Fuerza Popular exigió el último domingo la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pocas horas después del asesinato de Paul Flores García, vocalista de la agrupación musical Armonía 10. El crimen ocurrió durante un atentado contra el bus de la orquesta en San Juan de Lurigancho. Además, en el mismo fin de semana, un atentado con explosivos en los exteriores del club campestre Chepita Royal, en Puente Piedra, dejó al menos 11 heridos.
El pronunciamiento del fujimorismo representa un cambio de postura, ya que previamente Fuerza Popular se negó a firmar una moción de censura contra Santiváñez, impulsada desde hace semanas por la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular). En la práctica, el ministro ha mantenido su cargo gracias al respaldo político de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), así como el firme apoyo de la presidenta Dina Boluarte.
Fuerza Popular sostuvo mediante un comunicado: “La grave crisis de inseguridad que enfrenta el país evidencia el fracaso de la estrategia del ministro del Interior. A pesar del tiempo que se le otorgó, los hechos recientes confirman que no se han conseguido los resultados esperados”.
Esa afirmación contrasta con declaraciones previas de congresistas fujimoristas, como Alejandro Aguinaga. En febrero pasado, Aguinaga aseguró a El Comercio que los informes del Ministerio del Interior demostraban avances en la lucha contra el crimen. “Por ejemplo, del Tren de Aragua, la gran mayoría [de sus integrantes en el Perú] han sido capturados”, afirmó entonces.
Incluso, horas antes del comunicado, el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi expresó dudas sobre la conveniencia de la renuncia de Santiváñez, advirtiendo que su reemplazo podría empeorar la situación. “En varias oportunidades, no solo en esta cartera sino también en otras, hemos visto que las cosas han empeorado”, declaró a RPP la mañana del domingo.
En tanto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, había evitado pronunciarse sobre la permanencia de Santiváñez en enero pasado, cuando la ola de criminalidad alcanzó un nuevo nivel con el atentado con explosivos contra una sede del Ministerio Público en Trujillo, en pleno estado de emergencia.
“No me pronunciaría sobre la persona, sobre todo porque no ha habido un debate partidario”, declaró a El Comercio el 29 de enero, durante un evento en Panamá.
Ahora, Fuerza Popular ha señalado: “Exigimos su renuncia inmediata. De lo contrario, presentaremos en las próximas horas una moción de censura”.
El partido también reconoció que “los ciudadanos están desprotegidos” y subrayó que “no basta con cambiar de ministro; el gobierno debe implementar medidas firmes de inteligencia y estrategia para enfrentar a los criminales que actúan con total impunidad. Las leyes están dadas, pero deben ser aplicadas con severidad y sin titubeos por la Fiscalía y el Poder Judicial”.
Desde su nombramiento en mayo de 2024, Santiváñez ha sido protegido o respaldado directa o indirectamente por el Congreso en al menos cinco ocasiones, como informó este Diario. Esto a pesar de las investigaciones fiscales en su contra y los cuestionamientos por el incremento de la criminalidad en el país. La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real.
Durante su gestión, las extorsiones se han incrementado, afectando a colegios privados, bodegas, barberías, empresas de transporte público y profesionales del sector salud, entre otros. A pesar de esta crisis, un sector del Parlamento había rechazado debatir su censura.
Más voces se suman
La bancada de Avanza País también exhortó a la presidenta Boluarte a solicitar la renuncia inmediata de Santiváñez, argumentando que “la crisis de inseguridad ha llegado a límites insostenibles”.
“No hay más tiempo para excusas ni estrategias fallidas. No podemos seguir bajo un liderazgo ineficaz mientras la violencia arrasa con la vida de los peruanos”, agregó la agrupación en un comunicado difundido en sus redes sociales el último domingo.
No obstante, al menos una de sus integrantes, la congresista Rosselli Amuruz, aún no ha firmado la moción de censura contra Santiváñez, a pesar de que el pasado 26 de febrero aseguró que lo haría.
Por su parte, Renovación Popular pidió la renuncia del ministro del Interior y el reemplazo del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.
Además, el vocero de esa bancada, Alejandro Muñante, señaló que ha firmado una moción de censura contra Santiváñez, impulsada por su colega Diego Bazán, de la misma agrupación.
Por ahora, los partidos o bancadas que han pedido públicamente la renuncia del ministro tras los últimos atentados son Fuerza Popular (21 integrantes), Renovación Popular (11), Acción Popular (9) y Avanza País (7). En tanto, la Bancada Socialista (5) y el Bloque Democrático (5) plantean la censura.
Para censurar a un ministro se requieren al menos 66 votos; es decir, más de la mitad del número legal de congresistas (130).
Pronunciamiento tibio
APP también se pronunció el último domingo tras el asesinato del vocalista de Armonía 10. No obstante, su comunicado se limitó a declaraciones generales, sin mencionar directamente la posibilidad de censurar a Santiváñez o exigir su renuncia.
El partido de César Acuña instó a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial a “actuar de forma conjunta para parar la ola de extorsión y de violencia”.
