
A pesar del intento de la bancada de Perú Libre de dilatar y de incluir una nueva fórmula, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó por mayoría rechazar las observaciones del gobierno e insistir con la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Ahora esta medida deberá ser ratificada en el pleno del Parlamento, sea en una sesión extraordinaria o en el comienzo de la nueva legislatura en marzo.
Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), confirmó que el predictamen de su grupo se allanaba parcialmente a las observaciones del gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, establecía que la detención preliminar solo sea para una lista taxativa de delitos y dejaba fuera el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. Y cuando existan “elementos objetivos”.
El texto, además, planteaba que el imputado, tras haber sido aprehendido, debía ser puesto a disposición del juez de investigación preparatoria que emitió la orden de captura, a fin de que en una audiencia confirme o no la medida.
El predictamen también señalaba que la fiscalía y la Policía Nacional tenían “prohibido” divulgar “las actuaciones realizadas en el desarrollo” de la diligencia de detención preliminar. “La inobservancia de este mandato legal configura infracción muy grave, conforme a la ley que rija la carrera del funcionario o servidor infractor”, subraya el documento.
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Durante el debate, la congresista Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) advirtió que el Ejecutivo “en un afán de proteger a su entorno”- en especial al vocero presidencial Fredy Hinojosa, investigado por la red de corrupción en Qali Warma- observó la autógrafa del Congreso sobre la detención preliminar “para dilatar” este tema.
“Se intenta elevar la naturaleza de la detención preliminar para hacerla una figura casi similar a la prisión preventiva”, manifestó.
Luque cuestionó que la Comisión de Justicia no haya argumentado por qué solo 132 delitos son pasibles de esta medida y el resto, no.
Foja cero y un enfrentamiento
A su turno, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) calificó como “un acto indolente para con la población” que Mita haya acogido parcialmente las observaciones del Ejecutivo, cuando la ciudadanía espera la pronta restitución de la detención preliminar en caso de no flagrancia. Agregó que la Comisión de Justicia ha sido sumisa “a la voluntad insólita” del gobierno de pretender mediante una observación “desnaturalizar una propuesta legislativa”.
Muñante dijo que ve “con bastante preocupación” que el grupo que dirige Mita haya estado dispuesto “a seguirle el juego” a la administración de Boluarte.
Alertó que la Mesa Directiva del Congreso no le entregó el acta virtual para reunir las firmas y obviar del trámite de comisión la observación del Ejecutivo.

El congresista del partido celeste dijo que con esta dilación se ha dejado en “indefensión” a la ciudadanía frente a violadores y delincuentes. “Estamos dictaminando un problema y no una solución”, subrayó.
En respuesta, Mita justificó la propuesta de su comisión y negó que se haya tratado de una maniobra dilatoria.
“El debate que se ha generado hoy es importantísimo, ha podido haber errores [y la sesión de hoy] es justamente para subsanar, no hay ningún asunto de dilación, más bien lo que queremos es que esto se resuelva lo más pronto posible”, expresó.
Muñante, como dúplica, dijo que el predictamen de la Comisión de Justicia representaba volver a “foja cero”, porque en la práctica se trataba de un nuevo proyecto e iba a tener que volver votarse dos veces en el pleno y ser enviado al Ejecutivo, que lo podía volver a observar.
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La presión mediática
A su turno, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), afirmó que el trabajo legislativo, en referencia al predictamen, “no puede estar supeditado a la presión mediática ni al comentario antojadizo de algunos congresistas”.
Criticó que un sector de parlamentarios haya hecho suyo el discurso de que el Legislativo “induce a temas de criminalidad”.

“Muchos congresistas se avergüenza de eso y cambian la voluntad de su voto [...] Acá se está perfeccionando la figura de la detención preliminar para que no se constituya una instrumentalización política de persecución a funcionarios que han cumplido bien su labor”, dijo.
Por su parte, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Cavero (Avanza País), dijo que es evidente que el Ejecutivo está buscando “dilatar” la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia “por un evidente conflicto de interés”. “Por ejemplo, aquí [en el predictamen] no está incluido el delito de enriquecimiento ilícito, la propia presidenta está en la posibilidad de ser investigada por esto”, complementó.
Cavero dijo que si bien está a favor de que se les dé garantías a los detenidos preliminarmente y que no se difundan sus imágenes, no respalda que se limite la figura a una lista de lavandería de ilícitos y con postergar una decisión.
“Debemos ir por la restitución de la detención preliminar que fue lo que hicimos en el pleno [en diciembre]”, sostuvo.
