El Congreso de la República ha destinado un presupuesto de hasta S/ 42.800 para pagar los abogados a cada legislador investigado por el Ministerio Público, según denunció “Punto Final”.
Según el dominical, en la lista de posibles beneficiados podrían incluirse congresistas investigados por el caso ‘mochasueldos’, como Heidy Juárez (Podemos Perú) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial).
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Hace unas semanas la Mesa Directiva que preside Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) aprobó el presupuesto para cuatro legisladores que vienen siendo investigados por la fiscalía por una serie de delitos que van desde el presunto tráfico de influencias, cohecho pasivo e incluso participación en una organización criminal.
Se trata de los congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre), Luis Cordero Jon Tay (Podemos Perú), Hilda Portero (Acción Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular). El acuerdo que lo dispone se basa en una norma que no es para congresistas.
Portalatino es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de negociación incompatible por la contratación de Rommy Vásquez Yáñez en el Ministerio de Salud y en el Legislativo.
“La verdad desconozco los procedimientos administrativos, yo solicito para que me den una defensa porque han mancillado mi honor muchos medios de comunicación y eso se tiene que ejercer una defensa”, aseveró.
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A Patricia Chirinos se le investiga por las coordinaciones que habría realizado con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los magistrados que supuestamente favorecieron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La legisladora de Renovación Popular también es investigada por el delito de peculado doloso al presuntamente haber utilizado boletos aéreos pagados por el Parlamento para viajar a Trujillo y participar en la celebración del cumpleaños de Diego Bazán.
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“La verdad no sé cuántas UIT son. Creo que es hasta 40 mil soles. Bueno, creo que sí las estoy utilizando, pero no son para mí, eso va directamente al abogado”, alegó Chirinos Venegas.
En tanto, a Luis Cordero Jon Tay se le imputan los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio por su presunta participación en una organización criminal liderada por Patricia Benavides.
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“Es un presupuesto que se devuelve cuando o sea, si es que no somos culpables, es un compromiso que se tiene que devolver al erario nacional”, acotó el exintegrante de Fuerza Popular.
A Hilda Portero la fiscalía la acusa de haber sido parte del grupo “Los Niños”, que habrían hecho tratos con el expresidente Pedro Castillo para favorecerse con licitaciones de obras a cambio de que voten en contra de las vacancias.
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La parlamentaria de Acción Popular también fue acusada por ocho trabajadores de pedirles “donar” sillas de ruedas para su programa social, pese que el reglamento del Congreso lo prohíbe.
Con la anterior Mesa Directiva, cuando se inauguró este procedimiento, los favorecidos fueron Alejandro Soto y Luis Kamiche (Alianza para el Progreso), además de César Revilla (Fuerza Popular).
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Al respecto, los abogados constitucionalistas Miguel Ángel Ferreyra, Alejandro Rospigliosi y Franco García Lazo denunciaron que el Congreso viene usando lineamientos de la Ley Servir, que es para aquellos funcionarios que ejecutan y firman contrataciones, y no para los que legislan, fiscalizan y representan.
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