El Comercio consultó al secretario general de APP, Luis Valdez, por la postura de esa agrupación respecto a la censura o renuncia de Santiváñez, y respondió: “Queda claro que todos los que tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad han fallado. Se necesita la renuncia de todos los que tienen el deber de protegernos”.
Valdez señaló que el enfrascamiento en pleitos y discusiones políticas de los titulares de las entidades que deben perseguir el delito ha hecho que se desborde la criminalidad en el Perú.
Al cierre de esta edición, Lady Camones fue la única congresista de APP que se pronunció a favor de la censura. “Esto es insostenible. Apoyo la censura. ¡No más Santivañez!”, dijo en su cuenta en la red social X. Luego, precisó a El Comercio que se trata de una postura personal. “Aún no he hablado con la bancada. Estoy fuera de Lima”, señaló.
Camones firmó la moción de censura que impulsa Paredes. Con esa decisión, la moción alcanzó 33 rúbricas, la cantidad mínima que requería para ser presentada al Congreso.
Paredes destacó en su cuenta de X: “Finalmente, con la firma de la congresista Lady Camones, hemos conseguido las 33 firmas para proceder a la censura del ineficiente ministro Santivañez, después de tantas muertes de inocentes. Ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú”.
ESTOS SON LOS CONGRESISTAS Y BANCADAS QUE FIRMARON LA MOCIÓN DE CENSURA:
Al cierre de esta publicación, se sumó la firma de la congresista María del Carmen Alva (no agrupada).
Defiende la permanencia de Santiváñez
El vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, se opuso públicamente a la salida de Santiváñez.
Según Montoya, “es importante reconocer los avances que, aunque poco comunicados, viene logrando la Policía Nacional del Perú”.
“Algunos sectores políticos, con el único fin de ganar votos en estas elecciones, buscan generar inestabilidad a través de la solicitud de la salida del ministro del Interior”, cuestionó.
Respuesta tardía
El exministro del Interior Óscar Valdés y el exdirector de la Policía Eduardo Pérez Rocha coincidieron en señalar que el pronunciamiento de Fuerza Popular es tardío.
Valdés agregó que la postura del fujimorismo solo responde a cálculos políticos de cara a las elecciones del 2026. “Han estado buscando un momento propicio para poder liberarse de esa carga, del pasivo que le está generando hasta ahora″, dijo.
En opinión de Valdés, la nueva postura del fujimorismo “puede ser el inicio de una vacancia presidencial, que los congresistas han estado esperando ansiosamente. Ellos no quieren llegar a las elecciones del 2026 con la carga pesada de ser parte del gobierno”.
El también precandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) destacó que “Santiváñez nunca debió asumir como ministro” debido a su desempeño como abogado. “Hizo regresar a la Policía Nacional a policías con mala conducta y hasta delincuentes, solamente con el ánimo de lucrar. [...] Además se filtró como viceministro y después serruchó a un ministro del Interior. [...] Entonces, llegó por la puerta falsa y no ha tenido conocimiento del problema de la inseguridad ciudadana”.
Pérez Rocha cuestionó que legisladores fujimoristas hayan considerado inoportuna la salida de Santiváñez meses atrás, cuando ya la ola de criminalidad golpeaba a la ciudadanía. “Ya la situación es bastante grave. La responsabilidad política la tiene el ministro”, añadió.
Recordó que el ministro se reunió con representantes de orquestas y locales de eventos musicales en diciembre pasado. “Anunció que les iba a dar amplias garantías. Ya es hora de que la mentira y los datos falsos que siempre emite tengan consecuencias. [...] No me explico cómo es posible que se mantenga en el cargo una persona que no tiene resultados positivos”, dijo.
El exdirector de la PNP destacó que “desde que nombraron a Santiváñez han ido en aumento las muertes por actividad delincuencial, al extremo de que ya tenemos más de seis muertos por día. [...] Es defensor de la presidenta y está más dedicado a denunciar a la fiscal de la Nación y crear problemas dentro del sistema de justicia”.
En defensa de Santiváñez
El ministro de Educación, Morgan Quero, informó que hubo una reunión extraordinaria en Palacio de Gobierno este domingo, pero no se abordó una posible renuncia de Santiváñez.
Incluso aseguró que la labor del titular del Interior viene dando frutos.
“Somos respetuosos de la dinámica del Congreso. Hemos tomado debida nota de las expresiones de diversas bancadas. [...] Creo que el señor ministro del Interior ha desarrollado una serie de estrategias que han ido dando resultados. En los últimos días se han capturado a varias bandas de delincuentes. [...] No se trata de cambiar a una persona, se trata de buscar altermativas que nos permitan comprometernos de manera conjunta”, dijo en entrevista con “Punto Final”.
Poco después, el primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que se decretará estado de emergencia en Lima y Callao. No se refirió a la situación de Santiváñez.
“Tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. [...] Finalmente, se ha previsto decretar una reforma integral del sistema penitenciario. En la lucha contra el crimen organizado, todos los peruanos debemos de mantenernos unidos, superando todas nuestras diferencias sean de cualquier índole”, dijo mediante su cuenta en X.
