Congreso apunta a publicar “lo más rápido posible” ley que restablece detención preliminar: ¿qué falta tras la aprobación del pleno?

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, indicó que por tratarse de la insistencia de una ley observada por el Ejecutivo, le corresponde al propio Poder Legislativo promulgar la ley. “Espero que lo hagamos hoy (este viernes), dada la urgencia y la necesidad de contar con una herramienta contra la delincuencia”, declaró a la prensa en el Congreso.

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“Ya he dispuesto que en la Oficialía Mayor trabajen lo más rápido posible para tenerla el día de hoy, remitirla al Ejecutivo y luego al diario oficial El Peruano”. El gobierno de Dina Boluarte ya no puede osbervar la norma como lo hizo previamente y solo le correspondería asignarle un número a la ley. Más allá de eso, solo podría promover una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes de El Comercio comentaron que luego de la aprobación en el pleno del último jueves, la autógrafa debe ser enviada a la Comisión de Justicia para que este dé un último visto bueno. Luego, se deriva a la primera vicepresidenta, Patricia Juárez, para su firma y, finalmente, al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para la suya.

Por la mañana de este viernes, indicaron, el tema ya había sido enviado a la Comisión de Justicia. Por la tarde, Salhuana informó que ya había firmado la autógrafa de ley y que la misma había sido “enviada a Palacio [de Gobierno] para su promulgación”.

El texto –que contiene también la rúbrica de la primera vicepresidenta, Patricia Juárez– fue remitido desde el Legislativo al Despacho Presidencial a las 3:26 p.m.

Las fuentes agregaron, en línea con lo declarado por Eduardo Salhuana, que dentro del Parlamento estaba “agilizando todo con la intención que salga este viernes”. “El Congreso envía la ley al diario El Peruano, pero ellos ya deciden su publicación”, agregaron sobre la posibilidad de que la norma salga en una edición extraordinaria el mismo viernes o si sería el sábado.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, especialista de temas parlamentarios, dijo a El Comercio que, en efecto, es deber del secretario técnico de la Comisión de Justicia elaborar la autógrafa de la ley, que debe ser suscrita por él y por el titular de ese grupo de trabajo. A su criterio, si no hay celeridad a nivel parlamentario, la ley recién saldría el lunes.

Rospigliosi comentó que si el presidente de la comisión está a favor de la ley, es probable que este trámite sea rápido; pero que si están en contra, es posible que demore. El grupo es presidido por Isaac Mita, de Perú Libre, bancada que se opuso en el pleno a la restitución de la detención preliminar y a la posterior insistencia.

Una vez superada esa fase, indicó que la autógrafa es elevada a la Oficialía Mayor, donde el Departamento de Relatoria verifica que el texto elaborado es el mismo que el debatido y aprobado en el pleno. “Después de eso, recién va al despacho del presidente del Congreso y el primer vicepresidente”, indicó.

Una vez que la autógrafa sale del Congreso, es enviada a Palacio de Gobierno solo para que este le asigna un número a la ley previa a su publicación en El Peruano. El especialista consideró que si el Ejecutivo, que está en contra de esta ley, demora o dilata ese paso, podría incurrir en una infracción constitucional o un delito.

“En la práctica parlamentaria, cuando el Ejecutivo está en contra de una autógrafa y ya no la puede observar, lo demora. Para poner el número a una ley no puedes demorar semanas. Eso es mala fe”, comentó. “Habría una infracción constitucional y un delito penal si se atreven a demorarlo. Desde que sala la autógrafa del Congreso a Palacio, no tiene por qué demorar horas en poner un número”.

Mientras todo ello no ocurra, los operadores judiciales siguen con las manos atadas respecto a estas medidas.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que mientras la ley no sea promulgada, ni la fiscalía puede solicitar una detención preliminar ni el Poder Judicial sigue sin poder dictar la respectiva orden, por más que ya hay una aprobación a nivel del pleno del Congreso. La vigencia aplica, detalló, “desde el día siguiente de la publicación de la ley en El Peruano”.

“El fiscal, necesariamente, tiene que solicitar la detención preliminar cuando la ley esté vigente. Si no, el juez sería cuestionado al momento de resolver. Rige el principio de legalidad: los pedidos tiene que ser realizado con base en un amparo legal, que significa una ley vigente”, comentó.

La restitución en cuestión fue inicialmente aprobada en diciembre pasado, luego de la polémica que desató la decisión de eliminar la detención preliminar y las críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos. El cambio le quitó a la policía y la fiscalía una herramienta judicial para enfrentar el crimen, en un contexto de creciendo inseguridad ciudadana.

La eliminación de la detención preliminar a través de la Ley 32181 había sido gestada por Perú Libre de forma ‘camuflada’ dentro de otro proyecto de ley y varios de los que la aprobaron alegaron luego de la polémica que no habían advertido, ese extremo de la propuestas. En otras palabras, votaron sin saber lo que votaban.

Ante las críticas, tres proyectos de ley de los congresistas Ruth Luque, Maricarmen Alva y Alejandro Muñante, fueron acumulados en un dictamen que restablecía la detención preliminar. Ests fue aprobado por el pleno en la madrugada del 14 de diciembre, en el cierre de la legislatura.

Lejos de darle celeridad a la promulgación de la norma, el gobierno de Dina Boluarte optó por observar la restitución de la detención preliminar. Previamente, habían publicada sin observaciones la norma que eliminó la figura, que la fiscalía intentó aplicar al vocero presidencial, Fredy Hinojosa, por el Caso Qali Warma.

Las observaciones del Ejecutivo planteaban varias modificaciones a la figura de la detención preliminar. Entre estas estaba restringirla a una lista de diez delitos, donde se dejaban fuera los de corrupción de funcionarios.

Pese a las maniobras de Perú Libre, la Comisión de Justicia no acogió las observaciones y dio luz verde la insistencia de la ley en febrero pasado. Si bien algunos legisladores impulsaron desde entonces la convocatoria de una sesión extraordinaria del pleno para aprobar el tema a esa nivel, se tuvo que esperar un mes hasta el inicio de la actual legislatura.

El último martes, según conoció El Comercio, la Junta de Portavoces no le dio prioridad al tema de cara a la primera sesión del pleno de la legislatura. Ello se corroboró al día siguiente con la publicación de la agenda para ese día, donde no aparecía la insistencia.

El mismo miércoles, Eduardo Salhuana indicó que, “cumpliendo el compromiso con el país”, había autorizado un acta virtual para que el tema pueda ingrese de todas formas en la agenda. Sin embargo, ello requería la firma de los voceros de las bancadas. Estas recién se juntaron el mismo jueves y la ley puedo ser aprobada en el pleno ese día por la noche.

Ante las críticas por la demora para darle la última aprobación a esta insitencia, el titular del Legislativo las atribuyó a los voceros de las bancadas. “El presidente del Congreso no es el que decide qué proyecto de ley ingresa al debate”, dijo este viernes.

“Quienes solicitan en la Junta de Portavoces, quienes priorizan los proyectos de ley son los portavoces y nadie lo solicitó, incluido las y los congresistas que ayer (durante el pleno) intervinieron señalando que el presidente se comprometió y no está cumpliendo”, sostuvo.