Fernando Rospigliosi: “La fiscal de la Nación es gatillo fácil, dispara denuncias a cualquiera”

— Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial, esta vez como titular de Justicia, luego de cinco meses desde que este Congreso lo censura como ministro del Interior. ¿Cómo interpreta usted esta decisión de la presidenta Dina Boluarte?

Es una decisión del gobierno [de Dina Boluarte]. Ellos son los que tienen que responder por eso [la designación de Santiváñez], no nosotros.

— Sobre Santiváñez pesan 12 investigaciones fiscales por su administración de solo 10 meses en el Mininter. ¿Con esta mochila, tiene la credibilidad para promover desde el Ejecutivo una reforma del sistema de justicia?

Mira, lo de la credibilidad es un asunto más bien subjetivo, que depende de las opiniones políticas, pero lo que yo sí te digo es que no confío en absoluto en la denuncia del Eficcop. Creo que hay que tomarla con pinzas y mirar, realmente, de qué se trata, porque esa es una unidad corrupta y politizada. No digo que no sean ciertas [las imputaciones a Santiváñez], pero lo que digo es que hay que tomarlas con pinzas. Si algo dicen ellos, no les creo.

— Pero esas 12 denuncias contra Santiváñez, la mayoría no son en base a información del Eficcop...

La fiscal de la Nación es gatillo fácil, dispara denuncias a cualquiera, sobre todo si se trata de sus adversarios políticos. Es una fiscalía que está politizada y actúa prevaricadoramente, sistemáticamente, así que mucho cuidado con decir “hay 12 denuncias, es culpable”. Y, dicho sea de paso, hoy El Comercio pone en primera plana [la denuncia a Santiváñez], así como puso en primera plana que José Jeri era un violador y después se demostró que no con las pruebas de ADN.

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— El Diario no puso en portada que Jeri es “un violador”, congresista...

Ustedes ponen “presunto”, pero todo el mundo mira esa carátula y dice “es un violador, lo hemos visto en las redes sociales, todo el mundo decía “ah, qué horror, un violador” y a los pocos días sale que no lo es, así que cuidadito. Hoy [jueves] ponen a Santiváñez en función a una denuncia de quién, de la fiscalía que está absolutamente desacreditada.

— En la Comisión de Constitución, existen propuestas para que los ministros censurados no vuelvan al Ejecutivo durante el quinquenio en que fueron destituidos. ¿Está de acuerdo?

No estoy de acuerdo. Estamos en un sistema presidencialista y constantemente se están colocando una serie de restricciones al Poder Ejecutivo. Esto se va a transformar en un híbrido, que creo que va a complicar las cosas en el futuro. Así que no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley.

— Tras el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, el Consejo de Ministros en pleno emitió un pronunciamiento en defensa de este. Lo mismo hizo la mandataria. ¿El gobierno debe ejercer la defensa de una persona que no es un funcionario público?

Yo creo que eso se lo debes preguntar al gobierno, no a mí. Eso le pueden preguntar a la señora Boluarte.

— Usted es un actor político, es congresista y antes era analista...

Pero desgraciadamente ahora no puedo responder como analista, porque tengo una responsabilidad congresal. Lo que hace el gobierno, pregunten al gobierno.

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— María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de reforma de la justicia, dijo a El Comercio que el proyecto para este cambio estaría listo en setiembre. ¿La intención es que este Parlamento deje aprobada la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público?

Ojalá se pudiera, pero no estoy seguro de que se vaya a lograr. Es complicado que aprobar la reforma de justicia en un Congreso como este. Es un tema muy polémico que requiere de una discusión que es técnica y política y se necesita una conjunción de fuerzas, que no sé si se podrán dar. Es complicado, por eso yo no me atrevería a hacer un pronóstico, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera conocemos la propuesta.

— Este Congreso tiene a decenas de parlamentarios investigados por el Ministerio Público, entre ellos están “los mochasueldos”, Los Niños, entre otros. ¿No debe ser el Parlamento bicameral el que asuma esta tarea?

