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La contratación de Carmela Paucará Paxi- acusada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Cócteles- en la oficina de Rosangella Barbarán en el Parlamento fue respaldada por Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular.
La contratación de Carmela Paucará Paxi- acusada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Cócteles- en la oficina de Rosangella Barbarán en el Parlamento fue respaldada por Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular.
“Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia. La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, escribió Keiko Fujimori en sus redes sociales.
El Comercio informó que la congresista fujimorista incorporó desde julio último a Paucará en el cargo de técnico en su despacho con un salario de más de S/5.100.
Al respecto, el portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo que la ahora funcionaria del Poder Legislativo tiene el derecho a trabajar, a pesar de que esté a la espera de la instalación de un juicio oral en su contra.
“¿Esta persona está inhabilitada para trabajar, de ganarse un sueldo de manera digna? Ella es un ser humano, tiene el derecho de ganarse la vida. Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza no le puede quitar ese derecho. Ella ni siquiera era secretaria de Keiko Fujimori en el 2011″, manifestó Torres en comunicación con El Comercio.
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Torres dijo que Barbarán no informó a la dirigencia fujimorista sobre la contratación de Paucará, pero remarcó que no tenía por qué hacerlo.
“Las contrataciones de cada congresista son de su responsabilidad. Nosotros respaldamos que toda persona tiene el derecho a trabajar”, remarcó.
El exparlamentario, además, afirmó que no tienen por qué evaluar dentro del partido naranja si Paucará continúa o no trabajando en el Congreso.
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“No existe ninguna irregularidad”
Por su parte, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, refirió que la también secretaria nacional de Ética y Disciplina del partido fujimorista “tiene derecho al trabajo”. “A menos de que yo me confunda y hayan cambiado la Constitución, porque toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario”, agregó.
En diálogo con este Diario, Alegría subrayó que no existe “ninguna irregularidad ni tampoco prohibición” para que Paucará labore en una oficina congresal.
El congresista fujimorista, incluso, dijo que esta contratación no se puede comparar con las cuestionadas designaciones que realizó el expresidente Pedro Castillo durante su mandato.
“La señora Paucará no está sentenciada ni investigada por actos de corrupción. Y como técnico de una oficina congresal no maneja fondos públicos. Aprendamos a separar la paja del trigo. Nombrar en el Ejecutivo a funcionarios con sospecha de corrupción y con la posibilidad de manejar recursos, sí era cuestionable”, expresó.
El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), también se pronunció a favor de Paucará. “¿Dónde está la presunción de inocencia?”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
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Fiscalía solicitó más de 22 años de cárcel
En marzo de 2021, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, solicitó que Paucará sea condenada a 22 años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Por el mismo caso, Pérez pidió 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper y Adriana Tarazona.
La fase de control de acusación concluyó en junio último. Desde ese momento, se espera la programación del inicio del juicio oral.
Durante las audiencias de control de acusación, el fiscal Pérez señaló que “a la luz de los elementos de convicción recabados, se ha logrado determinar que Carmela Paucará Paxi no era cualquier persona vinculada a la organización criminal, sino que era la secretaria de confianza de Keiko Sofía Fujimori Higuchi”.
Para la fiscalía, la ahora funcionaria del Congreso se ubicó en el tercer nivel de la presunta red que habría liderado Fujimori para ocultar los aportes de Odebrecht en la campaña electoral del 2011.
La acusación fiscal refiere que Paucará apoyó a Adriana Tarazona, exdirigente de Fuerza Popular, en la administración de activos ilícitos.
Paucará estuvo con detención preliminar en octubre del 2018 por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Al mes siguiente, el mismo magistrado declaró infundado el pedido fiscal para que reciba prisión preventiva.
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Paucará recibía un salario de Fuerza Popular de más de S/5.700 cuando fue coordinadora nacional de Actividades de ese partido, según informó el portal El Foco. Este dinero provino del financiamiento público que reciben las agrupaciones con presencia en el Congreso.
Torres ha indicado que, en la actualidad, la trabajadora del Congreso ya no recibe ingresos por parte del partido fujimorista.
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