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Karem Barboza Quiroz

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, virtual congresista electo para el período 2021-2026 por Somos Perú, no podrá asumir su función parlamentaria al haber sido inhabilitado por el para ejercer cargo público durante 10 años, a consecuencia del “VacunaGate”.

El exjefe de Estado fue hallado responsable de haber cometido seis infracciones a la Constitución en su desempeño como Presidente de la República, al haberse vacunado contra el Covid-19 con las dosis adicionales de Sinopharm; y haber dispuesto que su esposa Maribel Díaz y su hermano mayor, César Vizcarra, también sean beneficiados con sendas dosis.

Durante la sesión del Pleno del Congreso del último viernes, se consideró que el virtual congresista más votado en las últimas elecciones generales había faltado a sus deberes. Al 99,968% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Vizcarra obtuvo 165.322 votos.

MIRA: Elecciones 2021: ¿Por qué fracasaron las propuestas progresistas como las del Partido Morado y Juntos por el Perú?

Poco después de la decisión, Martín Vizcarra, que no acudió al Parlamento para sustentar su defensa, calificó la medida como “ilegal e inconstitucional” y anunció que acudirá a todas las instancias.


En la misma sesión, el Parlamento inhabilitó a la exministra de Salud, Pilar Mazetti, por 8 años; y a la excanciller Elizabeth Astete por un año, por haberse vacunado también con las dosis adicionales de Sinopharm.




Pese a un segundo pedido de Vizcarra y su defensa, el abogado Fernando Ugaz -que no se presentaron a la sesión- para que se reprograme su caso, el Legislativo rechazó la solicitud. Finalmente, aprobó la inhabilitación con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Durante la sesión, diversos congresistas lo acusaron de haber liderado “una organización criminal” y señalaron que usó el cargo para beneficiarse con la vacuna adicional.

-Las alegaciones-

El congresista Jim Mamani (Nueva Constitución) sostuvo que el expresidente no protegió los intereses del Estado, ni garantizó el derecho a la salud de manera equitativa para todos los peruanos. Por el, contrario, adujo, usó el alto cargo que ocupaba para vacunarse pese a no ser parte de los ensayos clínicos e intercedió para inocular a los suyos.

“Tenía pleno conocimiento que se trataba de vacunas que protegían y que no eran placebo”, dijo Mamani.

Sobre la exministra Pilar Mazzetti, dijo Mamani, mintió y usó su cargo para vacunar a sus conocidos. Mientras que la excanciller Elizabeth Astete, pese a que se vacunó de manera pública, también usó su cargo para acceder a la vacuna.

Durante el debate, a través de sus redes sociales, Vizcarra sostuvo que el Congreso incurría en “el delito de abuso de autoridad al continuar con la sesión”. Y que, al no permitirle ejercer su derecho de defensa estaba “violando el debido proceso; tal como lo hizo la Sub Comisión. El Congreso no está por encima de las leyes y la Constitución”

Su abogado, Fernando Ugaz, insistió en un documento enviado al Congreso, que se estaba vulnerando el debido proceso.

Mazzetti, a su turno, sostuvo que se habían vulnerado sus derechos pues había pedido reprogramar el debate de su acusación. Alegó que “error de criterio” y que no se había compulsado su labor en la pandemia

Astete por su parte, dijo que cometió un “error” e insistió en que se vacunó considerando que tenía la anuencia del presidente Francisco Sagasti.

Mira aquí la primera parte de la sesión:



Sin respuesta

Hasta la tarde de este viernes, el Poder Judicial no había dado trámite a los recursos de amparo que interpuso Vizcarra, contra el Congreso por su inhabilitación.

Según el constitucionalista Luciano López, Vizcarra deberá esperar a que el PJ, en primera y segunda instancia rechace su recurso de amparo, para recurrir al Tribunal Constitucional.

“Lo que supongo que es la estrategia de su abogado, es que ampliará su demanda y tratará de pedir una medida cautelar. (Esto) siempre y cuando el juez le admita a trámite la demanda, porque si el juez no le admite a trámite la demanda, no puede presentar absolutamente nada”, anotó.

Para el penalista Rafael Chanjan, el juicio político por infracción a la Constitución, tiene una razón de ser distinta al proceso penal. Esto, porque en el juicio político, que se da en el Congreso por infracción a la Constitución, lo que se verifica y se prueba, es una violación o vulneración de artículos generales que regulan la función pública; en este caso, la función del Presidente de la República, pero no se determinan responsabilidades penales por delitos.

“Yo no veo ahí una doble persecución, si se quiere llamar así, o un diseminen, algunos le llaman así, que esté vulnerando algún derecho fundamental o el debido proceso del ex presidente Vizcarra”, dijo.

Agregó que, en casos de sanciones que impone el Congreso, de naturaleza política, “no hay ningún recurso que se pueda presentar ante el Congreso mismo, no hay una impugnación”; si se quiere decir, ante la sede parlamentaria.

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