El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos (Podemos Perú), solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se adopten las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las investigaciones que involucran al exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini.
El pedido se envió ante la posibilidad de que Demartini Montes sea nombrado embajador del Perú ante el Vaticano, pese a que enfrenta una investigación preliminar junto con la exviceministra de Prestaciones Sociales Jéssica Niño de Guzmán.
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Dicha investigación, llevada a cabo por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se centra en los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, en relación con la presunta red de corrupción en el programa Qali Warma.
“En este contexto, resulta preocupante la declaración del canciller Elmer Schialer Salcedo al diario oficial El Peruano, en la que afirmó ‘no ver ningún impedimento legal’ para dicho nombramiento y señaló que la decisión debe ser evaluada por la presidenta de la República a través de los canales oficiales”, señaló Burgos en un oficio.
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“De concretarse el nombramiento del señor Julio Demartini Montes como embajador del Perú ante la Santa Sede, se pondrían en riesgo las investigaciones en curso del Ministerio Público, ya que obtendría inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961)”, agregó.
Para Burgos, una eventual designación de Demartini como embajador ante el Vaticano implicaría que no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras ejerza el cargo y esté acreditado en la Santa Sede.
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Asimismo, aseguró que sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin la autorización del país receptor o del propio Estado peruano, lo que dificultaría la obtención de pruebas en su contra y afectaría el desarrollo de las investigaciones.
“En este sentido, su designación podría interpretarse como un acto premeditado de obstrucción a la justicia”, advirtió Juan Burgos en el documento enviado a la titular del Ministerio Público.
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“Al respecto, y al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el artículo 22°, inciso b) del Reglamento del Congreso, solicito que, conforme al artículo 159 de la Constitución, se adopten las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las investigaciones que involucran al exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes”, sentenció.
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