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El asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad, volvió a poner en la mira de un sector del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien inicialmente había puesto en duda la veracidad de la denuncia de secuestro que antecedió a la masacre.
El congresista Edward Málaga (no agrupado) reimpulsa desde el domingo 4 de mayo una moción de censura contra Adrianzén. Se trata de una propuesta que empezó a circular el pasado 10 de abril, pero que había perdido fuerza y solo contaba con 18 firmas.
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Al cierre de este informe, Málaga dijo a El Comercio que, tras conversaciones, estimaba sumar las firmas de Flavio Cruz (Perú Libre) y Jorge Montoya (Honor y Democracia). Agregó que se mantenía en comunicación con otros parlamentarios.
Se necesitan al menos 33 firmas para que el documento pueda ser admitido a trámite y 66 votos en el pleno para aprobar la censura.
Por incapacidad
El documento plantea la censura de Adrianzén “por su notoria incapacidad para el cargo”. Destaca, entre otros hechos, su responsabilidad política frente a la ola de criminalidad que golpea al país.
ESTA ES LA MOCIÓN DE CENSURA QUE IMPULSA UN SECTOR DEL CONGRESO:
La moción destaca que “el crimen organizado continúa realizando multimillonarias actividades ilícitas y escalando la violencia” en Pataz, “donde empresas mineras formales como Poderosa sufren reiterados ataques con armas de guerra, causando la muerte de trabajadores y graves daños a infraestructura energética”.
El pasado 30 de abril, Adrianzén puso en duda públicamente la veracidad del secuestro de los mineros, cuyos cadáveres fueron hallados el domingo 4 de mayo, atados y con impactos de bala.
El jefe del Gabinete había manifestado sobre el secuestro: “Nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos de seguridad no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”.
Incluso añadió en conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que “se ha recibido información extraoficial [...] que reitera la inexistencia de este hecho”.
El congresista Málaga afirmó en declaraciones a El Comercio que el crimen en Pataz “ratifica la necesidad de actuar políticamente” contra Adrianzén.
“Promoví la interpelación de Adrianzén a pesar de las resistencias, miedos y temores de mis colegas. Y también preparé una moción de censura que se enfrió un poco por el feriado [por Semana Santa] y la semana de representación, pero que está a la espera de que más congresistas se sumen y firmen. Estoy retomando comunicación con los colegas”, señaló.
Previamente, Málaga señaló en la red social X: “¿De qué han servido los estados de emergencia? ¿De qué sirvió que Adrianzén vaya a Pataz a prometer más bases policiales? El despliegue de policías y militares no tiene sentido si no hay órdenes contundentes de acabar con esa delincuencia. Adrianzén debe dejar el cargo”.
Adrianzén fue interpelado por el pleno del Congreso el pasado 9 de abril. Allí no admitió el fracaso de los estados de emergencia.
Firmantes
Hasta el domingo 4 de mayo, la moción contaba con las firmas de Málaga (no agrupado), Jaime Quito, Silvana Robles (Bancada Socialista), Ruth Luque, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Edgard Reymundo, Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista).
También se sumaron Roberto Sánchez, Guillermo Bermejo, Elías Varas, Wilson Quispe, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Juan Burgos, Raúl Picón (Podemos), Margot Palacios y Pedro Martínez (no agrupados).
Roberto Sánchez, vocero de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, declaró que el asesinato de los mineros “pone en evidencia la total desubicación política y ausencia de empatía mínima del primer ministro Adrianzen”. Agregó que “su censura inmediata debe iniciar un gobierno de transición y salida política ad portas de las elecciones transparentes 2026”.
Héctor Acuña, parlamentario de Honor y Democracia, también consideró que debe evaluarse la censura del primer ministro: “Lo merece, previo documento bien elaborado. Tiene que considerarse los últimos acontecimientos”, dijo a El Comercio.
La bancada de Renovación Popular, por su parte, exigió mediante un comunicado la “renuncia inmediata” de Adrianzén y una reconfiguración total del Gabinete Ministerial.
“La ola de inseguridad ha generado una crisis social sin precedentes en nuestro país, en la cual el Poder Ejecutivo ha demostrado total incapacidad y falta de estrategia para combatirlo”, argumentó.
La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) publicó en X que “la execrable muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz ratifica el fracaso rotundo del gobierno frente a la delincuencia”. Sin embargo, Yarrow no ha confirmado si firmará la moción.
Algunos sectores, en cambio, han evitado pronunciarse con firmeza. El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, dijo que “en estado de emergencia responden primero las autoridades del Ejecutivo como el ministro del Interior, el comandante general de la PNP y el jefe de la Región Policial de Trujillo”, y que el Congreso ejercerá su derecho de control político “de acuerdo a ello”.
El partido APP no se pronunció hasta la publicación de esta nota. Hasta la fecha da soporte político al gobierno de Dina Boluarte.
Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, indicó que no se le hizo llegar la moción y que no ha decidido aún si la firmará. “Creo que será necesario emplazar al Mininter [Ministerio del Interior] para que informe sobre el caso y sus actuados”, expresó.
Desde Fuerza Popular, ni el vocero Arturo Alegría ni la congresista Patricia Juárez respondieron a nuestros pedidos de pronunciamiento sobre el tema. Poco después, la bancada fujimorista informó mediante un comunicado que buscará la interpelación al ministro de Defensa, Walter Astudillo.
Más pronunciamientos
En tanto, la congresista María del Carmen Alva condenó el crimen en Pataz: “Este atentado terrorista de la minería ilegal no puede quedar impune. En pleno Estado de Emergencia, el abandono del Estado es inaceptable. ¡Basta de mirar a otro lado! Exigimos justicia”. No obstante, tampoco ha confirmado su adhesión a la moción.
Para la congresista Silvana Robles, las acciones del Ejecutivo han sido tardías e insuficientes. “Trece trabajadores ejecutados en Pataz, en terrenos de la minera Poderosa, y el Gobierno dudó de la veracidad del secuestro pese a denuncia. Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo”, dijo.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior informó que ha desplegado equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, además de divisiones especializadas en secuestros, extorsiones y homicidios de la Dirincri. La institución aseguró estar trabajando “estrechamente con las Fuerzas Armadas” para capturar a los responsables.
La minera Poderosa había señalado que el secuestro de los trabajadores evidencia el deterioro extremo de la seguridad en la zona. “Llama poderosamente la atención que la semana pasada la PNP haya movilizado a más de 800 efectivos para un operativo que, lamentablemente, no contempló mayores interdicciones de bocaminas ilegales ubicadas en la zona”, indicó la empresa el pasado 2 de mayo. También señaló que desde 2020, varias de sus concesiones han sido tomadas por mineros ilegales.
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