Fiscalía denuncia a once congresistas por presunta negociación incompatible: los argumentos y lo que dicen los especialistas

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La denuncia constitucional, a la que accedió El Comercio, comprende en principio a los congresistas José Williams (Avanza País), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), Alfredo Azurín (Somos Perú), Jorge Montoya y José Cueto (Honor y Democracia). El caso fue gatillado por la denuncia de un ciudadano presentada en marzo del 2024.

Tras las diligencias preliminares, el Ministerio Público le atribuye a los cinco parlamentarios, como integrantes de la Comisión de Defensa durante el período 2021-2022, el haberse interesado “indebidamente y de forma directa”, así como “en provecho propio”, en la promoción y priorización de un proyecto de ley y su respectivo texto sustitutorio.

“Con el cual permitieron para sí mismos la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su condición de funcionarios en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerza Armadas y la Policía”, se lee en la denuncia.

Tanto Williams como Chiabra, Montoya y Cueto son exmiembros de las FF.AA., mientras que en caso de Azurín es exintegrante de la PNP.

Sin embargo, también se comprende a los congresistas Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú-VP), Américo Gonza (Perú Libre), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Edwin Martínez (No Agrupado) y Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial).

A los seis se les señala, por su parte, de haber colaborado con la aprobación del texto sustitutorio en el citado grupo de trabajo, permitiendo así que sus colegas accedan al cobro de sueldo y pensión de manera simultánea, según la fiscalía.

El caso tiene que ver con el Proyecto de Ley N°319/2021, presentado en setiembre de 2021 por la legisladora María del Carmen Alva (No Agrupada). Ello para autorizar la contratación de pensionistas de las FF.AA. y de la PNP en el aparato estatal. El tema fue abordado en diciembre de ese año por la Comisión de Defensa.

En su denuncia, la fiscalía apunta “dos aspectos que llaman la atención” en el texto que se aprobó, los cuales no estaban en el proyecto original. El primero, la exceptuación de los topes legales establecidos respecto a los ingresos mensuales que puede percibir un servidor o funcionario público, así como la precisión de que la norma también aplica a los cargos de elección popular; es decir, los mismos congresistas.

Los once legisladores denunciados aprobaron el texto en la Comisión de Defensa en diciembre del 2021. El Ministerio Público cuestiona que Williams —quien presidió el grupo de trabajo—, Montoya, Chiabra, Cueto y Azurín lo hicieron y “al tener la condición de pensionistas de las FF.AA. Y la Policía se veían directamente beneficiados con la aprobación de la norma”.

“En caso de haber pretendido de manera legítima legislar a favor de los derechos de los pensionistas (...) lo hubiesen hecho atendiendo a las reglas fijadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 00009-2015-PI/TC, tanto a favor del sistema militar–policial y también del sistema civil, sin embargo, quebrando lo señalado por el tribunal emiten y aprueban un texto sustitutorio referido solamente a militantes y policías, que beneficiaba precisamente a los cinco integrantes”, se sostiene.

Sin embargo, abogados especialistas en derecho constitucional, consultados por El Comercio, no avizoran que la denuncia llegue a prosperar. Por el contrario, consideran que la fiscal de la Nación cometió un “error” con la denuncia, puesto que ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto a este tema, incluso antes de la aprobación del proyecto de ley en cuestión.

El expresidente del TC Ernesto Álvarez apuntó que el tribunal estableció en una sentencia que cuando un exservidor del Estado con pensión de jubilación ingresa a laborar al aparato público “no hay incompatibilidad entre la pensión y el sueldo”.

“Porque —y es el argumento central del tribunal— la pensión ya es un derecho y, por tanto, propiedad del pensionista, no es del Estado. Por tanto, si el pensionista además en lugar de estar sentado en su casa, sale a trabajar en una entidad haciendo uso de su experiencia y capacidad profesional, no se le puede quitar una remuneración porque la jubilación ya es un derecho que está gozando”, remarcó Álvarez.

A su juicio, la fiscal de la Nación “ha cometido un error grueso”. Más aún —dijo— cuando se pretende penalizar una actividad parlamentaria. “Aún si no hubiese una jurisprudencia del tribunal y se hubiese aprobado esa ley, forma parte de la actividad política. (...) No solamente ha cometido un error grueso, sino que es un intento grave de ya no solo judicializar la política, sino de penalizarla”, remarcó.

Similar postura tuvo el expresidente del TC Víctor García Toma, quien consideró que “hay una equivocación por parte del Ministerio Público”. “Porque hay una sentencia del TC que determinó que la pensión no puede entenderse como una remuneración, sino como un derecho que se adquiere como consecuencia del cumplimiento de ciertos años de servicio y una determinada edad. En consecuencia, una persona puede percibir pensión y también una remuneración porque no son conceptos homologables”, comentó.

Por ello, consideró que “no existe delito”. “Una persona que ha prestado servicios a la FF.AA. y obtiene una pensión, y luego ya de ser considerado cesante con pensión reingresa a la administración pública como congresista, puede percibir esos dos montos dinerarios que corresponden a conceptos diferentes. (...) En todo caso, ese proyecto de ley sería inocuo, porque ya hay un precedente vinculante del tribunal y tiene materialmente fuerza de ley”, apuntó.

El caso pasará a verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso.