Fue idea del cerronismo, no tuvo debate y recibió 94 votos: así se gestó la eliminación de la detención preliminar

Sin observación alguna, la norma fue promulgada este miércoles 11 de diciembre, luego de más de un mes, por el gobierno de Dina Boluarte. Y entró en vigencia este jueves. De esta forma, el Poder Judicial quedó imposibilitado por ley para dictar medidas de este tipo, mientras que la policía y la fiscalía ya no podrán detener a investigados por organización criminal, extorsión, sicariato, corrupción, violación, asesinato, secuestro o cualquier otro delito que no haya sido identificado o captado en tiempo real.

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Ampliamente cuestionado por abogados penalistas y expertos en seguridad, este polémico cambio fue titulado en sede parlamentaria solo como una ley para ‘garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la policía’.

ASÍ VOTARON LAS BANCADAS

Lo llamativo es que el texto votado en el Congreso no añadía algo textual a la ley existente para impedir la detención preliminar. Se hizo de otra forma: se incluyó una disposición complementaria para derogar el “literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal”

Ese literal era el que, hasta ahora, facultaba al Poder Judicial para dictar -a pedido de la fiscalía- una detención preliminar cuando no había flagrancia, pero había “razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito”, así como “cierta posibilidad de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad”.

En el pleno, la ley se aprobó ese día con 94 votos a favor luego de un debate de casi 50 minutos. Durante este, según corroboró El Comercio, sus impulsores no hicieron mención alguna, discutieron o justificaron la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Solo se abordó lo referido a los cambios que implicaban a la policía.

Ni siquiera los legisladores que se oponían a lo referido a la PNP, y que hoy critican la ley tras su promulgación, cuestionaron en ese momento lo que se estaba derogando. “No lo advirtieron”, comenta una fuente parlamentaria presente ese día en el Palacio Legislativo.

EL DETALLE DE LA VOTACIÓN

Quedará en la consciencia de cada parlamentario sí sabía o no todo lo que se estaba votando. Pero quien sí tenía, necesariamente, la intención de hacer ese cambio era la bancada de Perú Libre: el extremo de la ley que deroga la detención preliminar vino de un proyecto de ley suyo en la Comisión de Justicia, que preside el grupo cerronista.

El pasado 29 de mayo, el perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, presentó su proyecto para modificar el Código Procesal Penal con ese objetivo. En lugar de derogar el artículo sobre la detención preliminar, inicialmente se planteó agregar al texto que la medida procedía necesariamente “en caso de flagrancia delictiva”. El mismo efecto, pero con una redacción más explícita.

Lo llamativo es la justificación que hace el proyecto. El hermano de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre del 2023, alegó que la detención preliminar se había convertido en “un abuso frente a los investigados, al extremo que muchos juristas han referido que son un medio de fábrica de colaboradores eficaces”.

“Si analizamos los datos de todas las detenciones preliminares, el Ministerio Público no ha logrado acreditar con solvencia las responsabilidades penales de los perjudicados”, agrega el legislador. “Muchas detenciones preliminares se han dado para recabar y determinar la procedencia de la prisión preventiva”.

El texto no cita ejemplos concretos de lo alegado ni precisa quiénes son los “múltiples juristas” a los que se hace referencia.

El proyecto cerronista entró a trámite en la Comisión de Justicia, que por entonces era presidida por Américo Gonza, también de Perú Libre. Fue allí donde se acumuló en un solo predictamen junto al proyecto de Fuerza Popular para que no se pueda detener o pedir la prisión preventiva de policías que usen su reglamento y con otro de Gonza, para que los mayores de 80 años no cumplan sus penas en un penal.

El tema fue sometido a debate por la Comisión de Justicia en su sesión del pasado 26 de junio, la cual también fue revisada por este Diario. Como sucedería meses después en el pleno, al sustentar el dictamen, Américo Gonza tampoco hizo referencia a la derogación de la detención preliminar, sino solo a lo referido a la policía.

Waldemar Cerrón, presente ese día en la sesión como autor de uno de los tres proyectos, sí remarcó que su intención era “eliminar la detención preliminar cuando no existe una supuesto de flagrancia delictiva”. “Se ha convertido, es un espacio de dilatación de la investigación que favorece a unos y perjudica a otros”.

En un primer momento Waldemar Cerrón manifestó su oposición a lo relacionado a la policía y pidió un cuarto intermedio (receso) que su proyecto se separe de los otros dos. Pero más adelante cambió de opinión, levantó el cuarto intermedio y solicitó que el dictamen acumulado pase a votación. Salvo lo dicho por él como autor, tampoco hubo debate sobre las implicancias de eliminar la detención preliminar.

Ese día votaron a favor América Gonza, José Balcázar, Flavio Cruz y Kelly Portalatino (Perú Libre); Patricia Juárez, Héctor Ventura y Víctor Flores (Fuerza Popular), Alejandro Muñante, Norma Yarrow y Esdras Medina (Renovación Popular); María Acuña y Rosío Torres (APP); Heidy Juárez (Podemos Perú), Jorge Morante (Somos Perú); Elvis Vergara (Acción Popular) y la no agrupada María del Carmen Alva. Solo se opuso Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).

El dictamen fue aprobado. Ese mismo texto describe que la detención preliminar en casos de no flagrancia se aplicaba “no solo en casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos o crimen organizado, sino también en casos de violación sexual, sicariato, extorsión, asesinato, feminicidio, entre otros”.

Pese a ello, se afirma que “en la mayoría de países no existe la detención preliminar fuera de flagrancia, por lo que es una sin razón y vulnera el derecho de presunción de inocencia como de libertad (sic) el que la fiscalía cada año dé más uso a esta figura jurídica que no Ie exige rigurosidad en sus labores”. Esto a pesar de que la fiscalía no ejecutaba detenciones preliminares por su cuenta, sino que siempre debía haber una orden del Poder Judicial de por medio.

Solo con eso y citando cifras sobre esta medida, el dictamen concluye que “resulta viable jurídicamente establecer que las detenciones preliminares no deben prosperar si no es en flagrancia”.

Luego, en el apartado de la opiniones técnicas solicitadas y recibidas respecto al proyecto de Waldemar Cerrón, no se cita ninguna. Las posturas de otras entidades referidas en el dictamen solo son sobre los otras iniciativas acumuladas: la de la policía y de los mayores de 80 años.

El único cambio hecho respecto a la propuesta original de Waldemar Cerrón, explica el dictamen, es que “se opta por eliminar en sí este presupuesto (la detención preliminar en casos de no flagrancia) para así guardar relación con el objetivo y finalidad del proyecto de ley”.

El dictamen se elevó al pleno, que lo sometió a debate en su sesión del 6 de noviembre, dedicada a la inseguridad ciudadana. De hecho, fue el primer tema en agenda. Como se indicó, ese día solo se hizo referencia a lo vinculado a la policía, no se dijo nada sobre la eliminación de la detención preliminar para todos los casos de no flagrancia.

El texto se aprobó con 94 votos a favor: 20 de Fuerza Popular, 13 de APP, 10 de Podemos Perú, 6 de Perú Libre, 9 de Renovación Popular, 8 de Acción Popular, 5 del Bloque Magisterial, 8 de Avanza País, 1 de JP-Voces del Pueblo, 7 de Somos Perú, 5 de Honor y Democracia y dos no agrupados.

En el 2018, la lideresa fujimorista Keiko Fujimori y otros investigados fueron detenidos con órdenes de detención preliminar como las que acaban de ser derogadas. Ello como parte del Caso Cócteles, actualmente en juicio. Lo mismo ocurrió con José Luna Gálvez, actual legislador y líder de la bancada de Podemos Perú, en el 2020, como parte de una investigación por la presunta inscripción irregular de su partido.

En el caso de Perú Libre, dirigentes y allegados a Vladimir Cerrón fueron detenidos preliminarmente en el 2021 como parte de la investigación del Caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Y solo este año, al esposo de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), ausente en esta votación, se le dictó a misma medida como parte de una indagación por presunta corrupción.

Los 18 votos en contra vinieron del Bloque Democrático Popular (5), JP-Voces del Pueblo (4), Bloque Magisterial (2), Bancada Socialista (2), Podemos Perú (1), Acción Popular (1) y tres no agrupados. Las tres abstenciones se dieron desde JP-Voces del Pueblo (1) y la Bancada Socialista (2).

Finalmente, con cifras similares, se exoneró al proyecto de una segunda votación. Así, la autógrafa fue enviada al Ejecutivo. Este miércoles, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley y la publicó en el diario oficial El Peruano.

Coincidentemente, el hermano de la presidenta, el prófugo Nicanor Boluarte, y su exabogado Mateo Castañeda también fueron este año objetos de órdenes de detenciones preliminares, como parte del caso ‘Waykis en la Sombra’. Esa medida luego fue revocada, pero más adelante se les impuso prisión preventiva por el mismo proceso judicial.

La ley entró en vigencia este jueves, el mismo día en que el Ministerio del Interior celebró en sus cuentas en redes sociales la detención de John Quispe, alias ‘Sonchi’, a quien señalaron como “sicario de Los malditos del 14 de Las Malvas”. En el operativo, también se le encontraron armas y municiones.

Desde el Mininter confirmaron a este Diario que esa detención se dio gracias a una orden de detención preliminar en un caso de no flagrancia. Consultados si la nueva ley, que el Ejecutivo no observó, no impedía una captura de ese tipo, respondieron que esta se dio “el 11 de diciembre a las 2 a.m.”. Es decir, horas antes de que la ley entre en vigencia.

