Se presentan ocho proyectos para anular aumento de sueldo de Dina Boluarte: ¿Es posible que el Congreso pueda revocar el incremento?

El mismo día en que se publicó el decreto supremo que aprueba el nuevo sueldo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, incrementándolo en un 120% a más de S/35.500, al interior del Congreso se presentaron —al menos— ocho proyectos de ley para derogarlo. Y se alistan más iniciativas y otras medidas.

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De momento, se trata de proyectos de ley promovidos por grupos de izquierda: Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo. En todos ellos, se plantea dejar sin efecto el Decreto Supremo N°136-2025-EF, publicado este viernes en el diario oficial “El Peruano”.

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PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS:

En contrapartida, desde el Ejecutivo se salió a respaldar públicamente el incremento efectuado.

“Conforme a la Constitución, la señora presidenta de la República es la más alta autoridad y tiene la más alta jerarquía dentro de los funcionarios públicos de la nación. En consecuencia, ella no podía seguir estando con un sueldo que no fuera acorde a su jerarquía”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, desde Jauja (Junín).

La similar línea, el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, dijo que solo “se ha sincerado” el sueldo de la mandataria. “Simplemente se ha sincerado una cuestión que ya se venía trabajando desde hace muchos años (...). Hay funcionarios que ganan mucho más de lo que se le ha incrementado a la señora presidenta y tenemos que ir corrigiendo esta situación”, aseveró.

Aunque esto no se comparte necesariamente en el Congreso. La Comisión de Fiscalización del Parlamento aprobó —por unanimidad de los presentes, con 13 votos a favor— adoptar tres medidas. Una de ellas, justamente promover un proyecto de ley multipartidario con el fin de derogar el decreto supremo en cuestión.

Los votos provinieron de las bancadas de Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular, Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

Ningún legislador de Fuerza Popular efectuó su voto, mientras que el representante de Alianza para el Progreso presentó licencia; no hubo accesitarios.

También se aprobó promover la interpelación de Arana y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, respectivamente, luego que no asistieran por este caso al grupo de trabajo. Se enviaron oficios a la comisión indicando que ya tenían actividades programadas. El presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, tampoco acudió.

Además de ambas medidas, también se aprobó cursar un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, a fin de que se convoque a la mandataria al Legislativo “a sustentar técnica, legal y presupuestalmente el incremento de su remuneración mensual”.

Antes de efectuar la votación, el presidente de la comisión, Juan Burgos (Podemos Perú), cuestionó el incremento salarial aprobado. En sus palabras, se trata de “más de 30 sueldos mínimos vitales”, “una cachetada a la pobreza del Perú” y “un decreto supremo con nombre propio”.

“Los trabajadores del sector público no pueden ver incrementados [sus sueldos] ni siquiera en un 0.5%. Sin embargo, la presidenta de la República incrementa su sueldo en un 120%. En un contexto de crisis social, económica y de legitimidad institucional, resulta inaceptable que no se brinden las explicaciones claras”, manifestó Burgos.

Fue el presidente de la comisión quien propuso cursar el oficio a Salhuana a fin de convocar a Boluarte. Por su parte, el congresista Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) planteó presentar el proyecto de ley multipartidario y la interpelación a los ministros que no acudieron. Según dijo, lo ocurrido “es un hecho sumamente grave”.

“Esta medida que se ha traducido en decreto supremo (…) no tiene ningún sustento técnico suficiente y es políticamente impertinente. (...) Después de julio del 2026, se vendrá una avalancha de denuncias, y [Boluarte] quiere asegurar su cédula viva que recibirá este sueldo de por vida en su condición de expresidenta; por ello busca sacar el mayor provecho al cargo”, aseveró Reymundo.

Aunque con matices sobre el fondo, tanto el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, así como los abogados constitucionalistas Heber Joel Campos y Erick Urbina explicaron a El Comercio que el Congreso sí podría derogar el decreto del Ejecutivo.

A opinión de Álvarez, toda esta controversia parte de un concepto “equivocado” de que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Pues en el sector público también se requiere de personal especializado, lo que significa competir con el sector privado.

Ahora bien, más allá de eso, agregó que el incremento en sí mismo “no es incorrecto técnicamente”, pero que se ha dado “en un momento político inadecuado”. “En el último año de mandato, más el bajo porcentaje en las encuestas de opinión, nos permiten asegurar que políticamente no existía espacio para esta medida. Técnicamente es positiva, pero políticamente es absolutamente incorrecta e inoportuna”, remarcó Álvarez.

Agregó que sí podría el Congreso derogar, mediante una ley, el decreto supremo, pero si bien “el elevar el sueldo es un acto de extrema incorreción política, en este momento el derogarlo es un acto populista”. Y precisó que la propuesta de convocar a la mandataria sí “es inviable”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos remarcó que se debe determinar las razones que sirvieron de base para que el Ejecutivo apruebe este incremento. Y que el solo hecho de que la mandataria es una de las peores pagas en la región, como indicaron algunos ministros, “no es una razón de peso”.

“Los sueldos de los funcionarios no se establecen en comparación con la realidad de otros países, sino de nuestra propia realidad. En momentos en que el país atraviesa una crisis política, económica y de seguridad, que afecta, sobre todo, a los sectores más humildes, no se justifica una medida como esta”, aseveró.

Campos destacó que el Congreso podría ejercer sus competencias de control político. “Lo primero que debería hacer es citar al ministro de economía, quien firma el decreto supremo, para que explique las razones de este aumento. Dado que estas razones no son claras (y no parecen ser, en lo absoluto, contundentes), el ministro debe precisar exactamente en qué se basaron para adoptar esta medida. Recién con esa información, el Congreso podría avanzar otras medidas complementarias. Entre ellas, por supuesto, se puede incluir la derogación del decreto”, acotó.

En tanto, el abogado constitucionalista Erick Urbina apuntó que “como es una norma con rango de ley, puede ser modificada o derogada por otra norma” con el mismo rango. “Por lo tanto, el Congreso podría efectivamente aprobar una ley que derogue este decreto”, subrayó. Y agregó que esto podría motivar a efectuar una revisión más macro.

“Todos los órganos o poderes del Estado son autónomos para aprobar sus remuneraciones y esto habría más bien que analizarlo para hacer una regulación a nivel general. También el Parlamento puede mañana aumentarse el sueldo, si quiere, y no pasa nada. O el Poder Judicial o la fiscalía, etcétera. Hay una suerte de vacío que ha permitido que, a lo largo de los años, hayamos tenido presidentes que se han aumentado y otros disminuido el sueldo”, cuestionó.