El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que tras archivarse el Caso Cocteles, que involucraba a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, los fiscales del equipo especial Lava Jato deberían ser despedidos y sancionados por el “perjuicio” causado al Estado peruano.
En conferencia de prensa, afirmó que los fiscales han gastado “millones de soles” del erario nacional en la acusación contra Fujimori Higuchi que calificó de “persecución claramente política” y “fuera de la ley”.
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“En cualquier país del mundo donde funciona un sistema como el que ha traído el nuevo Código Penal, esos fiscales hace rato que habrían sido despedidos y sancionados porque han gastado millones de soles del erario público, de nuestros impuestos, en una persecución claramente política, totalmente ilegal, fuera de la ley, como ha determinado hoy día el Tribunal Constitucional”, expresó.
“En mi opinión personal, deberían ser despedidos y sancionados por el perjuicio que han causado al Estado”, agregó.
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Rospigliosi también saludó la decisión del TC de archivar el Caso Cocteles al indicar que al momento que se produjeron los aportes de campaña de la empresa Odebrecht, no constituían delito.
“En este caso, como es obvio, se trata de aportes de campaña electoral que además en el momento en que sucedieron los hechos no había ninguna ilegalidad en la recepción de estos aportes”, subrayó.
Como se recuerda, por mayoría el TC dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Cocteles.
En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y que el delito de lavado de activos, imputado por la fiscalía en contra de Keiko Fujimori, no estaba penalizado en 2011 y antes de noviembre del 2016.
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Respecto al delito de organización criminal, el Tribunal Constitucional sostiene que no se ha probado que Fuerza Popular haya tenido un fin criminal y que la fiscalía no aportó prueba de ello.
Además, atribuyó al Ministerio Público una “excesiva criminalización” y que existía una vulneración del plazo razonable en contra de Fujimori Higuchi, pues son más de diez años y con innumerables subsanaciones a la acusación fiscal.
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“Las actuaciones del Ministerio Público tendientes a incriminar a la beneficiaria específicamente por los citados delitos carecen de todo sustento y como tales, deben quedar sin efecto”, dictó el TC, con lo cual quedó sin efecto la nueva acusación fiscal presentada en julio del 2025.
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