

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que elaboró por el caso “Cofre” e incluyó entre sus recomendaciones que el Congreso de la República evalúe la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral al determinar que hay un “quiebre moral” y una “clara incapacidad” de que siga en el cargo.
El informe fue aprobado con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
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Votaron a favor Juan Burgos, de Podemos Perú, presidente de la comisión y quien defendió las conclusiones y recomendaciones del mismo en la sesión.
Lo respaldaron Héctor Acuña (Honor y Democracia), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Ariana Orué (Podemos Perú), Margot Palacios (no agrupada), Hilda Portero (Acción Popular) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular).
El texto que fue leído durante el debate mencionó que, a lo largo de las indagaciones que realizaron, habrían advertido por parte de Boluarte una “actitud soberbia y autoritaria” al usar bienes del Estado indiscriminadamente como si fueran propios.
Adicionalmente, que la mandataria incurrió en “múltiples faltas a la verdad” lo que consideran que refleja una conducta “reiterada, dolosa y encubridora”, faltando así a su obligación de transparencia ante la Nación.
“El cúmulo de estas mentiras, sumado a los presuntos actos de corrupción, represión desmedida y ocultamiento de la verdad configuraría una clara situación de incapacidad moral permanente”, señala el informe, que también advierte que hay un “quiebre moral en el ejercicio presidencial” y una “clara incapacidad de la mandataria” para seguir ocupando el cargo.
Por estos argumentos, el informe de la Comisión de Fiscalización no solo recomienda a la Fiscalía de la Nación iniciar investigaciones por presunto peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes o actos funcionales o encubrimiento personal; sino que la Mesa Directiva del Legislativo también proceda conforme reglamento.
En esa línea, incluyen como recomendación final que el Congreso “actúe con firmeza, responsabilidad y el orden constitucional”, y proceda a evaluar si todo los hechos sirven para determinar si es jurídicamente procedente y políticamente legítimo declarar la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.
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