Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, no acudió a la comisión del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el consorcio brasileño.
En un escrito enviado por su defensa legal en el Perú, el exdirectivo alegó una serie de “violaciones” cometidas por el equipo especial de fiscales y la Procuraduría Pública Ad Hoc a cargo del caso.
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Así lo informó el presidente de dicha comisión, Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien detalló la respuesta del abogado de Barata en nuestro país a la citación enviada el pasado 1 de agosto.
“Dejamos constancia que ante la invitación que oportunamente le cursamos al señor Jorge Henrique Simoes Barata, mediante carta del 1 de agosto del 2025, su defensa legal en el Perú nos informa sobre la imposibilidad de brindar el testimonio requerido como consecuencia de una serie de supuestas violaciones cometidas por el equipo especial de fiscales y la Procuraduría Pública Ad Hoc, que participa en los casos penales vinculados a Odebrecht y sus ejecutivos”, expresó.
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En octubre del 2024 la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la resolución que había revocado los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019 entre Barata y el Ministerio Público.
Aquella vez, la resolución precisó que Jorge Barata obtuvo el beneficio premial de exención de la pena en los casos Avenida Evitamiento - Cusco, Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, y la Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2.
Cabe indicar que en enero pasado el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva dictada contra Jorge Barata y la modificó para que cumpla comparecencia con restricciones en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional le dio la razón a la apelación que presentó la defensa legal del empresario brasileño para revocar el fallo del 7 de octubre del 2024, en el cual el juez Leodán Cristóbal Ayala ordenó 36 meses de prisión preventiva.
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A Jorge Barata se le dictó comparecencia con restricciones por el plazo de 24 meses con reglas de conducta que incluyen control biométrico de forma virtual a través del “control virtual penal de procesados y sentenciados libres”.
Tampoco podrá ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial y deberá atender los pedidos para presentarse ante autoridades fiscales y judiciales cada vez que sea requerido, de forma virtual.
