Ministro de Energía y Minas justifica Reinfo “hereditario”, pero asegura que se reevaluará: las incidencias en el Congreso

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, se presentó ante el Congreso y anunció que se reexaminará la disposición emitida por su cartera y que incluyó —como parte de la reglamentación de la Ley N°32213— la figura de “sucesión” entre familiares del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Una medida que generó controversia y críticas de especialistas desde su publicación, el último domingo, pero que Montero también justificó señalando que no se estaba creando “algo nuevo”.

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Montero Cornejo fue convocado a la Comisión de Energía y Minas, que preside el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). La sesión se prolongó, incluso, por más de tres horas. A lo largo de su alocución, el ministro insistió en que el propósito del Decreto Supremo N°009-2025, y en general del sector que encabeza, es que se logre la formalización del mayor número posible de inscritos en el Reinfo, dentro de los plazos legales que están vigentes. En ese marco, aseguró que para el 2026 ya no habrá más Reinfo.

“Corremos contra el tiempo, porque la ley indica claramente que el proceso de formalización culmina el 30 de junio del 2025, con la posibilidad de ampliar por única vez seis meses más, hasta el 31 de diciembre del 2025. En ese momento, hasta ahí llega el proceso de formalización del Reinfo. En el 2026, ya no hay Reinfos. Lo que vamos a tener en el 2026, y mucho antes también, es la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal [o Ley Mape] que va a legislar el nuevo proceso”, aseveró Montero.

En esa línea, el titular del Minem aseguró que el decreto supremo emitido el último domingo reguló una serie de aspectos “que son fundamentales”. En principio, destacó que es recién con la reglamentación que se “activa” la competencia que ahora ya recae en el Minem para efectuar el proceso de formalización, una tarea que estuvo siempre a cargo de los gobiernos regionales.

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Además, resaltó que este dispositivo legal también permitirá la “depuración” del Reinfo, toda vez que se brindó 45 días calendario para que aquellos que tienen la condición de suspendidos cumplan los requisitos mínimos y pasen al estatus de vigente en ese plazo. De no hacerlo, dijo, su exclusión quedará consentida. Se trata de un universo de más de 60.000 que están en calidad de suspendidos.

“De alguna manera, este número también expresa un poquito la crisis al que este sistema de formalización actualmente nos ha llevado. ¿Cómo es posible que en un universo de 85,000 Reinfos más de 60,000 estén suspendidos? Es una señal clara de que este es un proceso de formalización que no interesa, que no motiva”, aseveró Montero.

Sobre la disposición introducida en el reglamento referida a la “sucesión” del Reinfo, Montero justificó la medida asegurando que lo que se está reconociendo es la posibilidad de sucesión de la titularidad de un Reinfo en caso de fallecimiento, a fin de que —dijo— se pueda continuar con todo el proceso de formalización.

Esto —aseguró— porque se necesita de un titular de la operación minera que responda por el impacto ambiental generado, así como que de no hacerse así al día siguiente la familia entraría “en ilegalidad”. Justamente, cuestionó el impacto económico que esto generaría en las familias, al indicar que “mayoritariamente los Reinfos son negocios familiares”.

El titular del Minem también comentó que esta figura del derecho de sucesión “no es de ahora”, sino que ya se encontraba regulado desde el 2017, a través del Decreto Supremo N°018-2017, y el cual a su vez se inspiraba en jurisprudencia del Consejo de Minería. Y que ahora solo se ‘abre’ el universo.

“No estamos creando algo nuevo, no estamos creando algo que no existía. (...) Lo único que hacemos es decir: este derecho [que] asistía al titular de un Reinfo que también era titular de la concesión, ahora estamos abriendo un poco más esto porque nuestra voluntad es formalizar a la mayor cantidad posible de Reinfos vigentes. Entonces, ya no lo estamos circunscribiendo al Reinfo que es titular también de la concesión, que es el 2%; sino estamos simplemente diciendo los titulares fallecidos de un registro vigente y con eso ampliamos el universo de beneficiarios en esta situación”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de la justificación y a indicar incluso que no comparte con la opinión de algunos especialistas de que se haya creado un Reinfo hereditario, Montero también dijo que se analizará el tema y que, si hay oportunidad de corrección, esta se dará. “Si nos hemos equivocado, podemos rectificar”, aseguró.

