En la última instancia, el Congreso no alcanzó los votos requeridos para aprobar una nueva inhabilitación en contra del expresidente Martín Vizcarra, quien había sido acusado de infringir el artículo 134 de la Constitución Política, a propósito de la disolución del Congreso efectuada en 2019.
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Contra Vizcarra Cornejo se planteaba, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una inhabilitación por diez años, lo que habría significado la tercera sanción de este tipo impuesta en su contra e iba a regir hasta el 2035. Las otras dos aún están vigentes.
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El informe acusatorio (aprobado en la subcomisión en enero, y a nivel de la Comisión Permanente en marzo, respectivamente) entró a discusión en el pleno, la máxima instancia, pasada las 6:30 p.m. de este miércoles 30 de abril.
Minutos antes de las 10:00 p.m., tras la sustentación, formulación defensa y tiempo de debate, el tema finalmente fue llevado a votación. Se requerían 66 votos mínimos para aprobar la decisión de inhabilitación “por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución”, como se indicaba en el informe.
"El Congreso está debatiendo para adjudicarme una tercera inhabilitación, desconociendo incluso una sentencia del Tribunal Constitucional que validó mi actuación como presidente de la República al momento de disolver el Congreso".
Sin embargo, solo se alcanzó 61 votos a favor en la sesión plenaria. En contrapartida, hubo 12 votos en contra, en su mayoría de legisladores de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular. Además, se registraron ocho abstenciones, de legisladores de bancadas como Podemos Perú, el Bloque Magisterial, entre otras.
En suma, el exmandatario Martín Vizcarra no llegó a ser inhabilitado por tercera vez por un estrecho margen de apenas cinco votos. Hacia el cierre de la jornada, la bancada de Renovación Popular ingresó una solicitud de reconsideración.
Además de Vizcarra, el informe de las denuncias constitucionales N°384, 400 y 466 también planteaba inicialmente la inhabilitación del ejercicio de la función pública para los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, respectivamente, por hasta cinco años cada uno.
Una cuestión de orden, formulada en medio del debate y que fue aprobada con 54 votos a favor, dejó fuera del proceso a último momento al expremier Salvador del Solar, al haberse superado el plazo de legal de caducidad.
“Una vez cumplido el plazo de caducidad, la caducidad debe declararse no importa cuánto haya avanzado cualquier procedimiento. (...) No cabe ni la menor duda que el plazo de caducidad para que se me pudiera acusar venció el 30 de setiembre de 2024”.
En caso de Zeballos, el tema continuó el procedimiento y fue votado después de la situación de Vizcarra, pero solo obtuvo 64 votos a favor. Tampoco se alcanzó la votación mínima requerida.
Una jornada con incidentes
Al abordarse el tema, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (Alianza para el Progreso), dio cuenta de todo lo actuado (se trata de tres denuncias acumuladas) y aseguró que se respetó el debido proceso y los derechos de los tres imputados.
“Hoy, el Congreso de la República está en la obligación de sentar un precedente histórico en defensa de la democracia”, dijo, a su turno, Héctor Ventura (Fuerza Popular), parlamentario delegado y quien se encargó de la sustentación del informe de fondo.
Ventura aseguró que debía quedar sentado que “la ambición de ningún gobernante está por encima” de la Constitución y que, en el informe formulado “queda evidenciado” que Vizcarra Cornejo “cerró inconstitucionalmente el Congreso en el año 2019”.
“En su intento de aferrarse al poder, selló uno de los capítulos más oscuros y nefastos de la historia de nuestro país, teñido de corrupción, muertes y de vicios constitucionales. Este informe final que hoy sustentaré detalla un conjunto de irregularidades y vicios que no deben quedar impunes”, agregó Ventura.
En suma, el informe concluía responsabilidad política, según se indicaba, por haberse planteado cuestión de confianza —en setiembre del 2019— para suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso “pese a no haber sido aprobado por el Consejo de Ministros”.
Para ello, como parte del material probatorio, se había valorado las actas de las sesiones del Consejo de Ministros del 27 y 29 de setiembre, así como el Decreto Supremo N°165-2019-PCM que disolvió el Congreso de la República en aquella época, entre otros elementos.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza, al no tratarse de un proyecto de ley. Consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podría interpretar [que] al haber elegido [el Congreso] un magistrado [que] se habría denegado la confianza”, sostuvo durante su alocución María Acuña.
Una defensa política
A diferencia de lo ocurrido en la Comisión Permanente, Vizcarra Cornejo sí se hizo presente en la sesión plenaria para ejercer su defensa, junto a su abogado Alejandro Salas. Las intervenciones de ambos fueron más de corte político, lo que motivó incidentes en el hemiciclo en cada una de sus intervenciones.
El exmandatario insistió abiertamente en que se trataba de una persecución política, he hizo referencia en su discurso a las otras dos inhabilitaciones que aún rigen en su contra, entre otras medidas.
En abril del 2021, se le impuso la primera por diez años, producto del escándalo conocido como el ‘Vacunagate’; mientras que en mayo del 2022 se aprobó la segunda, por cinco años, por sus vínculos con empresas cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambas siguen vigentes y le impiden postular u ocupar cargos públicos, tal como informó este Diario.
Vizcarra también dijo que se estaba desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional “que validó mi actuación como presidente de la República al momento de disolver el Congreso”.
“Echemos diez años más de inhabilitación a los 15 que actualmente ya tengo. A este paso, me faltará vida para cumplir todos los años que este Congreso me quiere dar para evitar que sea elegible. (...) El anterior Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto. Pero hoy quieren reescribir la historia y suplantar funciones y la voluntad popular”, aseveró Vizcarra.
Tanto el exmandatario como su abogado Salas cuestionaron en sus intervenciones la poca presencia de legisladores en la sesión plenaria.
De hecho, esto fue usado por Salas, quien fue ministro en la era de Pedro Castillo, para dejar de ejercer públicamente la defensa del exmandatario, retirándose incluso su medalla ante la representación. Algo que generó desorden y el reclamo en la sesión, incluso con pedidos de que sea sacado del hemiciclo.
“¿A quién voy a persuadir? Solamente al 30 % de parlamentarios. De eso no se trata la justicia si se va a determinar sobre una persona, eso también es afectar el debido proceso”, cuestionó Salas.
Legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otras bancadas, defendieron ampliamente durante sus intervenciones la recomendación formulada por la subcomisión de inhabilitar a Vizcarra.
“Hoy con nuestro voto vamos a cerrar un nefasto capítulo para nuestra democracia y dar respuesta a aquel tirano que bajo una inconstitucional y antojadiza negación fáctica de la confianza disolvió este Congreso”, sostuvo durante su alocución el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga.
Adriana Tudela (Avanza País) cuestionó que “prácticamente toda la defensa de los acusados reposa sobre esta famosa sentencia del TC que consolidó un golpe de Estado”.
“Pero no podemos dejar de mencionar que el objetivo del golpe de Estado fue justamente paralizar la elección de los miembros del TC. (...) Y el único motivo por el cual quisieron detenerla era porque esa elección iba al alterar la composición de un tribunal que, en ese momento, tenía una mayoría favorable al gobierno de Martín Vizcarra. Ellos cierran el Congreso para mantener esa mayoría”, agregó.
Por su parte, legisladores como Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista) cuestionaron la propuesta. Luque dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional, dada en 2020 en su anterior conformación, ya había confirmado la validez del cierre del Parlamento, tras una demanda competencial que se presentó.
“Estamos ante razonamientos legales válidos que se han dado, pero que en el fondo lo que existe detrás de esto no es solo revancha, hay intolerancia y por supuesto califica también como una persecución política a quienes piensan, actúan y se posicionan políticamente de manera distinta”, aseveró.
En similar línea, Flores calificó que la propuesta de inhabilitación como “inconstitucional, ilegal e ilegítima”. “Lo que estamos viendo aquí es utilizar este foro parlamentario como una guillotina para quitar del camino a posibles candidatos”, inquirió.
Tenga en cuenta…
Inhabilitaciones vigentes contra Martín Vizcarra
Tal como informó este Diario, el expresidente Martín Vizcarra tiene dos inhabilitaciones impuestas por el Congreso que le impiden ser candidato o postular a cargos públicos.
La primera de ellas fue dada en abril del 2021 por su vacunación en secreto durante la pandemia del COVID-19, en el caso conocido como ‘Vacunagate’. Esta inhabilitación es por diez años.
La segunda inhabilitación fue dada en mayo de 2022, cuando fue inhabilitado por cinco años por sus vínculos con empresas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones.
Caso generales PNP
Antes de abordar el caso de Vizcarra, el pleno del Congreso también se abocó al informe final que se había formulado en contra del expresidente Francisco Sagasti, a propósito del pase al retiro de un grupo de oficiales de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020, cuando ejercía la Presidencia.
Con 60 votos a favor, se aprobó haber lugar a la formación de causa penal en su contra por presunto abuso de autoridad, con lo que el expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, en su caso tampoco se llegó a alcanzar los votos mínimos (66) que se requerían para su inhabilitación. Desde la subcomisión, también se había planteado diez años. Solo se obtuvo 61 votos.
También se aprobó haber lugar a formación de causa penal en contra de los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice. Pero no prosperó las inhabilitaciones.
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