Los cambios realizados por la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), al dictamen que impedía que los condenados por homicidio, secuestro, entre otros delitos puedan postular a cargos de elección popular, así como la postura de la izquierda entramparon la votación de la reforma constitucional.

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