La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), pasó a un “cuarto intermedio” (pausa para mayor análisis) el debate del predictamen que recomienda no otorgar facultades legislativas al Gobierno. Esto luego de anunciarse la presentación de tres textos sustitutorios.
Según la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, se trata de las propuestas de texto sustitutorio de Renovación Popular con 10 materias para la delegación de facultades; Obras con cinco materias; y del Partido del Buen Gobierno con dos materias.
“Tenemos propuestas diversas y tenemos llegar a un acuerdo. Vamos a pasar a un cuarto intermedio para ver que fórmula adoptar”, detalló Avendaño, presidenta del grupo de trabajo.
En el debate del lunes, levantó la sesión cuando apenas se pudo debatir el tema de seguridad ciudadana que es una de las ocho materias formuladas por el Ejecutivo.
En la sesión, la diputada Avendaño, titular del grupo de trabajo, declaró que las materias son generales e inconsistentes y con falta de precisión.
En el documento del predictamen resalta lo siguiente: “Se aprecia que un alto porcentaje de las materias y submaterias que se solicitan pueden ser reguladas con normas del Ejecutivo”.
Fernando García, de Buen Gobierno, y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, protagonizan un intercambio de palabras a raíz de la advertencia de que al Ejecutivo “se le está acabando la paciencia” por retraso de las facultades.
El debate del dictamen negativo se da un mes después de que el gobierno de Keiko Fujimori solicitara facultades especiales para legislar, por un plazo de 120 días calendario sobre 66 puntos. Justamente desde Fuerza Popular se ha criticado duramente que se plantee rechazar todo el pedido y se adelantó que se elaborará un dictamen en minoría.
En tanto, desde el Ejecutivo, el primer ministro, Luis Galarreta, pidió a los diputados “recapacitar” y a los aliados “dar la batalla política” para sacar adelante el tema.
La administración Fujimori busca legislar en temas referidos a materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.
El pedido también comprende materias vinculadas al desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.
De igual forma, incluye materias tributarias, aduaneras, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización, modernización del Estado y servicio civil; además de vivienda y saneamiento.
Tal como se informó, el predictamen indica que si bien los pedidos de delegación de facultades formulados por los gobiernos se han repetido en los últimos 25 años, “no necesariamente significa que sus resultados hayan sido favorables para los propósitos de la democracia constitucional”.
“Tampoco puede suponerse que el otorgamiento de estas facultades sea un derecho del Ejecutivo o una obligación del Legislativo. El derecho a plantear una iniciativa de delegación no equivale a que haya un derecho automático a que la delegación sea otorgada”, indica el documento.