Ese no es un argumento válido. Este Congreso fue elegido en el 2021 y tiene todas las potestades legales para hacer las cosas que ha hecho, como la bicameralidad, por ejemplo. Entonces, si le quitas legitimidad al Congreso para hacer algo, se la quitas para todo, eso no tiene sentido. Pero yo lo veo complicado por las razones que te he dicho, se requiere de una discusión profunda que no solamente sea técnica, sino también política y no sé si se podrá lograr, así que no nos adelantemos. Pero que el Congreso tiene la facultad de hacerlo, lo tiene. Este Congreso ha hecho cosas buenas, como vacar a Pedro Castillo.

— A inicios de mayo de 2023, es decir hace más de dos años, la OMS declaró el fin de la pandemia de Covid-19. ¿Por qué, entonces, en la mayoría de las comisiones y plenos del Congreso se mantiene la virtualidad? ¿No es momento de que el Parlamento retome al 100% la presencialidad?

No creo que sea el momento. Es muy importante lo que tú dices y yo trato de estar presente y lo he hecho todas las veces que puedo, tanto en el pleno como en las comisiones. Pero hay una realidad, que por diversas razones no voy a juzgar. Muchos congresistas no están en el pleno los jueves y lo he visto desde mi experiencia personal como presidente de la Comisión de Constitución. Pero cuando quiero hacer un cambio constitucional se necesitan 87 votos y a veces no hay ni siquiera 87 congresistas presentes, para hacer un cambio en una ley orgánica se requieren 66 votos y a veces no se alcanza. Entonces, no podríamos avanzar en muchos temas si nos regimos solo por la presencialidad.

Estoy de acuerdo con que lo ideal es que todo sea presencial, pero eso hay que dejárselo al siguiente Congreso [...] Si se aprueba el nuevo reglamento, se van a reducir el número de comisiones en el próximo Congreso, el trabajo se va a ordenar más y espero que pueda ser presencial. Pero en este momento, yo no estaría por volver a la presencialidad absoluta.

— El llamado Bloque Democrático ha dejado en manos del castillismo y de la izquierda la Comisión de Energía y Minas en el contexto en que se debe definir la eliminación del Reinfo y la Ley MAPE. ¿Por qué se ha puesto de lado?

No es exacto lo que tú dices, porque no es que el Bloque Democrático haya dejado, ellos tienen representación congresal. Recuerda que la primera minoría fue la del castillismo con 37 congresistas. Ellos tienen una representación y la división que se hace de las comisiones tiene que ver con la proporcionalidad. A mí me preocupa muchísimo [la situación de esa comisión]. Yo estoy absolutamente en contra de la minería ilegal, creo que es una de las más graves amenazas a la seguridad nacional. Espero que eso se pueda manejar adecuadamente si bien es cierto que la comisión está en manos de una persona que apoya a la minería ilegal.

— Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, ha presentado proyectos de ley para ampliar el Reinfo...

Sí, sí, estamos claros sobre eso, pero no necesariamente se va a salir con la suya, espero que no. Puede haber un dictamen, no necesariamente se aprueba, puede haber un dictamen en minoría y en el pleno las cosas pueden cambiar. Yo tengo la esperanza de que ese problema [la minería ilegal] que es tan serio, tan grave para el país, se pueda resolver en esta legislatura de manera positiva. Es decir, que no se salgan con la suya.

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— Catorce de los veinticuatro presidentes de las comisiones ordinarias del Congreso arrastran denuncias. ¿Por qué las bancadas no han elegido mejor? ¿No abona esta situación el descrédito del Parlamento?

No sé, es un problema de cada bancada. Yo no puedo responder por otras bancadas, pero hay que ir con cuidado con eso de las denuncias. Nuevamente estamos ante denuncias de una fiscalía politizada y prevaricadora. Por ejemplo, una cosa son las denuncias a gente que le ha robado el sueldo a sus trabajadores y a gente que ha vendido su voto por prebendas...

— La mayoría de esos 14 presidentes de comisiones están acusados por el Caso Los Niños...

