El Congreso de la República evaluó este viernes 11 de octubre la modificatoria a la Ley N° 32108, ley sobre crimen organizado, y el dictamen que tipifica el delito de terrorismo urbano, en medio de una ola de extorsiones que golpea al país. Sin embargo, no se llegó a consenso respecto a ambos temas.
Pleno se inició a las 2:00 p.m. y menos de 100 congresistas registraron asistencia. Sin embargo, tras más de cuatro horas, la sesión se tuvo que suspender ante la falta de consenso en todas las fórmulas planteadas.
La sesión se volvió a retomar minutos antes de las 9:30 p.m., pero tampoco se llegó a acuerdos, en una sesión con varios incidentes, cruces de palabras entre los grupos parlamentarios y pedidos de cuarto intermedio por parte del presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita.
Al final, la sesión tuvo que ser levantada cerca de la medianoche “no habiendo las condiciones para debatir con responsabilidad”, según indicó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
A pesar de las varias horas que duró el debate, solo se aprobó la fórmula que propone sancionar a jueces y fiscales que liberen a delincuentes detenidos en flagrancia. Sin embargo, solo fue en primera votación.
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En la víspera, antes de levantar la sesión el jueves por la noche, el titular del Poder Legislativo había dado a conocer los acuerdos aprobados por la Junta de Portavoces.
Se acordó priorizar en la agenda del pleno el dictamen de la Comisión de Justicia sobre diversos proyectos de ley vinculados a terrorismo urbano.
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Asimismo, se exoneró de dictamen de publicación y se incluyó en la agenda priorizada los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley N° 32108, vinculado a crimen organizado.
Del mismo modo, se exoneró de dictamen de publicación y su inclusión en la agenda los proyectos referidos a la posibilidad de sancionar a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia delictiva.
“Los temas acordados son los siguientes. Primero, está en agenda el dictamen de la Comisión de Justicia sobre diversos proyectos de ley vinculados a terrorismo urbano”, indicó Salhuana.
“Luego, se ha exonerado de dictamen de publicación y su inclusión en la agenda priorizada del proyecto de ley 8507 y 8959. Ambos están referidos a la posibilidad de sancionar a jueces y fiscales que liberen a sujetos activos del delito que han sido detenidos en flagrancia delictiva”, agregó.
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También se acordó emitir un comunicado del Congreso de la República en relación a las atribuciones, funciones y responsabilidades que tiene cada entidad del Estado en torno a la lucha contra la delincuencia.
Finalmente, Eduardo Salhuana exhortó a los parlamentarios a realizar las evaluaciones del caso -con sus asesores- de los proyectos de los tres temas en la agenda del pleno, a fin de remitir las “propuestas pertinentes” que ayuden a combatir realmente la delincuencia e inseguridad ciudadana.
