El pleno del Congreso aprobó este viernes 13 de diciembre la acusación constitucional y la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra Víctor Zamora, exministro de Salud de Martín Vizcarra, por su papel en la crisis del oxígeno y el caso de la adquisición de 1′400 mil pruebas rápidas durante la pandemia por el Covid-19. La denuncia es por presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
La votación fue por mayoría y se realizó por separado. Para la acusación constitucional se requería 50 votos como mínimo, y 66 para la inhabilitación. En ambos casos, sin contar con los miembros de la Comisión Permanente, que aprobó el informe final.
Así votaron los congresistas la inhabilitación:
Así fue la votación de la acusación constitucional:
Sigue aquí la sesión plenaria:
El informe final fue sustentado por María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y Jorge Montoya, ponente del informe final.
Durante su exposición, Montoya enfatizó que se corroboró que Zamora omitió sus funciones como ministro de Salud al permitir que se continuara con los actos administrativos indebidos para la adquisición de más de 1 millón de pruebas rápidas, así como su deficiente labor en la crisis del oxígeno durante la pandemia.
Por su parte, el exministro Víctor Zamora se presentó ante el pleno para rechazar todas las imputaciones.
“Enfrento un juicio político que no se fundamenta en pruebas (...) y busca manchar la acción de cientos de profesionales que asumieron el reto (durante la pandemia)”, puntualizó tras señalar que se trata de instrumentalizar la justicia para “silenciar a quienes resultamos incómodos” y “desviar la atención de los problemas reales”.
Según el informe final, Zamora incumplió su función como titular del Minsa “al no supervisar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde el 20 al 29 de marzo de 2020, al permitir que se continuara ejecutando los actos administrativos indebidos para la adquisición de 1 ‘400,000 pruebas rápidas contrario a la política nacional de salud vigente”.
“Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID 19″.
¿Qué dice la acusación constitucional?
Acusar a Víctor Marcial Zamora Mesía, en su calidad de exministro de Salud, por infracción constitucional del artículo 9 de la Carta Política vigente y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, al exministro de Salud, Víctor Marcial Zamora Mesía por la infracción al artículo 9 de la Constitución Política del Estado.
Y respecto al delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal, se levante el fuero al exministro de Salud Víctor Marcial Zamora Mesía, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.
Este informe fue presentado el 2 de agosto de 2024.
La acusación constitución iba a ser debatida el 5 de noviembre, pero se postergó luego que el exministro informara que tenía descanso médico.
El informe final contra Zamora, aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, es por la presunta infracción al artículo 9 de Constitución y el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
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El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó la denuncia constitucional 367 por las supuestas compras irregulares de pruebas rápidas y el desabastecimiento de oxígeno medicinal durante la pandemia.
“Hay graves indicios de la comisión del delito contra la administración pública que revelan que los más altos funcionarios del gobierno de Vizcarra, actuaron con indolencia y se aprovecharon de sus cargos para beneficiarse a sí mismos y a su entorno. Los decesos por el COVID-19 pudieron evitarse, por tanto, no pueden quedar en impunidad”, explicó el parlamentario cuando presentó su denuncia constitucional.