No, necesariamente. Por ejemplo, a Héctor Ventura, de Fuerza Popular, lo acaban de denunciar, porque hizo una gestión para conseguir un sitio en el garaje para una asesora y para que la asesora pasará a un grado superior. Eso pues es una ridiculez, un absurdo. Hay denuncias absurdas en el Congreso y meten a todos en un mismo saco.

— El acciopopulista Elvis Vergara- investigado en el Caso Los Niños, preside no una, sino dos comisiones: Ética y Fiscalización. ¿Tiene el perfil para dirigir estos grupos?

No me voy a meter en eso. Pero te digo, se distribuyen las comisiones y a Acción Popular le tocan esas dos, ellos eligen a Elvis Vergara. Ahora, El Comercio protesta sobre la manera de elegir a los candidatos y dice “cómo es posible, van a elegir las cúpulas”. ¿Cómo eligió Acción Popular en el 2021 a sus candidatos al Congreso, a Vergara y a todos los demás? Un militante, un voto, lo que ustedes quieren- Y así llegó todo este grupo de Acción Popular [al Parlamento].

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— Los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo han criticado la ley de amnistía. El primero ha señalado que “es generalizada” e “incorrecta”. Y el otro que “no era conveniente”. ¿Por qué no se formó una comisión que analice caso por caso?

Porque no es viable, no es práctico por varias razones. Primero, la fiscalía no va caso por caso, deberían, pero acusan en bulto. Por ejemplo, hace 40 años hubo un problema en tal lugar y meten a todos los militares y policías que estaban ahí, no analiza caso por caso y mete [a investigaciones] a militares de 70 años, de 80 años y de 90 años y los somete a una tortura en un proceso.

Segundo punto, no se puede, porque los casos van aumentando todos los días y es el caso por el que he denunciado al juez Concepción Carhuancho. Arturo Castro Arias, un policía que estuvo en Ayacucho en 1984, hace 41 años, era guardia republicano y hoy lo meten en un proceso por la muerte de unas personas. Entonces, todos los días van metiendo a más gente. Por eso, tiene que ser una amnistía como la que hemos hecho, no hay ninguna otra posibilidad.

— Usted refirió que el propósito de la Ley Nº 32419 era poner fin a juicios de 30 o 40 años en contra de militares y policías. Pero el artículo 2 señala textualmente que la amnistía también aplica para los mayores de 70 años que “cuenten con sentencia firme”. ¿Por qué avala que militares y policías que, tras un juicio, fueron declarados culpables por asesinato, violación sexual y otros, sean liberados?

Yo también he defendido ese artículo, el proyecto de ley es del congresista Montoya, pero yo lo he defendido completamente cuando era el presidente de la Comisión de Constitución y lo sigo defendiendo, porque en muchos de esos juicios se han cometido una serie de irregularidades, como la que te he mencionado, que meten en bloque a toda la gente. El almirante Rivero, que acaba de fallecer, fue sentenciado el año pasado por la jueza Miluska Cano a 18 años de cárcel, un hombre que ya era septuagenario por un suceso ocurrido en Huanta, cuando él estaba en Lima en ese momento y no tenía mando, era asesor. Desgraciadamente, falleció, pero si no, estaría preso hoy y habría que liberarlo con esta ley. Y si recuerda, hubo comisión de indultos a fines de la década de 1990 y a inicios de los 2000. Liberaron a miles de personas, miles que habían sido sentenciados en casos de terrorismo.

— Esa fue la comisión Lanssiers, el ex primer ministro Yehude Simon salió liberado. Este grupo revisó los casos de aquellos sentenciados injustamente, porque habían sido juzgados por jueces sin rostro, este no es el caso...

[Los jueces de hoy] son peores que los jueces sin rostro, son politizados y prevaricadores [...] Miluska Cano es una de esas. El juez Brousset también, yo he estado el lunes en el penal Virgen de las Mercedes, hay un militar que fue sentenciado por dos casos de 1992, a 15 años y a 17 años. En esa época, las penas no se sumaban, se subsumía una dentro de la otra, se cumplía la más larga. En este caso, 17 años. Este hombre tiene 21 años en prisión, porque el juez Brousset cuando cumplió sus 17 años le dijo “no sale” y le ordenó al INPE esto, ese es peor que cualquier juez sin rostro.

