Martín Vizcarra: Congreso dilata denuncia de fiscalía por el Vacunagate ¿Cuánto tiempo lleva sin resolverse?

Las demoras pueden ser atribuidas al Poder Judicial y al Ministerio Público, pero también al Congreso de la República en los casos en los que este debe actuar para levantar su inmunidad. Esto a pesar de que el Legislativo está dominado por una mayoría opositora a la figura política del expresidente.

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Una muestra de las dilaciones que no han permitido que los casos de Martín Vizcarra lleguen a una resolución es el del ‘Vacunagate’, que lleva más de un año estancado en el Congreso. Se trata de la investigación por corrupción (concusión) que se le inició por su vacunación secreta en plena pandemia.

El escándalo se desató a inicios del 2021, cuando Martín Vizcarra era candidato al Congreso. Aquel Parlamento no tardó en aprobar una acusación constitucional por infracción a la Constitución e inhabilitarlo por 10 años. La denuncia se presentó en febrero de ese año. En abril, ya la habían aprobado en el pleno. Solo tomó dos meses.

La denuncia constitucional para levantar su inmunidad por ese mismo caso, necesaria para poder procesarlo ante el Poder Judicial por su vacunación secreta, no ha tenido la misma suerte.

La indagación fue iniciada en febrero del 2021 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En abril del 2023, durante la gestión de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público, la fase preliminar terminó y se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso por concusión.

De acuerdo con el Ministerio Público en esa denuncia, el ex jefe de Estado recibió vacunas que estaban destinadas “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Para la fiscalía, Martín Vizcarra “habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir” al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna, a entregarle seis dosis para inocular a su esposa Maribel Díaz Cabello, a su hermano César Vizcarra, y a él mismo.

La denuncia constitucional es necesaria porque los hechos se relacionan a su etapa como presidente y están ‘protegidos’ por su antejuicio (inmunidad) como alto funcionario. Para quitarle esa protección, el Congreso debe darle trámite a la denuncia de la fiscalía, aprobarla como acusación constitucional y devolver el caso al sistema judicial. Solo así se puede seguir investigándolo y, eventualmente, acusarlo ante la Corte Suprema.

En el caso del ‘Vacunagate’, la denuncia ingresó al Congreso el 26 de abril, según consta en el expediente al que accedió El Comercio. Una vez allí, inició su trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), grupo que preside la legisladora Lady Camones (APP) y que depende de la Comisión Permanente del Congreso.

El 12 de mayo, la SAC dio el primer paso. Se aprobó por amplía mayoría (17 votos a favor y una sola abstención) un informe para declarar la denuncia como procedente. Al mes siguiente, la Comisión Permanente dio 15 días a la SAC para investigar el caso y producir un informe final.

Allí llegó la primera gran demora: los 15 días otorgados en junio del 2023 vencieron ampliamente sin que se produzca el informe. No hubo novedad alguna en el caso hasta enero de este año. Solo unos videos que presentó la defensa del expresidente, en noviembre del 2023, que “desvirtúan la imputación contenida en la denuncia constitucional”.

El 29 de enero, más bien, la SAC decidió acumular la denuncia de la fiscalía con otras dos denuncias constitucionales presentadas en el 2021 contra Martín Vizcarra por el mismo delito. Esa decisión fue ratificada por la Comisión Permanente el 26 de marzo y se dio nuevamente un plazo de “15 días hábiles” para el informe del caso.

Ese nuevo plazo de 15 días hábiles otorgado a la subcomisión en marzo también venció y a la fecha no hay resultados. Es más, tampoco hay un congresista delegado para producir el informe.

Consultada por El Comercio, la presidenta de la SAC indicó que luego de que las denuncias fueron acumuladas, se propuso como delegado del caso al congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-JPP). Sin embargo, este declinó.

Luego, indicó que el pasado 12 de abril delegó el caso al legislador Eduardo Castillo (Fuerza Popular). Sin embargo, agregó que Castillo también declinó cuatro días después. “Desde esa fecha se busca nuevo delegado. Hoy [este martes] se debe redelegar”, dijo. En efecto, el martes por la noche, la SAC designó al congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) como delegado de la denuncia.

Este Diario envió mensajes a Edgard Reymundo y Eduardo Castillo para consultarles los motivos de sus declinaciones, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. Sobre el nulo avance entre junio del 2023 y enero del 2024, Camones respondió que la denuncia de la fiscalía “se acumuló con otra y se reinició el procedimiento”.

