posibilidades en las 24 comisiones ordinarias que existen en el Legislativo. “

“Las comisiones investigadoras deben crearse por razones excepcionales. Sin embargo, no podemos caer en el pesimismo de decir que todos estos grupos de trabajo no sirven porque los casos más emblemáticos de corrupción los investigó el Congreso y llegaron a buen puerto”, añaden.

Ponen como ejemplo los casos de Alex Kouri, cuya investigación fue impulsada por Victor Andrés García Belaunde. También citaron el caso de Rodolfo Orellana. “Son dos botones de muestra de que cuando el Congreso se tomó en serio su función fiscalizadora tuvo resultados. También es cierto que hubo comisiones que no sirvieron para nada [...] Actualmente, la investigación sobre las elecciones no ha logrado nada, es un claro ejemplo de cuando no tienes la cosas claras”, concluyen.