Congreso no ha tramitado 81 acusaciones constitucionales

El antejuicio político es un privilegio constitucional en favor de los más altos funcionarios del Estado. Cuando un presidente de la República, congresista, ministro de Estado, magistrado del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema (entre otros altos funcionarios) es acusado de haber infringido la Constitución o de haber cometido un delito relacionado con su función, el Congreso debe determinar si corresponde (o no) que el servidor público sea juzgado por el Poder Judicial.

El Congreso de la República también puede establecer sanciones políticas como la destitución y la inhabilitación del acusado para el ejercicio de funciones públicas. La tramitación de este procedimiento en el Parlamento es pues de la mayor relevancia.

Sin embargo, a falta de solo nueve meses para que culmine el mandato de este Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se encarga de la tramitación de los antejuicios políticos, aún no da trámite a 81 denuncias.

El Comercio accedió a la relación completa de más de cien acusaciones pendientes de ser revisadas por la subcomisión. Basados en el reglamento del Congreso, en 81 casos, los plazos para calificar las acusaciones se encuentran vencidos.

El artículo 89 del reglamento dispone que la subcomisión cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para calificar si proceden las denuncias. No obstante, en algunos casos, este plazo se ha vencido en más de dos años.

Una de las denuncias constitucionales contra el ex presidente Alan García es un claro ejemplo. La acusación por el caso de los ‘narcoindultos’ proveniente de la investigación realizada por la denominada megacomisión ingresó a la subcomisión el 1 de julio del 2014 y, hasta la fecha, el grupo parlamentario no ha presentado el informe de calificación que debe remitirse a la Comisión Permanente para continuar con los trámites y decidir, de ser el caso, si la acusación constitucional es elevada al pleno.

Otra denuncia no tramitada es la relacionada con la venta del aeródromo de Collique, que incluye al ex primer ministro Jorge del Castillo. La acusación ingresó a la subcomisión en julio del 2013 y aunque en este caso sí se emitió un informe de calificación, la subcomisión nunca votó su procedencia.

El Partido Aprista no es el único que acumula denuncias. Cinco congresistas fujimoristas fueron denunciados en abril del presente año luego de que El Comercio revelara que viajaban a realizar proselitismo partidario en provincias con pasajes pagados por el Parlamento.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de El Comercio. 

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