Erick Urbina, constitucionalista y especialista en temas parlamentarios, opinó que esta demora es “una falta de diligencia del Congreso”, que merece un “llamado de atención al Parlamento”. “Ellos tienen la obligación de, frente a todas las denuncias constitucionales, de designar un congresista ponente”.

La lentitud “llama la atención” en particular por la oposición del actual Congreso a la figura del expresidente. “Más bien deberían ser ávidos con este tema. Es cierto que hay varias denuncias constitucionales, pero este es un tema al que hay que darle prioridad”.

Para el abogado penalista Andy Carrión, la lentitud en la SAC no se debe a “falta de logística o sobrecarga de procesos, sino que es una lentitud direccionada”. “Creo que el motivo es el desinterés. Como ya no es presidente, tiene dos inhabilitaciones encima y no puede volver a ejercer un cargo público, no es de interés congresal que avance otra denuncia constitucional”, opinó .

En esa línea, el Congreso tramitó con una lentitud incluso mayor otra denuncia ligada al gobierno de Martín Vizcarra: la del caso Richard Cisneros o ‘Richard Swing’. La fiscalía presentó denuncia constitucional contra el expresidente por ese caso en mayo del 2021 y el Congreso recién la aprobó en marzo del 2024, casi tres años después.

Actualmente, Martín Vizcarra enfrenta un pedido de 15 años de prisión hecho por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía por el caso de las presuntas coimas que habría recibido de constructoras cuando era gobernador de Moquegua. El Poder Judicial ya designó a los jueces que se harán cargo de ese juzgamiento y solo falta que se programe el inicio de esa etapa. Todo apunta a que esa será su primera sentencia.

El caso ‘Richard Swing’, con la inmunidad de Martín Vizcarra ya levantada, está hoy nuevamente en manos de la fiscalía. En abril, la formalización del caso fue aprobada por el Poder Judicial y se le dio un plazo de 120 días (4 meses), que vencerá en agosto próximo. Luego de esto, se debe decidir si se le acusa o si se archiva la investigación.

En el Congreso también hay una denuncia constitucional en trámite por presuntas irregularidades en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado. Por su parte, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, investiga desde febrero al expresidente por organización criminal y colusión en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, por el cual se allanó su vivienda.

Otro caso por el que la fiscalía de la Nación investigaba a Martín Vizcarra era el presunta colusión por la compra de un grupo de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 que hizo su gobierno en las primeras semanas de la pandemia. Sin embargo, esta semana se conoció que el fiscal de la Nación decidió no presentar denuncia constitucional y archivar ese caso.

Esas pesquisas surgieron a partir de una denuncia presentada por la abogada y exprocuradora Katherine Ampuero en marzo del 2021. En junio del 2022, durante la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, se abrió la investigación por ese caso a Martín Vizarra y a sus exministros María Antonieta Alva (Economía), Elizabeth Hinostroza (Salud) y Víctor Zamora (Salud).

El caso tuvo como punto central una reunión realizada el 18 de marzo en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la que habrían participado los investigados, funcionarios de ese sector y del sector Salud, y representantes de empresas farmacéuticas.

Días después, se hizo una convocatoria para la adquisición de pruebas rápidas que fue ganada por dos empresas cuyos representantes estuvieron en esa reunión. La hipótesis de la denuncia y la investigación preliminar fue un presunto “acuerdo subrepticio” para favorecer a las empresas en ese proceso. Además, se alegó que el Ejecutivo optó por comprar pruebas rápidas “sin sustento científico”, ya que organizaciones como la OMS recomendaban el uso de pruebas moleculares o PCR.

De acuerdo con el documento de archivo del caso, al que accedió El Comercio, la investigación preliminar se realizó entre junio del 2022 y junio del 2023. Es decir, principalmente durante la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, la exfiscal no llegó a pronunciarse respecto a si archivaba el caso o si presentaba denuncia constitucional para seguir investigando.

Recién el pasado viernes 31 de mayo, tras evaluar los hechos investigados, el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decidió archivar el caso. Esto tras concluir que no hay elementos que evidencien un direccionamiento u otras irregularidades en la adquisición de esas pruebas.

