Se cae intento de congresistas de izquierda de aprobar ley a favor de la minería ilegal: así fue la votación

La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó este martes 8 de julio el predictamen que planteaba modificar la normativa vigente sobre pequeña minería y minería artesanal, conocida como la nueva Ley MAPE. La propuesta, respaldada principalmente por legisladores de izquierda, fue duramente criticada por especialistas que advertían que podría favorecer la minería ilegal.

Pese a los cuestionamientos, el texto fue defendido hasta el final por el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), y por otros parlamentarios que insistieron en aprobarlo con el argumento de que podía corregirse posteriormente en el pleno del Congreso. Sin embargo, la iniciativa solo obtuvo cinco votos a favor, frente a 12 en contra y una abstención.

VOTO A VOTO:

La votación se dio en un contexto de movilizaciones de mineros informales e ilegales que, desde hace varios días, protestan en los alrededores del Congreso y han bloqueado al menos nueve carreteras nacionales.

El motivo de esas manifestaciones fue la reciente decisión del gobierno de Dina Boluarte de ampliar hasta diciembre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para unos 31 mil mineros, pero al mismo tiempo excluir a más de 50 mil.

Diversos gremios de mineros exigían al Parlamento una norma que les permita reincorporarse al proceso de formalización. En respuesta, los congresistas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) y Guido Bellido (Podemos Perú) buscaron introducir cambios en el predictamen para incluir nuevamente a los mineros excluidos.

Bellido fue especialmente crítico con el Ejecutivo. “Eso está generando el reclamo justo de los mineros”, dijo, tras acusar al gobierno de “prácticamente desnaturalizar la norma” que extendía el REINFO.

Defendida por la coyuntura

El REINFO, mecanismo creado en 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ha permitido operar a la minería informal bajo el argumento de un proceso de formalización. Ya lleva cuatro ampliaciones de su plazo de vigencia.

El presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, defendió la necesidad de aprobar el predictamen, a pesar de sus deficiencias. “La avenida Abancay hace 13 días que está tomada, y en muchas regiones los pequeños mineros, los mineros artesanales, han salido a manifestar su malestar. Nosotros hemos tenido que convocar a esta sesión extraordinaria a fin de darle solución a estos problemas. […] Lo importante es mostrar que estamos preocupados, que no estamos ciegos ni sordos”, dijo.

Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el sector privado cuestionaron el texto. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que el predictamen buscaba mantener el REINFO bajo otro nombre —el Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (RENAPMA).

Desde el gobierno, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, señaló que la propuesta vulnera los derechos de los titulares de concesiones mineras y podría ocasionar demandas millonarias contra el Estado. Ibarra fue el único funcionario del Ejecutivo que asistió a la sesión, a pesar de que también fueron citados los ministros Jorge Montero (Energía y Minas), Raúl Pérez Reyes (Economía), Juan Carlos Castro (Ambiente) y Fabricio Valencia (Cultura).

La inasistencia fue criticada por Gutiérrez: “Una vez más y por segunda vez consecutiva, se ha recibido la dispensa de asistir de los mencionados ministros, por lo que manifestamos nuestro malestar”, señaló.

A pesar de las críticas contra el predictamen, el legislador Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) insistió en su aprobación. “Es momento de poner en el centro al minero artesanal que quiere formalizarse. El Congreso no puede seguir siendo un espectador. Es nuestra responsabilidad mitigar esta crisis social”, dijo.

Por su parte, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) fue más allá y propuso que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, convoque de emergencia a una sesión del pleno para que se debata el tema. “No se puede decir que esperemos la próxima legislatura”, señaló.

Críticas al procedimiento

La insistencia de Gutiérrez en llevar el predictamen a debate también fue cuestionada por congresistas de otras bancadas. Nilza Chacón (Fuerza Popular) recordó que el 17 de junio la mayoría de la comisión aprobó una cuestión previa para postergar el debate hasta la siguiente legislatura, lo que congelaba temporalmente la discusión.

“Acá no se trata de obstaculizar, sino de respetar los procedimientos”, señaló. Sin embargo, Gutiérrez continuó con el trámite amparado en una controvertida interpretación del artículo 60 del Reglamento del Congreso.

Chacón pidió entonces una nueva cuestión previa para consultar al oficial Mayor del Congreso sobre el alcance del referido artículo, pero el presidente de la comisión volvió a oponerse.

El debate se entrampó en discusiones reglamentarias, mientras el fondo del asunto —la nueva Ley MAPE— fue quedando relegado.

Reconsideraciones

Finalmente, Gutiérrez sometió el predictamen a votación y recibió un resultado adverso a sus intereses. Sin embargo, al menos tres parlamentarios presentaron reconsideraciones: Katy Ugarte, Pasión Dávila (ambos del Bloque Magisterial) y Segundo Montalvo (Perú Libre), quienes aún buscan reabrir el debate.

Tras la sesión, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, anunció que intensificarán las protestas.

“Vamos a convocar a todas las bases del Perú, a las comunidades, a las rondas. Todo el mundo tiene que venir por esta lucha. No somos ilegales, por ley estamos trabajando, cumplimos con los temas ambientales”, dijo.

Franco Becquer estuvo en la sesión como espectador. Fue invitado por el presidente de la comisión.

Pronunciamiento

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) exhortaron al Congreso “a no ceder ante presiones que exigen la aprobación de una Ley MAPE improvisada e inconveniente”.

Mediante un comunicado en conjunto, agregaron que la propuesta atenta contra los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal”.

Además, pidieron al Ejecutivo que avance hacia el cierre definitivo del REINFO. “Este mecanismo, lejos de lograr su propósito original, ha sido utilizado como herramienta de evasión de la responsabilidad penal por quienes operan al margen de la ley”, señalaron.