Eduardo Salhuana cierra su gestión entre cuestionamientos y blindajes: este es el balance de su labor

A pocos días de terminar formalmente su gestión, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) se vio envuelto en otro cuestionamiento: Punto final reveló que la Mesa Directiva financió el viaje a Francia de una empresaria amiga suya, María Gosalvez. El parlamentario no solo justificó la decisión, sino atacó a la prensa.

“Es una información maliciosa, que tergiversa los hechos y que evidencia cómo el periodismo puede convertirse en un vil oficio. El apoyo brindado a la ciudadana de Madre de Dios, María Gosalvez, se da no porque sea conocida o amiga del presidente ni de ningún integrante del Congreso, se otorga porque ella recibe un premio internacional de una entidad reconocida con sede en París, Francia, y que reconoce la calidad de un producto natural emblemático de Madre de Dios, como es la castaña, y que genera ingresos para más de 1.500 familias en el departamento”, expresó.

Salhuana deja un Parlamento estancado en su popularidad: desde que cayó a un dígito en el 2022, no ha logrado recuperarse de forma sostenida. En junio pasado, solo el 8% de los peruanos aprobó la gestión del Congreso, y el 88% la rechazó, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Salhuana, abogado de profesión y congresista por Madre de Dios, fue elegido como presidente del Legislativo con el respaldo de una coalición que incluyó a APP, Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre. Sin embargo, su paso por la presidencia es criticado por opacidad en el manejo institucional y desinterés por impulsar la transparencia y la ética parlamentaria, de acuerdo con especialistas consultados por este Diario.

Blindajes y silencios cómplices

La gestión de Salhuana concluye sin resolver las suspensiones de tres congresistas con cuestionamientos éticos.

Aunque la Comisión de Ética aprobó informes que proponen sancionar a María Agüero (Perú Libre), Darwin Espinoza (Podemos) y Raúl Doroteo (Acción Popular), la Mesa Directiva no les dio prioridad, postergando su votación hasta agosto.

En el caso de Agüero, se hallaron evidencias de descuentos del 10% en el sueldo de 14 trabajadores de su despacho. Para Doroteo, la sanción de 120 días se basó en la denuncia de una excolaboradora que afirmó que el congresista le exigía la mitad de su salario.

Espinoza, por su parte, fue señalado por usar recursos del Parlamento para impulsar la inscripción de un movimiento regional; se recomendó suspenderlo por 60 días, pero su caso sigue sin resolverse desde marzo.

Además, durante la presidencia de Salhuana, el Congreso blindó en al menos dos ocasiones a la presidenta Dina Boluarte. Primero, archivando en abril la denuncia por el Caso Rolex, donde la Fiscalía la acusó de recibir relojes de lujo y joyas del gobernador Wilfredo Oscorima. Luego, en mayo, la Comisión Permanente —presidida por Salhuana— ratificó el archivo.

En el Caso Cofre, el pleno evitó profundizar las pesquisas, rechazando otorgar facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización.

Consultado por RPP, Salhuana se deslindó: “Las decisiones son colectivas. Somos 13 bancadas. [...] Es decisión institucional. Eso está al margen de la Mesa Directiva”, dijo en noviembre pasado.

Contrataciones y redes

Otro de los aspectos más cuestionados fue la designación de militantes o allegados de APP en cargos sin procesos meritocráticos ni experiencia acreditada.

El caso más mediático fue el de Yessenia Lozano Millones, nombrada jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. Según “Cuarto Poder”, su cargo fue posible tras una modificación al reglamento impulsada por la Mesa Directiva en octubre de 2024.

Lozano, quien se presenta como “la hija política de César Acuña”, gana más de S/ 19 mil mensuales.

La controversia se agravó recientemente, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó que Lozano violó el principio de neutralidad electoral. Esto, luego de que se difundieran imágenes de su oficina en el Congreso, donde colgaba un retrato de César Acuña acompañado del símbolo de APP, en pleno contexto preelectoral rumbo a los comicios generales de 2026.

Salhuana ha defendido la contratación de Lozano. “De la presidencia la hemos propuesto a ella. Había trabajado conmigo como asesora de la bancada de APP, obviamente verificada su experiencia, su capacidad profesional y política, por eso es que la llevamos a la presidencia, y luego ya, cuando se decide en la Mesa Directiva que funcione esta modalidad en temas de formación preprofesional y profesional”, dijo en diálogo con RPP en abril pasado.

Además, este Diario denunció la contratación de las hermanas Diana y Estefany Dávila Callao en áreas legislativas, sin cumplir el perfil técnico requerido.

Al no estar sujeto a la Ley Servir, el Congreso mantiene un sistema de contrataciones sin concursos públicos ni filtros meritocráticos. Esto ha permitido prácticas irregulares, como la contratación de al menos 30 núcleos familiares, según una investigación de El Comercio.

En junio, Salhuana admitió que “éticamente no es correcto”, aunque aclaró que no existe una norma que lo prohíba. “Estamos viendo qué solución se le va a dar”, declaró a Canal N.

Recientemente, la Comisión de Fiscalización señaló en un informe que “se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal [del Congreso], en especial femenino”.

Esa comisión investigó la existencia de una presunta red de prostitución en el Parlamento, una denuncia que cobró fuerza tras el asesinato de la joven Andrea Vidal, quien trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. No obstante, el grupo de trabajo parlamentario determinó que

Sobrepoblación y teletrabajo

Durante este periodo legislativo (2021–2026), el Congreso aumentó su planilla a un promedio de 28 trabajadores por parlamentario, frente a los 21 registrados al inicio de la gestión. No hubo desde la presidencia de Salhuana señales claras para frenar este crecimiento.

En paralelo, un análisis de 217 sesiones del 2025 evidenció que solo cinco congresistas en promedio asisten de forma presencial a las comisiones legislativas. La mayoría continúa recurriendo al teletrabajo.

Críticas

Para Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, la presidencia de Salhuana “ha sido una de las de más triste recordación y así se escribirá en la memoria del Parlamento”.

“Es el único Parlamento en el mundo que ha quedado atrapado o congelado con el COVID-19, con las sesiones virtuales. Eso es una afrenta, es un desprecio al elector”, cuestionó.

Sobre los casos de “mochasueldos”, señaló:“No se ha sancionado ni debatido en el Pleno los informes de Ética o de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es inaceptable. Ese encubrimiento va a caracterizar la presidencia del señor Salhuana”.

Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra apuntó a la ausencia de liderazgo y el deterioro institucional.

“A diferencia de otros presidentes del Congreso que marcaron un estilo claro —nos guste o no—, Salhuana no ha ejercido un liderazgo firme. No hay un sello político en su gestión”, dijo a El Comercio

También advirtió un retroceso en transparencia legislativa: “Hoy, un ciudadano entra a la web del Congreso y encuentra enlaces rotos. Eso refleja falta de compromiso con el acceso a la información y la participación ciudadana”.

Sobre el manejo presupuestal, agregó: “Han aumentado considerablemente los gastos del Congreso. No ha habido ni orden ni austeridad. Ha sido una presidencia muy mala, especialmente cuando se esperaba que el Legislativo actuara con responsabilidad frente al descrédito del Ejecutivo”.

Zegarra concluyó que la presidencia de Salhuana fortalece la percepción de impunidad al interior del Congreso.“No jugó un rol en el esclarecimiento de comportamientos antiéticos, ni siquiera desde el discurso. Lamentablemente, reafirma el dicho de que ‘otorongo no come otorongo’”.