Defensa legal de Jorge Salas Arenas por caso A.N.T.A.U.R.O. será costeada con dinero del Estado: supera los S/70 mil

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Según documentos a los que accedió El Comercio, Salas Arenas ingresó una solicitud al JNE el último 24 de abril, en el marco de la denuncia constitucional N°451 que planteó en su contra el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) el año pasado, pero que aún sigue vigente al interior del Legislativo. Se le atribuye la infracción de hasta cinco artículos de la Constitución.

“Me dirijo a su despacho, en mi condición de expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, para solicitarle (...) se sirva disponer las acciones necesarias para que se me brinde la defensa legal que por ley me corresponde”, se lee en su escrito dirigido a Roberto Burneo, actual titular del JNE.

El requerimiento del abogado y juez supremo se ampara, según se consigna, en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento respectivo, los cuales habilitan a los servidores del Estado a contar con asesoría legal –incluso en investigaciones congresales– por actos en el ejercicio de su función.

Como parte del proceso administrativo, Salas Arenas tuvo que adjuntar a su solicitud, entre otros, un valor estimado del servicio de defensa legal requerido, donde se consigna que el monto ascendería en total a S/70.800, planteándose para ello al Estudio Arbizu & Gamarra SAC.

“La propuesta de defensa es por todo el proceso, desde la aceptación de la propuesta hasta la decisión del pleno del Congreso que pone fin al procedimiento parlamentario”, indicó Salas por escrito.

El pedido tuvo que ser analizado indefectiblemente a la interna del JNE. Tras una observación por temas de forma, finalmente la solicitud fue declarada procedente, emitiéndose una resolución desde la presidencia del JNE en ese sentido el pasado 8 de mayo; es decir, 15 días después de ingresada.

En esta, se dispone que las direcciones de recursos humanos y de planeamiento “adopten las acciones pertinentes para la ejecución de los gastos respectivos en virtud a la defensa legal aprobada”, “de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la entidad y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

Se aceptó que el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal sea “por todo el proceso”, hasta la decisión que se adopte a nivel del pleno del Congreso.

Según fuentes de este Diario, esta es solo una de las cuatro denuncias constitucionales que acumula Salas Arenas a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Ya se dio cuenta de ella y se está a la espera de la presentación del informe de calificación.

Se le atribuye al expresidente del JNE la infracción de los artículos 38, 51, 103, 178 y 181 de la Carta Magna por la inscripción, a fines del 2023, del partido del cabecilla del ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala, y que posteriormente fue declarado ilegal por la Corte Suprema al contravenir abierta y evidentemente los principios democráticos.

“Al permitir la inscripción de un grupo de personas que han declarado abiertamente su convicción y principios antidemocráticos y contrarios al ordenamiento legal, el señor Salas incumplió con su deber de proteger los intereses nacionales”, se le imputa en la denuncia.

También se sostiene que la declaración de sumisión al orden democrático que la agrupación de Humala hizo en su acta de fundación “se revela como un engaño hacia la autoridad electoral liderada por Jorge Luis Salas Arenas”.

“Este hecho ha sido pasivamente pasado por alto, evidenciando una negligencia que contraviene la misión constitucional y legal del JNE de garantizar que los partidos cumplan y hagan cumplir la vigencia y defensa del sistema democrático”, se sostiene.

El pasado 18 de febrero de este año, ya se había emitido otra resolución en el JNE declarando procedente la solicitud de defensa legal a favor de Salas Arenas por la denuncia N°352, en donde se le atribuye presunto delito contra la administración pública. Aunque no se conocen mayores detalles de esta.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó a este Diario que si bien los magistrados no pueden litigar, hay una excepción cuando se tratan de causas personales y Salas –abogado de profesión– podría haber decidido efectuar su propia defensa, sin necesidad de usar recursos públicos.

“La norma debe ser modificada con carácter de urgencia, porque esta siendo usada y abusada, en perjuicio de los contribuyentes. El señor Salas Arenas si bien es cierto está prohibido de litigar, esto es excepto en causas personales. Podría ejercer su defensa en este caso muy bien”, acotó.

En tanto, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) también cuestionó este hecho y remarcó que este mecanismo es opcional, mas no una obligación del implicado.

“Habiéndole hecho tanto daño a nuestro sistema electoral, hoy el señor Salas Arenas tiene la sinvergüencería de pedir este alto monto para poder defenderse de una denuncia constitucional, a lo cual ni siquiera está obligado. En su calidad de juez y abogado de profesión puede ejercer su propia defensa, o simplemente contratar a otro con su propio peculio”, cuestionó.

Al cierre de este informe, Salas Arenas respondió puntualmente a este Diario y remarcó que se trata de “un derecho que tienen todos los funcionarios públicos”. Además, consultado por su postura ante la denuncia planteada por el congresista Cavero, aseguró que actuó “conforme a ley”.