El ministro de Justicia, Eduardo Arana, podría afrontar una moción de censura en el Congreso. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, podría afrontar una moción de censura en el Congreso. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Redacción EC

Los congresistas Norma Yarrow y Diego Bazán, ambos de Renovación Popular, iniciaron la recolección de firmas para presentar una contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, .

Como se recuerda, un informe de la Unidad de Investigación de este Diario, en mayo se cumplirá el plazo de cinco años que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dio para que desde el Ejecutivo se solucione la sobrepoblación en las prisiones del país (más de 94 mil reos).

Ambos legisladores consideran que el titular del Minjusdh no ha cumplido con la sentencia del TC para resolver el hacinamiento en 6 penales del país y las medidas correctivas que deberían realizar los sectores competentes.

“A la fecha no se ha registrado alguna acción de restauración o reorganización del Sistema Penitenciario a corto plazo o a largo plazo, más aún se aprecia que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene generada la transferencia de recursos para el gasto y ejecución de dichos proyectos”, manifestaron.

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Recordaron que la sentencia del TC “es muy precisa” cuando señala expresamente que, de no resolverse el problema del hacinamiento, entonces tendría que procederse a la clausura por parte de la autoridad administrativa.

Detallaron que a la fecha, el mega penal de Ica, lleva cinco años sin avances, mientras su costo se ha incrementado de S/ 269 millones a S/ 743 millones, sin una explicación clara sobre el destino de los fondos, tal como reveló un informe de la Contraloría.

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Asimismo, mencionan que la gestión del Ministerio de Justicia no ha generado acciones concretas en infraestructura en el sistema penitenciario, ni hay un plan ni estratégico, ya sea a corto o largo plazo, para lograr soluciones a esta problemática.

También precisan que el hacinamiento de los centros penitenciarios ha producido que las autoridades “pierdan el control de la población carcelaria”, lo que genera que un porcentaje de las extorsiones y actos criminales se planifiquen desde dichos lugares.

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“La responsabilidad del descalabro penitenciario, así como la falta de infraestructura carcelaria que existe en el país es responsabilidad política directa del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, por lo que esta debe hacerse efectiva mediante la censura ministerial”, enfatizaron.

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