Congreso aprueba ley que prohíbe el matrimonio infantil: los entretelones de la sesión y los que no fijaron postura

A pesar de una postura aislada del legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario) que desató la indignación, el pleno del Congreso de la República aprobó ayer la iniciativa con la que se prohíbe expresamente que menores de 18 años puedan contraer matrimonio, cerrando así la puerta de forma definitiva a una interpretación legal que —en la práctica— lo que hacía era encubrir casos de violencia contra menores, sobre todo niñas.

La propuesta, dictaminada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 23 de junio pasado, fue aprobada en el pleno con 113 votos a favor, cero votos en contra, pero sí tres abstenciones. Fueron los congresistas Gladys Echaíz (Renovación Popular), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Víctor Cutipa (No Agrupado) los que prefirieron no fijar postura.

Igualmente, se aprobó la exoneración de la segunda votación con 109 votos a favor y el tema quedó zanjado, aunque con las tres abstenciones. La promulgación de la norma ahora depende de la presidenta Dina Boluarte.

Poco antes de iniciar la sesión de ayer, el congresista Balcázar ya había adelantado su postura y defendió el matrimonio infantil asegurando que “todos tienen relaciones sexuales” y que, en otros países, incluso la edad mínima era de 13 años. “Todo el mundo tiene relaciones... profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, aseveró el también presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas alertó el mes pasado que cada día hasta 11 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, de las cuales cuatro se convierten en madres, siendo la gran mayoría producto de abusos sexuales. Y que el marco jurídico, como está establecido, abría la posibilidad de que violadores sexuales se conviertan en esposos.

El Comercio, a través de la campaña “Basta de Abuso Infantil: Crecer Sin Miedo es un Derecho” evidenció también el problema contra la violencia infantil. Cada año, se venían registrando casi 30 uniones con menores de 16 años.

La discusión de la propuesta comenzó a las diez y media de la mañana, con el sustento de la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas Chacara (Perú Libre), quien planteó un texto sustitutorio. Sin embargo, a lo largo de la sesión se tuvo que pasar hasta en dos oportunidades a cuarto intermedio, tanto por descoordinaciones como para hacer ajustes en la redacción. El tema recién fue retomado pasada las seis y media de la tarde.

En su primera intervención, la presidenta del grupo de trabajo incidió en que el matrimonio infantil debilitaba el desarrollo integral de los menores, con especial énfasis en las niñas. “El matrimonio de personas menores de edad no es neutral al género, puesto que la afectación es mayor para las mujeres, incrementando el riesgo de morbilidad y muerte materna o neonatal; el riesgo de sufrir violencia de género y violencia en el entorno familiar, la deserción escolar, el incremento de la pobreza, entre otros”, mencionó Rivas.

Legisladoras como Flor Pablo (No Agrupada) y Kira Alcarraz (Podemos Perú) pidieron abiertamente a la representación nacional aprobar el tema por unanimidad por su importancia. “No estamos hablando de mujeres, sino de niñas (…) Prácticamente a nuestras niñas que son violentadas por las personas que abusan, las obligamos a casarse y por qué, por un pedazo de chacra, por un dote, como si fuéramos animales. No es posible que, en el Congreso bicentenario, en donde tenemos 50 mujeres parlamentarias, estemos siendo indiferentes”, sostuvo Alcarraz al comentar la situación que se vive en algunas regiones.

Pablo Medina, autora de una de las iniciativas recogidas, mencionó, por ejemplo, que en lo que va del 2023 se han reportado más de 6.000 niñas víctimas de violencia sexual en el país. “El problema es estructural, de una gravedad que requiere de educación sexual, intervención en salud, de trabajo con las familias y las escuelas. Pero en tanto, mientras avanzamos en los temas estructurales, corresponde modificar el Código Civil para prohibir en nuestro país el matrimonio infantil. Prohibirlo significará asegurar derechos de nuestras niñas; un Estado protector que no permita que —a través de los matrimonios infantiles— se siga abusando y violentando a la infancia”, destacó.

Luis Aragón (Acción Popular), otro de los autores de la propuesta, mencionó que el matrimonio infantil tiene como resultado “la promoción de la violencia de género”. “El censo de población del 2017 revela que, del total de adolescentes de 12 a 17 años, el 1.9% se encuentra en unión. Si bien el porcentaje parece pequeño, el número ascendió a 60.000 aproximadamente”, subrayó.

“El matrimonio infantil afecta principalmente a las mujeres, en este caso a las niñas (…) Veamos el caso de esta niña de Camaná, Arequipa, que se casa con un hombre adulto que terminó siendo el abusador de la menor desde los 2 años y que, para no ir preso, la madre —que era la pareja del abusador— lo hizo casarse con la pequeña. Lamentablemente, eso es avalado por jueces en todo el territorio nacional”, cuestionó, por su parte, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático - JP).

Las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular pidieron quitar del texto que había llegado desde la Comisión de Justicia cualquier excepción; y así dejar establecido de forma explícita la prohibición de menores de 18 años para que no se permita cualquier otra interpretación.

En la fórmula inicial planteaba que estaba prohibido que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio, “salvo que hayan adquirido la capacidad a través del artículo 46 del Código Civil”; es decir, mayores de 16 años que hayan obtenido un título.

“En esta ley se habla de una excepción, que los menores de 16 años y 17 años, con un título oficial sí pueden contraer matrimonio. El matrimonio con menores de edad debe ser prohibido definitivamente, nadie menor de 18 años se debería de casar”, aseveró Milagros Jauregui (Renovación Popular).

La legisladora Rosangela Barbarán (Fuerza Popular) advirtió, en esa misma línea, que “para temas tan delicados como estos no podemos dejar una ventana abierta, y lamentablemente lo estamos haciendo”.

Durante el debate ningún parlamentario mostró abiertamente una postura en contra, lo que finalmente se vio reflejado en la votación final. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento en donde dijo rechazar “de forma contundente” las declaraciones del legislador Balcázar, “quien insiste en normalizar las relaciones sexuales entre personas adultas con adolescentes en edad escolar”.

“Estos hechos esconden una situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes, situación dolorosa y desdeñable que afecta gravemente su bienestar integral y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Tan igual de leonino lo hace el matrimonio infantil”, señaló el sector que dirige la ministra Nancy Tolentino.

El texto sustitutorio —presentado a las 5:50 p.m. y con el que finalmente se llegó a un consenso entre las bancadas — modifica los artículos 42, 46, 241,243, 248 del Código Civil e incorpora el artículo 46-A y el inciso 10 al artículo 274; “a fin de prohibir el matrimonio entre personas menores de edad”.

Así, se establece como “impedimento absoluto” ser menor de 18 años para contraer matrimonio de edad; y en su redacción se pone mayores candados al tema, como que la capacidad adquirida de mayores de 16 años por obtener un título para ejercer profesión u oficio “no aplica para contraer matrimonio”.

Otra importante incorporación que permitió el cuarto intermedio es la inclusión de una disposición complementaria transitoria que permite que niños y adolescentes que hayan contraído matrimonio puedan solicitar su nulidad sin la intervención de terceros.

“La persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley”, se indica en el texto.

Tras la aprobación en el Congreso, el Ministerio de la Mujer calificó ello de “un hito importante para desterrar prácticas que vienen afectando fundamentales de las niñas y adolescentes”. “El Perú ha dado un paso adelante en su decisión de ser un país más igualitario y protector de los derechos de la niñez y adolescencia”, se subrayó.