El entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, había presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. (Foto: Presidencia)
El entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, había presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. (Foto: Presidencia)
/ Ricardo Cuba

La Comisión Permanente del verá este jueves 11 de setiembre el informe final que archiva la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

La denuncia también incluía al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y a los exministros Alberto Otárola (Defensa y PCM), César Cervantes Cárdenas (Interior), Jorge Chávez Cresta (Defensa), Víctor Rojas Herrera (Interior) y Vicente Romero Fernández (Interior).

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Todos ellos habían sido denunciados por los presuntos delitos de omisión impropia, con dolo eventual, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, contenidos en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.

El informe recomienda archivar la Denuncia Constitucional 509, formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, al no haberse acreditado una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal en sede parlamentaria.

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Los hechos se vinculan a las manifestaciones ocurridas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022 -cuando Boluarte asumió el cargo- y el 9 de febrero del 2023, respectivamente.

Según señaló el Ministerio Público en su denuncia, en ese período se registraron 44 personas fallecidas, así como 47 personas con lesiones graves y 69 con lesiones leves.

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En el informe se afirma que “no se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real”.

“No hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender”, se indicó en el documento.

Otros informes

Cabe indicar que la Comisión Permanente también tiene en agenda otros informes que recomiendan archivar diversas denuncias constitucionales presentadas contra exaltos funcionarios del Estado.

Se trata de los exministros Alfonso Chávarry (Interior), denunciado por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo público; Dimitri Senmache (Interior), acusado de presunta infracción al artículo 39 de la Constitución; y Óscar Ubillúz (Salud), por presunta infracción a los artículos 9 y 38 de la Carta Magna.

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Asimismo, contra María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, y por presunta infracción del artículo 39 de la Constitución Política; y Jorge López Peña (Salud), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.

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