Congreso: Esta es la agenda pendiente para el último tramo del quinquenio 2021-2026

Cuando concluya el actual receso parlamentario, el Congreso ingresará a su recta final con la última legislatura del quinquenio 2021-2026. Y tal como lo apuntan especialistas, significará un período en el que los legisladores salientes se enfrentarán a una capacidad cada vez más reducida de influencia en el Estado, mientras que a su vez se concentrarán los esfuerzos en impulsar proyectos de visibilidad inmediata, sobre todo con un enfoque regional.

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En lo que va del actual período legislativo, se han presentado 13.619 proyectos, de los cuales el 42% permanece aún en comisiones sin emitirse un dictamen; mientras que solo el 26% fueron aprobados y publicados en el diario oficial El Peruano. Además, hay un grueso de iniciativas que, aunque con dictamen, aún permanecen sin ser definidas.

Aun así, en diciembre, ya se han registrado más de 200 nuevos proyectos, principalmente orientados a la creación de nuevos distritos y provincias, así como en asuntos laborales y remunerativos, con iniciativas para actualizar escalas salariales y regular los traslados de trabajadores entre los distintos regímenes.

A opinión de Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, hay tres aspectos que van a caracterizar —y hasta condicionar— este último tramo legislativo y que modificarán la dinámica habitual.

En principio, la simultaneidad electoral, que se da luego de dos décadas, al coincidir los comicios generales con las elecciones regionales y municipales. Además, una “transición sistémica”, pues este período marca también el cierre de la era unicameral antes del paso al sistema bicameral, donde la valla para aprobar leyes será más elevada. Y, en tercer lugar, la atomización y fragmentación parlamentaria.

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Por todo ello —estimó— los congresistas enfocarán sus esfuerzos en dos líneas de acción: el cierre de la agenda propia, donde conscientes de la extinción del mandato se van a acelerar los proyectos personales para cumplir promesas o catapultar una campaña política; así como en temas con foco regional, vinculados a inversión pública, con los que buscarán mayor visibilidad en sus circunscripciones. Esto último, peligroso para la disciplina fiscal.

“En el 2026 coinciden las elecciones generales con las regionales y muchos de ellos deben estar construyendo plataformas para postularse a las regiones, a las alcaldías o para apoyar a candidatos de sus partidos o sus jurisdicciones. Si ellos no vuelven a ser autoridades elegidas por voto popular, no dejan de ser actores políticos, con la experiencia y el capital político acumulado”, comentó Cabrera.

Con similar matiz, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi afirmó que, si bien la legislatura se instala en marzo, ya en mayo, tras los resultados de las elecciones, se tratará de una gestión parlamentaria “de salida”, con un poder que irá reduciéndose dentro del aparato del Estado y que culminará con la entrega de oficinas en julio.

Justamente por ello, advirtió que se abre un peligro en la agenda legislativa del próximo año: la aprobación de normas sin rigor técnico e impulsadas por otros intereses. “El poder baja muchísimo. ¿Pero cuál es el peligro? Que se busque aprobar normas no por su carácter técnico en beneficio del país, sino por algún lobby o algún grupo de poder. Es decir, son los últimos días que le quedan como parlamentario, o lo aprueban o ya se le pasó el tren. Ese es el peligro”, opinó.

Bajo ese marco, entre los temas pendientes para el 2026, uno de los más relevantes que se perfila es la discusión para una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal (o Ley Mape), lo que tendrá que abordarse primero en la Comisión de Energía y Minas. Tras la aprobación de una prórroga adicional del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año —hasta diciembre del 2026, aún sin promulgar por el Ejecutivo—, se considera que el nuevo marco debe ser abordado ahora y no dejar el tema para la próxima gestión.

El congresista Guido Bellido (Podemos Perú), quien es uno de los promotores de la ampliación del Reinfo, confirmó a este Diario que viene trabajando en la elaboración de un nuevo texto para la Ley Mape y apuntó que el tema debe ser abordado en la legislatura que viene. Señaló que, al siguiente Congreso bicameral, que se instala en julio, no le daría el tiempo para abordar el tema y a diciembre del 2026 se entraría nuevamente en una situación “entre la espada y la pared”.

“La Ley Mape debería ser abordada en la presente legislatura que viene, cosa que el tema se deja ya resuelto. Porque el siguiente senado y diputados recién se instalarán y hay todo un procedimiento [que seguir], prácticamente al 31 de diciembre del 2026 estoy seguro de que las posibilidades de aprobar una Ley Mape son complicadas y, otra vez, se va a entrar en una situación entre la espada y la pared”, expresó Bellido.

En el otro frente, Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, comentó que el gobierno de José Jerí —con los niveles de aprobación y legitimidad que registra— también podría enviar al Congreso una propuesta de Ley Mape, marcando así los lineamientos y la pauta para que el tema sea debatido. De no ocurrir ello, dijo, se corre el riesgo de entrar a más prórrogas; siendo la última la quinta.

“El riesgo principal es que venga el otro gobierno y diga que recién están acomodándose, que tienen que llegar una especie de consenso. Que se discuta recién a partir de julio y en diciembre se diga nuevamente va a haber una ‘última’ ampliación de Reinfo”, expresó Arenas.

Otro de los temas que se quedaron en el tintero fue la inhabilitación por diez años por el Caso Golpe de Estado en contra la condenada expremier Betssy Chávez, quien aún permanece en la embajada de México en Lima.

El pasado 19 de noviembre, el tema fue sometido a votación y solo se registró 59 de los 68 votos requeridos en el pleno. Tras ello, un grupo de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Honor y Democracia plantearon reconsideraciones; sin embargo, aún no han sido abordadas.

El legislador Jorge Montoya (HyD), uno de los que planteó la reconsideración, afirmó a este Diario que el accionar de Chávez Chino no puede quedar impune, por lo que el tema debe ser visto. “Aparentemente hay pactos políticos para defenderla y eso preocupa”, expresó.

Por otro lado, también está pendiente la reforma para el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, que fue aprobada en primera votación el pasado 12 de junio. Al tratarse de una reforma constitucional, aún debe ser ratificada en una nueva legislatura ordinaria con al menos 87 votos a favor, en una segunda votación.

Rospigliosi explicó que, si bien desde el punto de vista formal aún podría ser sometida a debate, el contexto electoral que ya se vive haría que no prospere. “Sería un suicidio político que en pleno proceso electoral algunas bancadas osen poner en riesgo su reelección y peor aún, la candidatura de su candidato presidencial, restándole votos al someter a debate y defender la aprobación de un tema tan desprestigiado”, refirió.

Esta será también la última oportunidad del actual Congreso para aprobar reformas políticas y electorales. Entre ellas, sigue pendiente la ampliación del período de afiliación a una organización política para participar en las ERM2026. La norma fue ratificada en segunda votación, pero el Ejecutivo aún no se pronuncia. Y para que tenga efecto en la contienda, el plazo máximo vence el 7 de enero, la misma fecha límite para convocar a esos comicios.