A partir de los testimonios de las personas que participaron en esa reunión (funcionarios del MEF, del Minsa y representantes de cinco empresas), se determinó que en la reunión en cuestión se pidió información sobre las pruebas para el COVID y se evidenció que “había mayor posibilidad de contar con pruebas serológicas [rápidas]”

Por otro lado, se consideró que las compras de las pruebas se sustentaron en al menos dos documentos enviados por funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS) En una de estas, se concluyó que se requerían 1′401.883 pruebas rápidas y se especificó que este tipo “solo proporciona un resultado de pruebas preliminar, por lo tanto, cualquier muestras con un resultado positivo de esa prueba debe confirmarse con otros métodos”.

28 empresas fueron informadas sobre el proceso de adquisición, siete enviaron sus propuestas, se evaluó solo a seis y se decidió que dos cumplían los requisitos: Nipro y Multimedical, dos de las empresas cuyos representantes estuvieron en la reunión.

De todos los elementos recogidos, la fiscalía concluyó que el proceso de contratación pública para adquirir las pruebas rápidas “se habría desarrollado siguiendo las reglas y condiciones establecidas para las contrataciones directas”. Esto postura también se apoyó en informes de los órganos de control de Perú Compras y del INS.

Según indicaron, este último hizo una auditoria en la que no se encontró ninguna irregularidad sobre el proceso en cuestión, aunque sí cuestiona la utilidad de las pruebas rápidas como medio de diagnóstico. También se tomó en cuenta que una fiscalía anticorrupción que investigaba estos mismos hechos hizo un peritaje a la contratación y determinó que no había direccionamiento ni sobrevaloración y que se realizó de acuerdo con la Ley de Contrataciones.

“No se advierte información idónea que revele la presunta comisión de los delitos investigados [...] No se desprende que los altos funcionarios investigados hayan mostrado interés indebido en esta adquisición”, concluyó Villena.

La decisión de la fiscalía ha causado controversia.

En conversación con El Comercio, el penalista Andy Carrión dijo estar en desacuerdo con lo resuelto por Juan Carlos Villena. “Existen indicios que podrían construir este pacto ilícito, esta colusión. Más bien, parece apresurado”, dijo. El abogado indicó que si bien los plazos ya habían vencido cuando él asumió el caso, se pudo haber pedido una ampliación al Poder Judicial para realizar más actos de investigación.

“En su defecto, podía dar un pronunciamiento [en torno a lo investigado durante la gestión de Patricia Benavides], pero que no descarte de pleno el indicio colusorio. Que simplemente señale que, por el vencimiento del plazo y la imposibilidad de conseguir nuevas evidencias, se procede al archivo. Aquí más bien se ha cerrado ello. Desde mi perspectiva, no es idóneo”.

Por otro lado, consideró que también debió investigarse si hubo reuniones previas o posteriores a la contratación, así como analizar los registros de ingresos y salidas en entidades públicas respecto a los funcionarios y los representantes de empresas involucradas.

“Hubiera insistido en indagar por líneas colaterales a los propios funcionarios. Si se encontraron con los empresarios, qué tipo de comunicaciones tuvieron: llamadas, correos electrónicos. Este cruce de información podría indicar que han estado preparando este tipo de contrataciones”, opinó.

Por su parte, el penalista Carlos Caro comentó que la decisión del archivo fue correcta. Según dijo, la Corte Suprema ha establecido que no basta que exista una reunión entre funcionarios y empresas para hablar de colusión, sino que tienen que haber elementos complementarios y un favorecimiento.

“Eso implica pagar sobreprecio, que en el mercado haya ofertas mejores, que se reduzca la competencia para que gane un postor. Nada de eso parece haberse encontrado acá”, comentó. También dijo que, por el estado de emergencia por el COVID se podía emitir decretos de urgencia y hacer compras de este tipo.

“A mi entender, el archivamiento ha estado bien decretado, más allá de que sea Martín Vizcarra. Además, entiendo que es un proceso antiguo, tiene que ver con hechos del 2020. No hay más plazo para investigar, en estos procesos complejos el plazo máximo es de ocho meses”.

Desde el Congreso, el parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular) solicitó a la Comisión de Fiscalización que se cite a Juan Carlos Villena para que explique su “cuestionable decisión” de archivar esta investigación al expresidente.

El fiscal de la Nación ya defendió su decisión el último lunes, durante una entrevista en RPP. “Se recabó mucha información, declaraciones, documentos. Se determinó, al menos en lo que tenemos de investigación, que no hay indicios de que haya habido esta colusión”, dijo.