El gobierno de Dina Boluarte observaría la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció el viernes que su sector ha presentado objeciones a la norma.
“Quiero adelantar que el Ministerio del Interior, o la oficina técnica del Ministerio del Interior, ha procedido a efectuar objeciones al marco de la norma”, manifestó.
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Aseguró que estas son de carácter técnico. “No se puede pretender avalar, por ejemplo, una detención preliminar por un delito sancionado con cuatro años cuando la ley penal dice que la prisión es a partir de los cinco. Eso es ilegal”, explicó.
El plazo para observar o promulgar la ley vencerá el martes 14, cuando se cumplan 15 días hábiles desde que el Congreso la remitió.
La demora en observar o promulgar la norma ya tuvo consecuencias: en diciembre pasado, 10 investigados por pertenecer a la presunta organización criminal Las Hienas Verdes fueron liberados bajo la disposición legal vigente, a pesar de estar acusados de delitos como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y otros.
Ese mismo mes, el Poder Judicial rechazó una solicitud de detención contra Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector de Qali Warma. La decisión se basó también en la ley vigente, que el Congreso enmendó el pasado 14 de diciembre, pero sobre la cual el Ejecutivo aún no se pronuncia.
Si hasta el martes 14 el gobierno de Boluarte no toma ninguna acción, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quedará facultado para promulgar la norma. En este caso, la firmará y ordenará su publicación en el diario “El Peruano”.
Pero si se concretan las observaciones anunciadas por Santiváñez, se abrirán tres posibilidades en el Congreso para que la ley sea aprobada.
La primera es que se acepten las observaciones; es decir, que el Parlamento se allane; la segunda, que las rechace y apruebe la norma por insistencia; y la tercera, que se elabore un nuevo proyecto que incorpore nuevas normas o disposiciones.
No obstante, el Congreso se encuentra en receso hasta marzo; es decir, no está en su período regular de sesiones. Solo la Comisión Permanente está en funciones, con facultades delegadas.
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Opciones
Escenarios frente a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia
Si el Ejecutivo la observa, la autógrafa de ley retornará a la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el legislador Isaac Mita Alanoca (Perú Libre). Esto porque las observaciones se tramitan como cualquier propuesta de ley y se adjuntan al expediente original de la autógrafa observada.
El exoficial Mayor José Cevasco explicó que el presidente de la Comisión de Justicia puede convocar a una sesión extraordinaria durante el receso parlamentario. De lo contrario, podría esperar hasta marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
En tanto, el exoficial Mayor César Delgado-Guembes precisó que el Congreso no tiene un plazo establecido para resolver las observaciones.
La Comisión de Justicia evaluaría las observaciones y emitiría un dictamen de allanamiento o de insistencia.
No obstante, hay discrepancias entre especialistas consultados por El Comercio sobre lo que pasará después de que la Comisión de Justicia se pronuncie.
En opinión de Delgado Guembes, solo el pleno del Congreso está autorizado para pronunciarse respecto al dictamen de la Comisión de Justicia. Y en ese escenario hay dos opciones: que se convoque a una sesión extraordinaria del pleno o que se espere hasta marzo.
“De acuerdo a la sana tradición histórica de nuestra república, solo el pleno debiera resolver, sin dispensa de las comisiones que dictaminaron la materia”, dijo en diálogo con El Comercio.
Para que se convoque a una sesión extraordinaria se requiere que al menos las tres quintas partes de los congresistas lo soliciten por escrito; es decir, por lo menos 78 legisladores respalden la medida.
Con la solicitud, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tendrá que convocar al pleno en un plazo no mayor a 15 días. En su defecto, la convocatoria sería realizada por uno de los vicepresidentes del Congreso, en orden, o el oficial Mayor, en último caso.
No obstante, Cevasco y el especialista en asuntos parlamentarios Carlos Maguiña consideran posible que la Comisión Permanente resuelva el tema si es que la opción elegida es allanarse a las observaciones que realizaría el gobierno.
“En el supuesto de allanamiento lo puede ver la Comisión Permanente. Esto en la medida que los allanamientos no requieren una votación calificada, a diferencia de la insistencia, que sí requiere de la mitad más uno del número legal de congresistas”, dijo Maguiña.
Cevasco añadió que si el gobierno presenta solo observaciones semánticas, el Congreso podría ir por el allanamiento, pero si son sustanciales, la Comisión de Justicia tendría que revisarlas a profundidad.
Recientemente, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se refirió a “excesos en las detenciones preliminares” y expresó su preocupación por su uso potencial para la persecución política. Por su parte, Adrianzén señaló que vienen recogiendo las opiniones de diversos sectores del gobierno.
En tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha cuestionado la demora del Ejecutivo en la promulgación de la ley, mientras que la Defensoría del Pueblo ha insistido en que la norma se restituya.
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Con celeridad
También existe la opción de que algún congresista solicite que el tema se exonere del dictamen de la Comisión de Justicia y pase directamente al pleno del Congreso.
Cevasco señaló que el propio presidente de la citada comisión, Isaac Mita, podría tomar la iniciativa de pedir que se vaya directamente a la segunda instancia.
La Junta de Portavoces del Congreso tendría que aprobar la exoneración. Y si ello ocurre, nuevamente se presenta el escenario descrito por Cevasco: el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo sería evaluado por la Comisión Permanente.
Maguiña agrega dos escenarios más. El primero, que una vez recibida la autógrafa observada, se dispense de dictamen para que la Comisión Permanente lo debata. Y como consecuencia del debate, surge un nuevo proyecto. El segundo, que una vez recibida la autógrafa observada, sea la Comisión de Justicia la que se reúna en sesión extraordinaria y apruebe un nuevo proyecto.
Si se opta por el camino de la la insistencia, este sí requerirá una sesión extraordinaria del pleno o esperar hasta marzo.