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— Los jueces sin rostros operaron cuando el país estaba bajo una dictadura, hoy no. ¿Existe un punto de comparación con los actuales magistrados, como usted lo hace?

No, estás equivocado, el Perú [en los noventa] estuvo en una dictadura en un momento, pero después estuvo en una democracia.

— Después del golpe del 5 de abril de 1992, el gobierno de Fujimori fue una dictadura. ¿Y los jueces sin rostro no operaron en ese lapso?

No, no, perdóname. Técnicamente fue una dictadura, entre el 5 de abril de 1992 y las elecciones del Congreso Constituyente Democrático. Hubo elecciones y se eligió un Congreso constituyente.

— ¿La dictadura de Fujimori fue solo entre el 5 de abril y la elección del CCD? Usted no sostenía eso antes.

No, no, te digo técnicamente, mi opinión política es otra cosa. Pero técnicamente fue así y eso fue reconocido por todo el mundo, por la OEA, por todos los gobiernos.

— ¿Cabe la comparación de un juez sin rostro con los actuales jueces?

Cabe la comparación, porque, además, hubo tribunales sin rostro entre 1998 y 1999 para civiles, para delincuentes comunes, para todos los extorsionadores y secuestradores de la época. En ese tiempo, el país estaba conmocionado por esa ola [delincuencial] y el gobierno de Fujimori, que ya era un gobierno electo, puso también los tribunales militares para esos delincuentes. Todos esos juicios fueron anulados por el Tribunal Constitucional en el 2001 y hubo que volver a juzgarlos, pero existieron [los jueces sin rostro], no solamente en la dictadura, sino también en el siguiente período.

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— Santiago Martín Rivas, encarcelado por encabezar el Grupo Colina, tiene 67 años. En tres años, si esta norma sigue vigente, puede solicitar su amnistía. ¿Esta norma tiene algún candado que evite este escenario y otros similares?

Es falso. Martín Rivas cumple 25 años de prisión en marzo del próximo año y va a salir, no por la amnistía, sino porque cumplió su sentencia. Y así ocurre con todos los del llamado Grupo Colina. Ellos primero tuvieron una sentencia con tribunales militares en 1993. Esa prisión se acumula y fueron liberados por la amnistía de junio de 1995. Y habían cumplido un tiempo en prisión. Fueron capturados en 2001 o 2002, si tú sumas 25 años de prisión, salen ahorita.

— Telmo Hurtado, autor de la masacre de Accomarca, tiene más de 60 años. En unos años, podría acogerse a esta ley de amnistía...

Ya habrá cumplido su sentencia también.

— No, Hurtado fue sentenciado en el 2016 a 23 años de cárcel. ¿La ley de amnistía puede beneficiar a esta persona cuando cumpla 70 años?

No lo sé, podría, no tengo claro el caso.

— ¿Y por qué no se incorporaron candados? La prisión de Hurtado no es producto de una injusticia. ¿Tiene algo que responder?

No, no lo sé, tendría que analizar el caso de Telmo Hurtado.

— El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha referido que la ley de amnistía es un retroceso en la búsqueda de la justicia por las violaciones graves a los derechos humanos. Agregó que las víctimas merecen la verdad y “no impunidad”...

Mi respuesta es que la ONU es un organismo completamente desacreditado. Respalda a los terroristas Hamás en contra del Estado de Israel, el único Estado democrático de Medio Oriente que ha sufrido un horrible genocidio en el 2023. Ya hemos visto que la ONU estaba respaldando ahí a los terroristas y lo sigue respaldando. Así es que [Türk] puede decir lo quiera, no tiene ninguna importancia.

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— Ante la Corte IDH, los representantes del Estado peruano señalaron que los jueces sí pueden aplicar el control difuso a la Ley de amnistía a militares y policías. ¿Por qué, entonces, usted denuncia al juez Concepción Carhuancho ante la JNJ por recurrir a este mecanismo reconocido por el Perú?

Porque la Corte Suprema ha establecido que el control difuso no se aplica a libre albedrío del juez, este no hace lo que se le da la gana. El control difuso tiene límites, La Corte Suprema ha establecido que el control difuso se aplica en sentencias, y Concepción Carhuancho es un juez que no sentenciam es un juez de investigación preparatoria, él no puede aplicar el control difuso [...] Él está violando claramente [la norma]. Seguramente van a recurrir al Tribunal Constitucional.

— La Constitución no contempla la limitación que usted señala al mecanismo del control difuso...

Pero está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, él no puede violar esta norma y la viola sistemáticamente, no solamente en este caso.

— ¿Usted va a interponer denuncias a cada juez de investigación preparatoria que recurra al control difuso para no aplicar la ley de amnistía?

Veré si hay otros casos, pero si hay, lo haré, por supuesto. Yo creo que hay que decir basta a los jueces politizados y prevaricadores que aplican las leyes cuando se les da la gana y cuando no le gustan, no. Eso no puede ser. Y es el caso de la fiscalía también, que no ha querido aplicar la Ley N°32107, que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional. En este caso, como se trata de la Junta de Fiscales Supremos, he denunciado, junto con los congresistas Cueto y Azurín, a todos los fiscales supremos. La fiscalía no tiene control difuso y, además, ahora ya el Tribunal Constitucional determinó que la ley es constitucional.

— El Ejecutivo, además, ha constituido un grupo que prepare un proyecto de ley en “defensa de la soberanía nacional”. Boluarte dijo que la finalidad es proteger al país de una supuesto injerencia de organismos internacionales. ¿El Perú debe seguir o no bajo la jurisprudencia de la Corte IDH?

La Corte IDH se ha convertido en una corte absolutamente politizada, que está actuando fuera de las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que pretende tener injerencia ilegal en asuntos internos del país. Por ejemplo, cuando trató de oponerse a la ley de amnistía diciendo que el Congreso no puede aprobarla, eso es un absurdo. Ellos no tienen ninguna jurisdicción, no lo han tenido antes y no la tienen ahora. Es decir, primero no es una corte penal, es una corte de derechos humanos. Solo puede intervenir en casos de derechos humanos cuando se agotan las vías internas. Si no les gusta la ley, bueno, van al TC, eso es agotar la vía interna. No puede meterse cuando el Congreso está discutiendo una ley. Esa es una prueba evidente de la politización de la Corte IDH.

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— ¿Los tiempos que le quedan a este gobierno y Congreso calzan para que el Perú dé un paso al costado del SIDH? ¿O el gobierno usa políticamente este discurso?

Eso no lo sé, no sé qué cosa esté en la cabeza del gobierno. Pero digamos si están planeando retirarse de la Corte IDH eso lleva tiempo, más de lo que dure el gobierno hasta el 28 de julio de 2026, si es que llega. Pero lleva más tiempo. Entonces, la posibilidad sería que dé un primer paso. Hay abogados que están en contra de la Corte IDH, pero que no están de acuerdo con salirse, sino de establecer determinados límites. En fin, eso es algo que no lo puede hacer el Congreso, eso solo lo puede hacer el gobierno.

— ¿Cree que el gobierno no va a llegar a julio de 2026?

No, no, no digo que no vaya a llegar, lo que digo es que no es seguro que llegue por la experiencia que tenemos en los últimos gobiernos. Han caído varios gobiernos, a veces de manera inesperada, así que este gobierno, con la situación que tenemos, no sabemos. Yo no quiero que caiga antes de 2026, sería crear una situación más caótica de la que ya tenemos. Pero como analista político, digo que no lo sé, nadie está seguro.

— A mediados de la década de 1990, usted, como columnista de Caretas, calificó de “infame” la ley de amnistía que dio el gobierno de Alberto Fujimori. También respaldó la capacidad de los jueces de hacer el control difuso. Aquí tengo lo que escribió, lo puede ver. ¿Por qué tuvo un cambio tan drástico de posición?

