Los voceros de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Obras en la Cámara de Diputados cuestionaron, aunque con distintos matices, la actuación de la Defensoría del Pueblo, que solicitó información a la Corte Suprema sobre el trámite del recurso de nulidad presentado por el excongresista Guillermo Bermejo contra su condena por afiliación a una organización terrorista.
La portavoz de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que la institución liderada por Josué Gutiérrez debe explicar las razones de su actuación.
“Me preocupa seriamente el rumbo que está tomando la Defensoría del Pueblo. El Defensor no está para hacer política ni para generar dudas sobre su imparcialidad; su mandato constitucional es defender los derechos de todos los ciudadanos y supervisar que las instituciones del Estado cumplan correctamente sus funciones”, señaló en diálogo con El Comercio.
La diputada añadió: “Cuando vemos cuestionamientos por contrataciones, intervenciones en procesos judiciales concretos y declaraciones de contenido político, corresponde exigir explicaciones claras. La Defensoría debe ser una institución que genere confianza, no sospechas de favoritismo o utilización política. El defensor del Pueblo debe recordar que representa y protege a todos los peruanos, no intereses particulares ni posiciones políticas”.
En tanto, la vocera de la bancada de Fuerza Popular, la diputada Cecilia Chacón, señaló a título personal, que “el defensor del pueblo debe preocuparse por todos los derechos de los ciudadanos que crean que han sido vulnerados, sin importar su color político”.
Por su parte, el portavoz de la bancada de Obras, el diputado Víctor Piñán, aseguró que Josué Gutiérrez “ha demostrado un manejo irresponsable de la institución, beneficiando a sus amigos y allegados y dejando de lado sus funciones”.
Los cuestionamientos se producen luego de que El Comercio revelara que la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Corte Suprema solicitando información sobre el trámite de un recurso de nulidad presentado por Bermejo contra la sentencia que le impuso 15 años de prisión.
El 8 de septiembre, el Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Juan José Velásquez Huerta, remitió a la Corte Suprema el Oficio N.° 334-2026-DP/ASCAN-PPPL.
En el documento, la institución solicitó que se le remita un “informe documentado” sobre las acciones realizadas en la atención del Recurso de Nulidad N.° 67-2026, presentado por Bermejo.
La Defensoría pidió información sobre las actuaciones realizadas por la Sala Suprema Penal Transitoria y sobre las circunstancias que habrían generado la demora en la resolución del recurso.
El pedido se produjo después de que Bermejo insistiera ante el Poder Judicial en que su recurso fuera resuelto con celeridad. El 14 de agosto había presentado un nuevo escrito en el que, además, solicitó una entrevista con los magistrados del tribunal.
Sin embargo, la Sala Suprema le había informado que los procesos son atendidos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y en “riguroso orden de ingreso”.
Bermejo cumple actualmente su condena en el penal Ancón I. En octubre del 2025, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria le impuso 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista.
El pedido de información sobre el caso Bermejo no es la primera actuación de la Defensoría, durante la gestión de Josué Gutiérrez, relacionada con procesos judiciales de personajes políticos.
En el 2023, Gutiérrez buscó interponer sus “buenos oficios” ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial para que se revoque el impedimento de salida contra la exprimera dama Nadine Heredia, argumentando razones vinculadas con su derecho a la salud. En esa oportunidad, el tribunal señaló que ninguna autoridad podía interferir en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Gutiérrez fue militante del Partido Nacionalista, fundado por Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Durante su gestión en la Defensoría también se presentó un pedido relacionado con el proceso seguido contra Vladimir Cerrón. En marzo del 2026, la Adjuntía para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana solicitó intervenir como “amicus curiae” en el proceso seguido contra el fundador de Perú Libre.
El juzgado consideró que, por el estado del proceso, la solicitud resultaba incompatible.
La Comisión de Denuncias Constitucionales de la Cámara de Diputados mantiene pendientes dos denuncias contra Josué Gutiérrez.
Una fue presentada por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y otra por la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación. En ambas se solicita la destitución del defensor del Pueblo y su inhabilitación para ejercer función pública.
Las denuncias están relacionadas con declaraciones de Gutiérrez sobre la posibilidad de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, cierre el Congreso. El defensor sostuvo que una eventual decisión de ese tipo contaría con un respaldo ciudadano superior al 80% y que incluso podría elevar la popularidad de la mandataria.
Roxana Rocha precisó a El Comercio que ambas denuncias aun no han sido puestas en conocimiento de la comisión y que están a la espera de lo que proponga ese grupo de trabajo.