El congresista de Avanza País indicó que si el Ejecutivo quiere que se debata su propuesta para regular esta figura, que presente un proyecto de ley.
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Tras un debate que duró poco más de una hora y 40 minutos, la Comisión de Justicia, a solicitud de Muñante, sometió a votación el dictamen de insistencia con cargo a redacción. Con 17 votos a favor y cinco en contra se aprobó la medida.
Los congresistas Mita, Cerrón, José María Balcázar y Américo Gonza, de Perú Libre, y David Jiménez, de Fuerza Popular, fueron los que marcaron en contra.
Bancada | A favor | En contra |
---|---|---|
Fuerza Popular | 3 | 1 |
Perú Libre | 4 | |
Alianza para el Progreso | 1 | |
Podemos Perú | 1 | |
Avanza País | 2 | |
Renovación Popular | 2 | |
Bloque Magisterial | 1 | |
Acción Popular | 1 | |
Somos Perú | 2 | |
Juntos por el Perú-Voces del Pueblo | 1 | |
Bancada Socialista | 1 | |
No agrupados | 2 | |
Total | 17 | 5 |
En declaraciones a la prensa, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se comprometió a que el dictamen de insistencia para restituir la detención preliminar será “uno de los primeros temas a verse en la primera sesión” del pleno cuando comience la nueva legislatura el 1 de marzo.
Salhuana dijo que él no tiene la atribución para llamar a un pleno extraordinario y remarcó que la única opción es que 78 congresistas firmen una petición para ello.
El congresista apepista reconoció que la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia “está afectando” la lucha en contra de la criminalidad.
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Una fórmula peligrosa
Al respecto, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que “la insistencia es lo más correcto” e indicó que una eventual presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo para regular la detención preliminar “no sería lo mejor”, porque ha quedado demostrado que el gobierno de Boluarte pretende “limitar esta figura”.
En comunicación con El Comercio, Andía advirtió que el gobierno, así no haya prosperado su observación, ha logrado su objetivo: postergar la restitución de la detención preliminar.
“No vamos a tener detención preliminar hasta que el Congreso vuelva a sesionar [en marzo]. Yo creo que aquí el Congreso ha jugado en pared con el Ejecutivo. Una de las razones del predictamen señala que la detención preliminar busca fabricar colaboradores eficaces y testigos protegidos, eso es parte del proceso penal”, expresó.
La ex alta autoridad calificó de “peligrosa” la fórmula que había planteado la Comisión de Justicia, controlada por Perú Libre, porque dejaba fuera no solo los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino también las lesiones graves contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los ilícitos tributarios, informáticos, así como la pornografía infantil y el hostigamiento sexual.
El ex viceministro del Interior Ricardo Valdés dijo que el Congreso ha dado una primera muestra de “querer desvincularse” de las propuestas deficientes del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.
“Yo espero que se tome la decisión cuanto antes, esto tiene que votarse en el pleno, sería oportuno que se le cite [antes de marzo], de lo contrario vamos a seguir desprotegidos”, agregó.
En diálogo con este Diario, Valdés sostuvo que la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar, ya ha tenido serias consecuencias, como que autoridades ligadas a la presidencia no pudieran ser detenidas preliminarmente,
“El gobierno ha buscado la complicidad del Congreso para que esto se mantenga así, tengo la impresión de que el Ejecutivo pensaba que el Parlamento iba a aceptar su fórmula para poner como base los delitos de ocho años. ¿La razón? Porque hay varias carpetas fiscales abiertas en contra de los congresistas. Aún está por verse lo que decida el pleno”, acotó.
La insistencia debe respetar el texto aprobado
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, advirtió que el texto de insistencia debe ser tal cual la fórmula que se aprobó en el pleno en diciembre pasado. De lo contrario, Mita y el secretario técnico de la Comisión de Justicia se arriesgan a una sanción en la Comisión de Ética y de corte administrativo, respectivamente.
El texto aprobado por el pleno del Congreso, el último 14 de diciembre, estable que la detención preliminar procede cuando “existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a cuatro años” y que se presenten indicios de la posibilidad de fuga u obstaculización.
En diálogo con El Comercio, Rospigliosi explicó que el dictamen de insistencia podría ser en el pleno, cuando comience la nueva legislatura en marzo, o si 78 congresistas firman una petición para la Mesa Directiva. La tercera vía, agregó, es que la presidenta Dina Boluarte llame a una sesión extraordinaria.
“Este problema se podría resolver si hubiese voluntad política, pero la presidenta no quiere convocar a un pleno extraordinario, tiene miedo de que se vaya a detener a su vocero”, finalizó.