Hay muchas razones para mi cambio y seria largo explicártelas, pero sin duda yo he tenido varios motivos. Uno de ellos se refiere a la mafia caviar. Yo acuñé un término que se llama “la coalición vizcarrista” en el 2018, cuando entendí la perversidad de este grupo caviar que se aliaba con un sujeto delincuencial como Vizcarra para hacer las cosas que vimos, entre otras perseguir a policías y militares. Y respecto a la situación de 1995, obviamente estamos en una situación completamente distinta a la que aquel año. Por ejemplo, se dice “había que juzgar casos de violaciones a los derechos humanos”, sí, claro que sí, pero en 1995. Pero 30 años después, ¿puedes seguir persiguiendo a militares y policías? No pues. Si tú ves un caso de 1995 que hay que juzgar y sentenciar, muy bien, y si este dura entre 2 o 4 años, bueno. Pero no puedes perseguirlo durante 30 o 40 años, eso no es un cambio.

— ¿El Fernando Rospigliosi que escribió esas columnas sería calificado como “caviar” por el Fernando Rospigliosi de hoy?

Jamás, jamás, yo era de derecha desde los años ochenta, defensor del libre mercado y de la democracia y contrario al comunismo, socialismo e izquierdismo. De ninguna manera pueden calificarme de caviar. Y, es más, cuando la primera vez en mi vida que asumí un cargo público, en el 2001, muchos de estos izquierdistas decían que yo era un fascista, un represivo, cuando estuve en el Ministerio del Interior. Así que eso está claro.

— ¿Por qué la ley de amnistía de 1995 era “infame” y esta de 2025, no, desde su perspectiva?

Una cosa es si tienes un caso de 1995 y que lo puedes juzgar y sentenciar, pero no puedes estar 30 o 40 años con el mismo caso, no puedes. Eso es, absolutamente, ilegal y es violatorio de los derechos humanos de los que sufren esas consecuencias, así de sencillo. Ocurrió, lo juzgas, sentencias o no, pero ahí termina. Pero no puede prorrogarlo durante 30 años.

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— En muchos casos, esas tardanzas en el juzgamiento se debieron a que los investigados se dieron a la fuga o porque el Estado peruano no atendió con celeridad las denuncias de las víctimas...

No, no, pero eso no dura 30 años. Hoy tenemos una fiscalía que hace pronunciamientos que Sendero Luminoso envidiaría. Dice “el periodo de violencia de las fuerzas del orden”, no el periodo de violencia terrorista. Estoy citando textualmente lo que dice la fiscalía. Cómo un organismo del Estado, que debe ser independiente y neutral, puede publicar un comunicado diciendo que el periodo de violencia entre 1980 y 2000 es de las fuerzas del orden. ¿Has visto eso en algún país del mundo? La fiscalía se pronuncia como si fuera un organismo político, como si fuera el Movadef. Pues eso es inaceptable y esos son los que están juzgando a los militares y policías ahora.

— El Perú tendrá, al menos, 37 candidatos a la presidencia. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario?

Bueno, son consecuencias de la pésima reforma que hizo la coalición vizcarrista, precisamente. No necesariamente, habrá 37 candidatos presidenciales. De hecho, habrá un número exagerado. Ahora tampoco es que sea tan inusual, ¿no? En el Perú hemos tenido elecciones con 20 candidatos, nadie se fija en ellos, porque solamente ven a los que están arriba en las encuestas. Esto es producto de lo que hizo la coalición vizcarrista, pero ya no va a volver a ocurrir en las siguientes elecciones. Además, es probablemente que solo cinco o seis partidos pasen la valla. El espectro político va a ser reducido a partir de 2026.

— ¿A su juicio, Keiko Fujimori debe postular por cuarta vez a la Presidencia de la República? ¿Existe otras opciones al interior de Fuerza Popular?

No sé, eso depende de ella y de Fuerza Popular. Si ella quiere postular, podrá ser candidata en las internas y si el partido la elige, podrá ser. Pero no lo sé. En ese momento, no puedo decir nada sobre eso.