La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este martes 10 de junio seis informes de calificación que planteaban la improcedencia de igual número de denuncias.
La primera es la Denuncia Constitucional 548, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el exfiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Arce Córdova, por cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. Fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
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La segunda denuncia archivada es la 553, interpuesta por el ciudadano Wilmer López Camacho, contra Espinoza Valenzuela y el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por presunta infracción al artículo 159 (numeral 1) de la Constitución y los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
La tercera es la Denuncia Constitucional 565, interpuesta por la fiscal de la Nación contra el exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho por el delito de aceptación indebida de cargo público. Recibió 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
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La cuarta Denuncia Constitucional archivada fue la 116 (antes 469), interpuesta por el excongresista Posemoscrowte Chagua contra los exlegisladores Luis Galarreta, Mario Mantilla, Richard Acuña y Mauricio Mulder por la presunta infracción al artículo 94 de la Constitución. Se aprobó con 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
La última denuncia constitucional desestimada fue la 569, interpuesta por César Hinostroza contra los jueces supremos César San Martín, Manuel Luján Túpez, María del Carmen Altabas Kajatt, Iván Sequeiros y Norma Carbajal Chávez por presunta infracción a los artículos 139 (numerales 5, 6 y 14) y 2 (numerales 1 y 15) de la Constitución y los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Recibió 12 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
De otro lado, la subcomisión aprobó por mayoría (9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) el informe final de la Denuncia Constitucional 444, que propone levantar el antejuicio político al expresidente de la Corte Suprema Víctor Ticona.
La denuncia fue interpuesta por el exfiscal de la Nación encargado Juan Carlos Villena y se acusa a Ticona Postigo de haber intervenido ante instancias administrativas del Poder Judicial en la contratación, como asesora penal, de la abogada María Falconí Gálvez, sobrina de un conocido del exjuez César Hinostroza.
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Asimismo, la Subcomisión aprobó por mayoría (13 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el informe final de la Denuncia Constitucional 103 (antes 454), que declara improcedente acusar a la exministra de Economía María Antonieta Alva por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución y el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
A Alva Luperdi se le acusó haber hecho mal uso de su cargo al beneficiar a un consorcio que realizó un contrato con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y en el cual participaron las empresas Hidroenergía Consultores e Ingeniería SRL, entre cuyos accionistas se encuentran el padre y el hermano de la exministra.
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El informe final concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la existencia de los delitos sindicados y por ello, propuso declarar infundada la denuncia y recomendó su archivamiento.
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