¿Debió el PJ emitir fallo sobre informes de la megacomisión?

El Quinto Juzgado Constitucional anuló el pasado 31 de marzo las declaraciones del ex presidente Alan García en la última citación que le hiciera el grupo investigador del Congreso, liderado por Sergio Tejada.

Según los abogados del ex mandatario, Wilber Medina y Genaro Vélez, la llamada megacomisión no cumplió con subsanar las observaciones hechas anteriormente y, por ende, violaron los derechos a la defensa de su patrocinado.

Mientras los juristas pidieron se anule el trabajo del grupo investigador, ex miembros de la desactivada megacomisión –Enrique Wong (Solidaridad Nacional), Carlos Tubino (Fuerza Popular) y Juan Pari (Gana Perú)– evaluaron apelar a la sentencia.

Sobre ello, el ex presidente dicho grupo parlamentario, Sergio Tejada y el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, debatieron posturas:

La decisión del juez Hugo Velásquez ha sido ratificada por una sala constitucional. La citación del 4 de octubre que le hicieron a Alan García estaba mal hecha, porque no se explicó cuál era la materia de investigación, y tampoco bajo qué supuestos jurídicos. Por ende, no se pudo articular su legítima defensa; se violó el debido proceso. Si bien es cierto que el procurador del Congreso apela a la decisión del juez, un día después, el procurador desiste, ¿por qué? Esa indecisión hizo que se declarara nulo todo lo posterior.

¿Cómo pueden acusar a una persona sin haberlo escuchado, habiéndose declarado nula la segunda citación? Al ex presidente Alan García se le imputa responsabilidad política y penal en cuatro de los ocho informes de la megacomisión. En agosto del año pasado, el señor Humala y su esposa, en medio de la hipótesis de reelección conyugal, articulan este grupo de trabajo en la que por primera vez en la historia del país el gobierno tiene la mayoría en una comisión que investiga al gobierno anterior. Así, ellos no solo han recopilado información, sino que ya mostraron una opinión clara, la de denunciar a García Pérez, opinión que sale por mayoría con el voto de Carmen Omonte. ¡Ni nosotros en el segundo gobierno aprista presidimos una investigación así sobre gobierno de Toledo!

Por un lado, se ha querido sugerir que hubo un decreto constitucional que montó una red de delictiva. Sin embargo, al amparo del mencionado decreto de urgencia 004-2009, este gobierno nacionalista ha creado 211 colegios entre los años 2011 y 2012. Se gastaron 680 millones de soles. ¿Por qué no denunciamos constitucionalmente a la ex ministra de Educación, Patricia Salas y al propio presidente Humala? Tejada confunde que un presidente tenga la atribución de dictar normas y cuyo control político lo hace el tanto el Congreso –que no observó el mencionado decreto pese a que en ese momento estaba presidido por el nacionalista Daniel Abugatás– como por el Tribunal Constitucional, que no lo declaró inconstitucional.

Por otro, los miembros de la megacomisión han tenido la incompetencia de reproducir en los informes de BTR los alegatos textuales que los abogados de los sentenciados Ponce Feijoo y Gianotti emitieron en el juicio contra el ex presidente García. ¡Ni siquiera se han dado el trabajo de cambiarlo! ¿Cómo pueden validar el argumento de un delincuente? ¡Se han coludido con los chuponeadores de BTR!

Lo que yo quiero saber es en qué se han gastado los miembros de la megacomisión esos 12 millones, en qué tipo de asesores que ni siquiera son constitucionalistas. La justicia ordinaria ha determinado que todo lo que tiene que ver con Alan García después del 8 de marzo del 2013, queda anulado. El resto, los 6 informes, quedan vigentes y serán debatidos en el pleno del Congreso. Pero lo que no se puede hacer es perseguir políticamente de por vida a una persona.

EN CONTRA

Sergio Tejada / Partido Nacionalista

"No, lo que ocurre es que hay intocables"

El trabajo que realizó la megacomisión fue una labor muy por encima de los estándares mínimos. Por ejemplo, las citaciones explicaban detalladamente cuál era el objeto de la investigación, pues se permitió que García asista con su abogado a una comisión investigadora, y además, se recogió no solo información formal, sino también declaraciones. Como comisión hemos actuado bien, mejor que cualquier labor de comisiones del hemiciclo pasado. El juez y el fallo han entorpecido nuestra labor. ¡Ha habido intromisión en el fuero parlamentario de una manera grave!. ¡Lo que ocurre es que hay intocables!

Llama la atención que, en la sentencia, el juez Hugo Velásquez se refiera a Alan García como 'nuestro patrocinado'. Este tipo de detalles muestran que hay una intencionalidad política en resoluciones judiciales, pero de ninguna manera ha habido orientación política alguna desde la megacomisión. García, en declaraciones a la prensa del 3 de abril, luego de salir de la segunda citación cuando lo investigábamos por los narcoindultos, se inventó el tema de la reelección conyugal. Esa argumentación política de victimizarse y decir que quieren vetarlo para las elecciones del 2016 es una táctica clara para no afrontar investigaciones judiciales mayores.

No puede ser posible que un juez quiera tumbarse los informes. Yo quiero que se profundicen las investigaciones, por eso voy pasando a la procuraduría anticorrupción uno a uno de los casos. El mencionado decreto de urgencia fue usado al principio del gobierno de Humala porque no se sabía de todas las irregularidades que habían existido en la construcción de los colegios emblemáticos. Una vez que tuvimos conocimiento certero, la ministra Salas fue informada y por eso en el presupuesto del 2013 se deroga dicho decreto.

En el cuestionado fallo, además, se menciona que la megacomisión está plenamente facultada para investigar temas como BTR y Petroaudios. Yo he ido a la cárcel para tomar las declaraciones a Ponce Feijoo y a Gianotti, a pedirles testimonios, pues es lo propio en una investigación. No me he reunido con nadie de manera ilegal. Desde luego, son citas textuales, y por tanto no se pueden cambiar ni una palabra. Es posible que se montara una organización delictiva para ocultar el tema de los Petroaudios, ¡el cual recién luego de 6 años está iniciando el juicio oral! Lo que hemos investigado es por qué Petroaudios se sacó a un lado, y porque BTR fue juzgado rápidamente y de manera negligente, pese a la pérdida de los USBs.

En algunos casos, sí existe presunción de delito cometido por parte de García Pérez. Por ejemplo, Espinoza Rosales estaba a punto de ser sentenciado por actos de corrupción en gestiones luego del sismo del sur. Sin embargo, a él se le indultó pese a que no tenía una enfermedad terminal, ni 65 años, y las condiciones carcelarias no agravaban su salud. Había un conjunto de hechos que daban a entender un posible encubrimiento de su persona.

Son 3 millones 88 mil soles que se ha gastado, no 12 millones como alude Javier Velásquez, pese a que él ha visto los informes económicos. No podemos querer hacer política en base a las mentiras. Luego de los trabajos, se concluyeron que por indicios razonables se podía sugerir hacer denuncias por infracción constitucional. Pero las conclusiones de una comisión investigadoras no son vinculantes, no se obliga al Poder Judicial a iniciar una investigación, no se obliga al Congreso a formular denuncias. Exhorto a que se debata en el pleno los ocho informes que no fueron objetados por el Poder Judicial. Mi bancada, con sus votos, no puede inhabilitar a nadie. Hay una serie de posibilidades; por ejemplo, la subcomisión puede levantar la inmunidad y es posible que el tema pase al poder judicial, o pueden pedir otros tipos de sanción política.