La historia ahora ya es otra: investigados como ‘Sonchi’ ya no podrán ser detenidos preliminarmente desde este jueves, en medio de la creciente amenaza del crimen organizado. Además, quienes están ahora bajo una orden de ese tipo, como este presunto sicario, el investigado por el reciente asesinato de una niña de 12 años o el detenido el último miércoles por un caso de pornografía infantil, podrían pedir al Poder Judicial que esta ley se les aplique retroactivamente para salir libres.

Serán las consecuencias de una modificación que nunca fue específicamente debatida, que no recibió ningún apoyo técnico y que el gobierno se limitó a promulgar sin observación alguna.

Reacciones tardía

Podría modificar ley ya promulgada

En medio de la polémica desatada tras la promulgación de esta ley, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuya bancada votó a favor, aseguró que “tiene la misma preocupación” y que ha dispuesto que su equipo de trabajo “haga una revisión de esa norma”. La bancada del titular del Legislativo, APP, votó a favor de la norma.

“Tiene aspectos positivos, pero en cuanto al tema de la detención preliminar, creo que tenemos que corregir, tenemos que rectificar. Me parece que no permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia va a limitar la acción de la justicia”, dijo a la prensa en el Congreso.

Salhuana sostuvo que “están viendo los mecanismos para agilizar” era rectificación a través de un proyecto de ley. “Hay que hacerlo ahora, tenemos la Comisión Permanente que se pude pronunciar en enero”, afirmó. La legisladora Ruth Luque presentó una iniciativa para restituir la detención preliminary, al cierre de esta nota, juntaba firmas para que su propuesta sea vista directamente por el pleno.

Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien eran vicepresidente de la Comisión de Justicia cuando esta aprobó el dictamen, dijo que “al parecer ha habido una negligencia” de ese grupo de trabajo, que “está siendo presidida por Perú Libre” y que direccionaría proyectos que favorecen a Vladimir Cerrón.

“Uno no está pendiente de todos los detalles”, admitió. “Lo que ha resultado es que ha habido esta eliminación, de una figura que ha estado muy cuestionada, debemos decir. Lo que debemos hacer ahora es corregir. En mi despacho vamos a trabajar un proyecto para restablecer la detención preliminar, con algunos ajustes”, afirmó.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, sostuvo en RPP que esta modificación está “en líneas generales, en el marco de la Constitución, dentro del marco de la legalidad”. Además, resaltó que el Congreso tomó en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo respecto a la situación de la detención preliminar y supuestos “abusos” de la fiscalía.

A pesar de que la ley ya fue promulgada por el gobierno del que él forma parte y que ya está en vigencia, Arana aseguró que ahora van “a analizar la pertinencia de esta norma y, si consideramos pertinente, haremos la propuesta o la modificación”.

Cuando se le preguntó si esta ley perjudicaba la lucha contra el crimen, el ministro respondió que la fiscalía “pudo alertar en su momento” y “convocar a la ciudadanía”. Sobre cuál fue la postura de su sector tras la aprobación de la ley, dijo que ellos se limitan a hacer un análisis respecto a la constitucionalidad de la ley y que “lo que presentamos fue una opinión en que llamamos a que esto se deba opinar también por otros ministerios”.

Más reacciones

Perú Libre defiende su ley

En tanto, el saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, dijo que serán los jueces y juezas quienes determinarán si la norma es adecuada a la Constitución para definir si la aplican.

“Los jueces tienen la última palabra y si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución, las aplicaran, y si no, lo contrario. Los jueces tienen la facultad de inaplicar las normas cuando son contrarias a la Constitución”, expresó.

También dijo que es un tema discutible porque “hemos visto que se ha abusado de esta detención, entonces habrá quienes están a favor y en contra”. “No se pueden encarcelar de buenas a primeras. Nadie aceptaría estar en prisión varios días y después que le digan: váyase a su casa”, sostuvo.

El Comercio consultó a Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, sobre el propósito de esta polémica norma impulsada por su bancada. "Es una ley de mejora del sistema de justicia, hay que apoyarlo", replicó. Cuando se le preguntó si esto era así incluso si se beneficba a investigados por crimen organizado, asesinato o extorsión, no hubo otra respuesta.

Este Diario también envió mensajes a congresistas de distintas bancadas que aprobaron esta ley respecto a si eran conscientes de que también se estaba eliminando la detención preliminar. Uno de los pocos que respondió fue Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

El legislador fujimorista refirió un tuit suyo en que afirmaba que la detención preliminar era “usada abusivamente por fiscales. Cuando se le preguntó si también era una medida abusiva cuando se dictaba detenciones preliminares en casos de organizaciones como ‘Tren de Aragua’ o ‘Hijos de Dios’, respondió que “no siempre, por supuesto”.

Luego de hacérsele notar que la ley impedía toda detención preliminar que no sea en flagrancia, sin distinción alguna, ya no hubo más réplica.