El fiscal Rafael Vela sostiene que creación de comisión investigadora podría afectar acuerdos con otras empresas. (Foto: Juan Ponce /GEC)
El fiscal Rafael Vela sostiene que creación de comisión investigadora podría afectar acuerdos con otras empresas. (Foto: Juan Ponce /GEC)
María Isabel Álvarez

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El fiscal superior , coordinador del equipo especial Lava Jato, mostró su preocupación por la reciente decisión de la Comisión de Justicia del Congreso, de solicitar al Consejo Directivo agendar la moción que busca crear una comisión investigadora para el acuerdo de colaboración eficaz con , a propuesta de la congresista Martha Chávez.

“La búsqueda por atacar los acuerdos (de colaboración eficaz) es promover la impunidad porque resta potencia y credibilidad a una herramienta muy útil como es la colaboración eficaz”, exclamó en diálogo con El Comercio.

El convenio de colaboración eficaz fue aprobado por el Poder Judicial en junio de 2019, tras haber sido suscrito en febrero de ese año. Desde esa fecha viene siento ejecutado por parte del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc.

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“La preocupación está en la función de la protección de los casos que llevamos donde la colaboración eficaz es una herramienta valiosa y utilitaria que buscamos estimular porque nos permite acceder a prueba de imposible consecución, que está en poder de las propias personas investigadas, los acuerdos de colaboración son esenciales en la averiguación de la verdad y en ese sentido la búsqueda por atacar los acuerdos es promover la impunidad porque resta potencia y credibilidad a una herramienta muy útil como es la colaboración eficaz”, sostuvo en declaraciones a El Comercio.

Vela señaló que, de aprobarse una medida de este tipo, podría desincentivar a que otras empresas o investigados afronten procesos de colaboración eficaz. Dijo que, incluso, los procesos de colaboración en marcha serían afectados.

“Aquí hay el ataque a un acuerdo que está controlado judicialmente y, por otro lado, la preocupación de lo que es el respeto por la independencia en el ejercicio de la función judicial, independencia del Poder Judicial y el respeto por la autonomía del Ministerio Público, que finalmente son valores fundamentales en la democracia, no respetarlo es más bien, propio de las autocracias y las dictaduras”, manifestó.

El fiscal insistió en que una comisión dedicada a investigar el acuerdo de colaboración con Odebrecht, “transmite un mensaje de incertidumbre jurídica y eso conspira contra la seguridad jurídica que tiene que ver con la vigencia y ejecutabilidad de los fallos judiciales”. “Se supone que dentro de un estado democrático de derecho los fallos de los jueces tienen que respetarse y ejecutarse, cuando existen este tipo de signos lo que genera es una incertidumbre del punto de vista jurídico y eso puede desincentivar los acuerdos que están en marcha”, puntualizó.

“Cuando se aprueba un acuerdo, lo que se determina es una sentencia de culpabilidad con una serie de beneficios premiales producto del grado de colaboración que ha presentado el arrepentido. Lo que puede presumirse es que exista una persecución política de parte del Parlamento hacia los jueces y fiscales que hayan intervenido en el acuerdo de colaboración eficaz y eso generaría un gravísimo precedente”, apuntó.

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