“No somos dueños de la verdad, siempre estaremos dispuestos a reevaluar, reanalizar las cosas que tengan oportunidad de mejora. Si ustedes consideran que este tema se sostiene y tiene oportunidades de mejora y necesita de una revisión, nosotros podemos hacer ese esfuerzo. Y lo vamos a hacer”, expresó en otro momento el titular del Minem.

Pero a lo largo de la sesión se efectuó fuertes críticas desde los distintos grupos políticos. Incluso, se anunció durante el encuentro que se presentará una denuncia constitucional en los próximos días en contra del ministro Montero y la propia jefa del Estado, Dina Boluarte.

La congresista Diana Gonzales (Avanza País) remarcó que “es falso que la sucesión del Reinfo está hecha para evitar que los herederos caigan en la ilegalidad”, pues hay procedimientos de por medio que tendrían que seguirse. También cuestionó el discurso del ministro, que aseguró que para el 2026 ya no habría más Reinfos.

“La semana pasada, el señor ministro también estuvo en esta sesión y ante la pregunta de una posible prórroga [del Reinfo] contestó textualmente ‘esperamos no necesitar’. Hubiera agradecido que en esta sesión podamos tener mucha más seguridad y menos ambigüedad”, subrayó Gonzales.

La también vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas hizo notar que tuvieron que pasar más de dos meses para que el Minem envíe por escrito comentarios para la propuesta normativa de la ‘Ley Mape’. “Nosotros lamentamos que desde el ministerio no se tomen en serio ese tipo de cosas que por más mínimas que resulten pueden tener un impacto”, refirió.

Por su parte, el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) consideró que ha habido una “falta absoluta de liderazgo” para afrontar la solución a esta problemática en el Ejecutivo.

“Si el ente rector no demuestra liderazgo, compromiso, realmente las ganas de solucionar un problema. ¿Saben qué es lo que parece? Que este gobierno no se quiere comer el pleito de solucionar el problema del Reinfo y lo único que trata de hacer es extender los tiempos, tratar de estirar el chicle, hasta llegar al 26 de julio del próximo año, cuando ya esto no sea competencia del gobierno actual”, afirmó.

Agregó que ello es “un grave error” pues la actual administración “ha tenido una posibilidad histórica de construir al menos los cimientos de lo que va a significar la formalización real y un proceso que realmente se adecúe a la realidad nacional”.

En tanto, el congresista Jorge Morante (Somos Perú) incidió en que el Reinfo es un registro, mas no un derecho de concesión minera, por lo que cuestionó lo implementado por el Ejecutivo vía reglamento. También comentó que la ley que se aprobó en diciembre “en ningún momento” habla de la transferencia del Reinfo.

“Es un absurdo. Está yendo muy por encima de lo que establece la ley y creo que usted debería de tener el criterio suficiente como para poder modificar ese decreto supremo y sacar este estropicio jurídico”, aseveró.

En un momento de su intervención, Morante dijo “honestamente, yo creo que este reglamento ha sido hecho por los mineros informales y no por el Ministerio de Energía y Minas”. “Este reglamento, claramente ha sido hecho por la gente de la minería ilegal. Eso me queda clarísimo. Qué lamentable que el ministerio se haya prestado a una cosa como esta”, criticó.

Por otro lado, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) comentó que el Reinfo “ha sido una medida surgida de forma excepcional”, pero que se decidió prolongar irremediablemente “sin tomar en cuenta las consecuencias y el grave crecimiento de una actividad ilegal”.

A su juicio, “simplemente lo que se ha pretendido es, a través de un decreto, generar un derecho hereditario”, cuando no lo es. Destacó que la Constitución dice que el presidente ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Y que esto fue infringido.

“Lo que se ha configurado es una grave es una infracción constitucional. Y quiero comunicar públicamente que estoy presentado una denuncia constitucional contra la señora Dina Boluarte, porque parece que no conoce cuáles son las atribuciones y responsabilidades que se tiene respecto a reglamentos. Un reglamento no está por encima de ninguna ley. Y, de la misma manera, contra el ministro de Energía y Minas”, adelantó Luque.