La planilla de Roberto Sánchez: exministro castillista ubicó a seis militantes de Juntos por el Perú en el Congreso

De acuerdo con el portal de Transparencia del Parlamento, este poder del Estado destina S/ 43,179.66 al mes para cubrir sus salarios.

De los siete trabajadores que tiene Sánchez en su oficina congresal, cinco tienen el carné de afiliados a Juntos por el Perú, que en el 2021 postuló a Verónika Mendoza a la Presidencia. Y desde la segunda vuelta electoral de ese año se alió con Castillo Terrones y con Perú Libre, agrupación controlada por el prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

Saúl Armacanqui Morales, militante de Juntos por el Perú desde el 2017, es el principal asesor del ex titular del Mincetur. En la agrupación de izquierda ha sido secretario nacional de Ética y lucha contra la Corrupción y candidato al Parlamento Andino en la última elección general, pero no resultó ganador.

Armacanqui Morales, quien antes estuvo afiliado al Frente Amplio y al Partido Nacionalista, percibe un sueldo de S/ 10,975.11.

La otra asesora de la oficina de Sánchez es Zoila Yauri Aquino, quien está afiliada a Juntos por el Perú desde el 2020. Ella también fue candidata al Parlamento Andino en el 2021, pero solo obtuvo 3,966 votos preferenciales.

Antes había sido militante de Alianza para el Progreso y del Partido Aprista. Por la agrupación de César Acuña postuló sin éxito al Congreso en el 2016 y a regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2014.

La lista la completan Paúl Fernández Bravo, Martín Colán Torres y Juan Silva Huertas, todos afiliados a Juntos por el Perú. El último de ellos fue personero legal de la agrupación hasta agosto de 2023.

En la oficina de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo ha sido contratado como uno de los asesores principales Raúl del Castillo Alatrista, quien fuera secretario general y secretario de organización y planeamiento del partido de Sánchez.

En el 2021, postuló al Congreso de la República, sin embargo, no resultó elegido y un año después fue candidato a gobernador regional del Cusco, quedando en el puesto 5 con 8.779% de los votos. Precisamente, después de esa elección Del Castillo Alatrista fue designado como asesor I en el Gabinete de Asesores del Mincetur. La resolución lleva la firma de Sánchez.

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El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, dijo que no es normal que haya tantos militantes de un solo partido en una misma oficina congresal. “Se debe fiscalizar qué labor realizar, quizás no cumplan sus funciones y pueden estar realizando labores de proselitismo político de cara a las elecciones de 2026. El caso de Darwin Espinoza nos demostró eso, que una oficina llena de militantes se usa para el proselitismo personal”, complementó.

En diálogo con El Comercio, Rospigliosi afirmó que una de las patologías del Congreso en los últimos años es la sobrepoblación de personal, que le genera un gasto de mil millones de soles al Estado. “Parece una agencia de empleos, y nos ha llevado a la dilapidación de recursos públicos. El contexto actual es la oportunidad para que el contralor, que hasta ahora no hace su tarea, empiece a fiscalizar el adecuado uso de los recursos”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Sánchez afirmó que todas las personas que laboran en su despacho parlamentario “cumplen rigurosamente con los perfiles que señalan las normas del Congreso”. Añadió que antes de ser contratados, la oficina correspondiente del Poder Legislativo verifica esto.

“En segundo lugar, no es un requisito ser afiliado a ninguna organización política para trabajar en mi despacho parlamentario. Los requisitos para laborar en el Congreso están establecidos en las normas legales vigentes, ningún congresista puede exigir un requisito adicional”, manifestó.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, además, dijo que “no se puede impedir que una persona afiliada a un partido político que trabaje” en el Parlamento, porque “hacerlo implicaría un acto de discriminación, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución Política del Perú y por varios tratados internacionales”.

De castillista a aliado de Antauro Humala

El exministro de Comercio Exterior y Turismo está próximo a ir a juicio oral, luego de que la fiscalía solicitará 25 años de prisión para él por el presunto delito de rebelión, a raíz del golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Sánchez no solo avaló la ruptura del orden constitucional, sino que tenía conocimiento previo de esta.

En el documento, de 963 páginas, se incluye la declaración testimonial del exministro del Interior Willy Huerta Olivas, quien refirió que una vez que Castillo concluyó el mensaje a la Nación, a través del cual ordenó la disolución del Congreso y la implementación de un estado de excepción, Sánchez “ingresa al salón, saluda al presidente e indica ‘por el país’”.

Para la fiscalía, esto “acredita que el acusado”, en referencia al congresista de izquierda, “tenía conocimiento del plan criminal, por lo que una vez ejecutada la disolución del Congreso saludó al acusado Pedro Castillo manifestándose la frase ‘por el país’, en señal de aprobación y apoyo del delito de rebelión”.

Recientemente, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia constitucional contra Castillo y todos sus exministros acusados por rebelión, entre ellos Sánchez. Para todos solicita una inhabilitación de 10 años de la función pública por infracción a 29 artículos de la Constitución.

Muñante consideró, en el documento, que el ex titular del Mincetur habría “evidenciado de manera sistemática” una conducta dolosa de “quebrantamiento del orden democrático” al avalar como parte del Consejo de Ministros una serie de acciones dispuestas por el gobierno castillista, como la presentación de un proyecto para el llamado a una asamblea constituyente, la inmovilización obligatoria del 5 de abril de 2022, entre otras.

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En comunicación con El Comercio, el congresista de Renovación Popular refirió que ha hallado indicios razonables para incluir a Sánchez y a los otros exministros en la denuncia constitucional en contra de Castillo Terrones.

