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Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes el informe final que recomienda archivar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado Caso Rolex.
El documento, al que accedió El Comercio, fue elaborado y sustentado por la congresista Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular), en su calidad de delegada del caso.
En su informe, la legisladora fujimorista rechaza la denuncia por presunto delito de cohecho pasivo impropio, formulada por el Ministerio Público, que acusa a Boluarte de haber recibido relojes de alta gama y otras joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Chacón argumenta que la presidenta solo puede ser acusada durante su mandato en los supuestos expresamente contemplados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o no convocar a elecciones en los plazos establecidos. En esa línea, sostiene que formular una acusación fuera de estos supuestos vulneraría el principio de legalidad y constituiría una infracción constitucional.
Incluso propone que el Congreso evalúe si la propia Fiscalía de la Nación ha vulnerado la Constitución al presentar la denuncia.
“La presentación o el no desistimiento oportuno de una denuncia constitucional contraria al artículo 117 constituye una vulneración de los preceptos establecidos en la Constitución”, afirmó en su informe.
La legisladora fujimorista agregó que la denuncia de la Fiscalía de la Nación respondería a fines políticos.
“La utilización de las competencias del Ministerio Público con fines políticos contraviene su función de legalidad y objetividad, tal como lo establecen el artículo 158 de la Constitución y su Ley Orgánica”, aseveró.
La votación del informe se realizará en la sesión de la subcomisión de este viernes, según consignó ese grupo en su agenda.
La subcomisión es presidida por la congresista María Acuña, cuya bancada, Alianza para el Progreso, ha brindado respaldo político a Boluarte.
Contradicción
El respaldo de Chacón a la tesis de que no se puede denunciar a un presidente durante su mandato es cuestionable, especialmente por un antecedente en un caso similar.
En junio de 2023, la legisladora fujimorista votó a favor de inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por no investigar al entonces presidente Pedro Castillo.
Con el voto de Chacón y otros 70 congresistas, el Pleno del Congreso sancionó a Ávalos con una inhabilitación de cinco años para ejercer la función pública. En aquel momento, se cuestionó que Ávalos suspendiera las investigaciones contra Castillo por los casos Puente Tarata y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas hasta que concluyera su mandato.
Durante su defensa, Ávalos señaló que se había limitado a cumplir el artículo 117 de la Constitución y recordó que todos sus antecesores archivaron denuncias contra presidentes en ejercicio. Solo sus sucesores, Pablo Sánchez y Patricia Benavides, adoptaron una interpretación distinta que permitió denunciar a Castillo en funciones.
A pesar de eso, el Congreso acusó a Ávalos por el presunto delito de omisión de actos funcionales.
Para los constitucionalistas Erick Urbina y Heber Joel Campos, la nueva postura de Chacón representa una contradicción evidente.
“El Congreso no puede decir: ‘En este caso sí y en este caso no, porque me cae bien o me cae mal’. Tiene que ser coherente y utilizar el mismo criterio”, afirmó Urbina.
El constitucionalista destacó que “es comparable” la postura que adoptó Chacón contra Ávalos con la que ahora tiene ante la Fiscalía de la Nación.
Precisó que si la Fiscalía de la Nación investiga y encuentra indicios suficientes para formular una denuncia constitucional, pero finalmente no lo hace, estaría incurriendo en una falta a su función.
Hasta el cierre de esta edición, El Comercio intentó sin éxito obtener una respuesta de Chacón sobre su cambio de postura.
La legisladora informó, mediante su despacho, que sustentará su informe ante la subcomisión este viernes y luego respondería a la prensa.
La denuncia y sus fundamentos
En mayo de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó la denuncia constitucional contra Boluarte. La acusó de haber recibido de Oscorima, “en calidad de donación”, tres relojes Rolex valorizados en US$ 18.250 , US$ 26.215 y US$ 20.217, además de un par de aretes de oro con diamantes (US$ 5.512) y una pulsera Bangle con 94 brillantes (US$ 9.900).
Según la Fiscalía, los obsequios habrían sido entregados a cambio de “actos propios de su cargo como presidenta de la República”. Se presentaron 33 elementos de convicción, incluido el testimonio de Carmen Giordano Velásquez, amiga de la mandataria, quien aseguró haber presenciado la intención de Oscorima de regalarle al menos un Rolex.
Para Urbina, la denuncia que formuló la Fiscalía de la Nación está bien sustentada. “Efectivamente, merece que se acuse constitucionalmente a la presidenta de la República después de que culmine su mandato”, dijo.
En su opinión, archivar la denuncia sería un grave error que “no solo afecta la justicia, sino que crea un precedente nefasto”.
En la misma línea, Campos consideró que lo correcto sería suspender el trámite de la denuncia hasta que Boluarte termine su mandato.
Ambos constitucionalistas coinciden en que la Fiscalía actuó conforme a sus competencias. “A mi juicio, si la denuncian por eso, quien incurriría en infracción constitucional sería el Congreso, por vulnerar la autonomía del Ministerio Público”, advirtió Urbina.
Campos recordó que la Constitución impide acusar a un presidente en funciones, pero no formular una denuncia constitucional.
“Son dos cosas distintas. La limitación es para el Congreso, que acusa, pero no para la Fiscalía, que solo denuncia. De ahí que la Corte Suprema haya establecido que sí es posible investigar a un presidente en funciones, pero no acusarlo constitucionalmente”, señaló en diálogo con El Comercio.
Finalmente, Campos advirtió que el Parlamento podría incurrir en otra contradicción si denuncia a la Fiscalía de la Nación por este caso. Recordó que el Parlamento tuvo otra postura cuando, en octubre de 2022, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusó constitucionalmente a Pedro Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, también durante su mandato.
La subcomisión sesionará este viernes desde las 9 a.m. en la sala Miguel Grau Seminario, en el Palacio Legislativo. La decisión que adopte deberá notificarla a la Comisión Permanente.
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