El Hospicio Ruíz Dávila, declarado patrimonio cultural de la Nación, es una de las sedes de Palacio Legislativo en riesgo de deteriorarse severamente tras la ejecución de un contrato que lo pone en peligro, firmado por el Congreso de la República, según denunció “Cuarto Poder”.
Según el dominical, dicho hospicio lleva el galardón de monumento histórico de la Nación desde 1972. Está protegido por la ley y nadie puede poner un solo clavo en su infraestructura sin la autorización del Ministerio de Cultura y sin los procedimientos técnicos adecuados.
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Después de casi dos siglos, el monumento, que yacía en las ruinas, fue restaurado entre el 2010 y 2012 por el Congreso de entonces. Ganó premios por su belleza e historia, los mismos que el actual Parlamento afecta con esta estructura en casi todo el lugar de 2.700 metros cuadrados.
A finales del año pasado, la Mesa Directiva del Parlamento presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) autorizó la contratación del “servicio de impermeabilización de techo Hospicio Ruíz Dávila”. Supuestamente, el fin era protegerlo de las lluvias y filtraciones.
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En abril de este año comenzaron los trabajos que –según todo apunta- ponen en riesgo este monumento del país. El Congreso dice que el material metálico fue de aluminio. Los términos de referencia indican acero galvanizado.
Durante los trabajos, tras una inspección a este monumento protegido por la ley, la Municipalidad de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), le pidió al Congreso que desistiera del proyecto, invocando las normas ediles que debían cumplirse.
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“Dicha instalación de perfiles y cobertura no está permitida, ni es adecuada ya que altera el paisaje urbano arquitectónico de la zona y genera un sobrepeso innecesario en la edificación y no cuenta con autorización municipal”, dice el documento enviado por Prolima.
Sin embargo, el Congreso nunca paralizó nada. Más bien, utilizó todo el peso de una ley que la facultaba prácticamente a intervenir como quiera sobre cualquier patrimonio cultural de la nación, sin importar los riesgos.
El ganador de este cuestionado servicio fue el Consorcio Santos, integrado por la empresa Terrazas y Bungalows y Emma González Huamán. Este edificio en Villa el Salvador, sin ningún distintivo empresarial, es su domicilio legal.
El contrato que suscribió este consorcio no aparece en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Por tanto, no es público cuánto costó todo este armatoste sobre el Hospicio Ruíz Dávila.
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Además, la empresa de Eleazar Chávez, gerente general de Terrazas y Bungalows, tampoco tiene contratos con el Estado. Los hechos ya han sido denunciados por el congresista Héctor Valer ante la fiscalía y el Ministerio de Cultura.
La obra también fue cuestionada por el arquitecto Jorge Antonio Orrego, presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos del Perú y que participó como restaurador y supervisor de la puesta en valor del hospicio en 2010.
Farándula