“¿Por qué no se hizo antes, cuando se desaforó a Castillo? Uno suponía que la sentencia de la sala iba a llegar rápido, cómo se entiende que, si das un golpe por televisión, hasta ahora no haya una sentencia. El señor Castillo y sus cómplices han tratado de anular el juicio, pero ya el Tribunal Constitucional ha zanjado el debate”, manifestó.

Al respecto, Rospigliosi afirmó que fue un error de parte de un sector del Congreso haber blindado a Sánchez cuando se votó el 12 de diciembre de 2022 la denuncia constitucional de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de este y otros exministros castillistas por el golpe de Estado.

“Este señor luego ha cobijado a Antauro Humala, hoy ellos [los acusados por golpistas] pueden ser candidatos y es por exclusiva responsabilidad de quienes los blindaron en aquella oportunidad. Sería un desprecio a l democracia que estos señores postulen al Parlamento u otro cargo en el 2026, sería un despropósito”, acotó.

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En junio del año pasado, se confirmó que el exministro de Comercio Exterior y Turismo tuvo un acercamiento con Antauro Humala y su partido de cara a los próximos comicios generales. Entonces, el etnocacerista, por ejemplo, consideró como “hermanos de lucha” a los militantes de la agrupación de Juntos por el Perú.

Incluso- durante un encuentro deportivos en Los Olivos, que se realizó el 7 de junio de 2022- Humala Tasso afirmó que su agrupación y Juntos por el Perú “comparten muchos objetivos políticos, revolucionarios y nacionalistas”.

Sánchez, en diferentes oportunidades, ha minimizado que Humala Tasso haya purgado prisión por los delitos de homicidio [en contra de cuatro policías], secuestro y rebelión, al sostener que él ya “cumplió y redimió su condena”.

“No se construye democracia estigmatizando a grandes sectores de la ciudadanía, no podemos estigmatizar a aquellos jóvenes y adultos que en algún momento sirvieron con su vida a la defensa del país. La justicia condena y también rehabilita como ciudadano la vigencia de los derechos”, expresó a El Comercio aquella vez.

Si la Corte Suprema de Justicia confirma la declaratoria de ilegalidad del partido de Humala Tasso y su disolución, Juntos por el Perú- de acuerdo con fuentes de El Comercio- sería la agrupación por la cual el sentenciado por el ‘andahuaylazo’ intentaría postular al Senado ante la imposibilidad de encabezar una plancha presidencial.

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Los otros cuestionamientos

Sánchez no solo afronta la investigación fiscal por el golpe de Estado, sino, al menos otras dos pesquisas por hechos como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la Fiscalía de la Nación lo incluyó dentro de la pesquisa al expresidente Castillo por presunta organización criminal y otros.

A Sánchez le imputan el presunto delito de obstrucción a la justicia en calidad de autor. Esto luego de que el colaborador eficaz N°04-2022 señalara que este le entregó dinero a la esposa de Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, mientras este se mantuvo prófugo de la justicia. Esto a cambio de que el también docente guarde silencio.

El Ministerio Público halló que, desde el Mincetur, cuando el político de izquierda era su titular, se emitió una orden de servicio por S/24 mil a favor de Graciela Palomino Gómez. Esta orden fue anulada luego de que se diera a conocer públicamente.

“A mí nadie me ha pedido un sol para nada, como se ha demostrado se ha generado una orden de servicio que fue anulada. Cuando no había nada de este tipo de ruidos, un montón de personas se acercaron a pedir contratos para terceros, administración ha evaluado más de 30 CV diversos. Con aquellos que calificaban iniciaron el contrato de esta persona, pero en el trayecto se percatan que no le correspondía, porque no logró acreditar que tenía licencia, porque ella es nombrada [como profesora] en el sector Educación”, dijo Sánchez a Willax TV en su momento.

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Además, según el programa de TV “Contracorriente”, a inicios de marzo de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le inició al ex titular del Mincetur una investigación por el presunto delito de negociación incompatible.

Esto debido a que funcionarios no aforados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo habrían realizado “cobros indebidos” entre el 10% y 20% a personal de la referida cartera, con el objetivo de que permanezcan como locadores de servicios o que sean contratos bajo el régimen CAS.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del ex jefe de Gabinete Ministerial Guido Bellido y en contra del exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Al primero le imputan el presunto delito de tráfico de influencias agravado, mientras que al otro el presunto delito de negociación incompatible.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Bellido, en su condición de presidente del Consejo de Ministros al inicio del gobierno de Pedro Castillo, habría ejercido influencias sobre Sánchez, quien era titular del Mincetur, para que contrate a Daniel Abarca como asesor en la referida cartera.

La fiscalía señala que una vez que este hecho se concretó, Bellido, actual congresista de Podemos Perú, recibió a cambio “la cesión o préstamos de un departamento en San Miguel y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas”.

Además, indica que Sánchez se habría “interesado indebidamente” en la contratación de Abarca “en beneficio de este y de Bellido”.

En su rol como congresista, Sánchez ha sido coautor de dos polémicas leyes, la que amplío el Reinfo, que de acuerdo con expertos juega a favor de la minería informal e ilegal, y la que prorroga por cuatro años la ley de formalización del transporte colectivo. Está última se encuentra en calidad de autógrafa [ver recuadro].

El parlamentario de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo ha presentado 270 proyectos como coautor y 26 como autor principal. De estos últimos, solo cuatro se han convertir en ley.