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Narcoindultos: ¿Por qué el Pleno decidió aprobar el informe?

Luego de 12 horas de debate, Gana Perú y Perú Posible respaldaron el informe de la megacomisión. El fujimorismo no votó 

Narcoindultos: ¿Por qué el Pleno decidió aprobar el informe?

Narcoindultos: ¿Por qué el Pleno decidió aprobar el informe?

JORGE SALDAÑA RAMÍREZ @jlsaldanar

Se veía venir. El ex presidente Alan García Pérez y los ex ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández serán denunciados constitucionalmente por haber infringido la Constitución Política en el caso de los ‘narcoindultos’. Así lo establece el informe de la llamada megacomisión aprobado anoche en el pleno del Congreso, con 53 votos a favor (de Gana Perú, Perú Posible, AP-FA), 7 en contra y 7 abstenciones. Los congresistas fujimoristas, a pesar de que se encontraban en el hemiciclo y marcaron asistencia, decidieron no votar.

Este es el primero de los nueve informes de la comisión parlamentaria que investigó los presuntos actos de corrupción del segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
 
Durante el intenso debate, la aprista Luciana León denunció la existencia de una “alianza contranatura” entre el oficialismo humalista y el fujimorismo para sacar de la carrera electoral – “por miedo y odio” – al ex presidente García Pérez.
 
LAS RAZONES DEL INFORME 
El nacionalista Sergio Tejada, ex presidente de la comisión investigadora más conocida como megacomisión, fue quien tuvo a su cargo la sustentación del informe en mayoría y reveló que durante el gobierno aprista se dictaron 5.246 conmutaciones de penas. De este total, 3.207 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas. Y de este último grupo, 400 corresponden al mismo delito pero en forma agravada.
 
Según dijo García Pérez a la megacomisión, las conmutaciones respondían “a una política de su gobierno para solucionar el hacinamiento carcelario”. 

“Sin embargo, la comisión observó que dicha política de deshacinamiento no estaba contenida en el decreto supremo 027-2007-PCM”, alertó Sergio Tejada. Y explicó: “Se benefició con la reducción de la pena a 371 condenados que ya se encontraban con beneficio de la semilibertad. Por lo tanto, no incrementaban el deshacinamiento carcelario. Por el contrario, el hacinamiento en los penales aumentó de 26.418 ingresos en el 2007 a 33.696 en julio del 2011”.
 
Así, García Pérez infringió la Constitución Política al abusar del otorgamiento de las gracias presidenciales y habría transgredido su artículo 8, el cual señala que “el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo regula el uso de los tóxicos sociales”.
 
Según el informe, existen también indicios razonables de la comisión del delito de asociación ilícita, en el cual estarían involucrados altos funcionarios de Palacio de Gobierno (el ex presidente Alan García Pérez), del Ministerio de Justicia (Aurelio Pastor y Rosario Fernández) e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales (que encabezó el aprista Miguel Facundo Chinguel).
 
SISTEMA JUDICIAL PARALELO
Tejada acusó que esta comisión de gracias instauró un “sistema judicial paralelo” porque desconoció la labor realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a que  modificó el 30% de las sentencias judiciales firmes y ejecutadas.

Dijo que existen varios testimonios – pertenecientes a Nelson Rosales, Carmen Delgado Méndez, Sócrates Grillo Bockos y Julio Palco Chimoy – que señalan que los integrantes de la comisión de gracias cobraron a internos para tramitar sus solicitudes de conmutación de penas. Según los testigos, por año conmutado cobraban cerca de US$10 mil.

Y en cuanto a los ex ministros Pastor y Fernández, ellos serían “solidariamente responsables por los actos violatorios de la Constitución Política”.

ENCUBRIMIENTO PERSONAL
Al ex presidente Alan García también se lo acusa del delito de encubrimiento personal por el otorgamiento del derecho de gracia por razones humanitarias a Julio Espinoza Jiménez (ex director del Seguro Integral de Salud).
 
EL TESTIGO 01-MEGA-13
También se han encontrado indicios de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por parte del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor y su ex asesor José Manfredi Marruffo Acosta. El testigo identificado como 01MEGA13 acusa a Pastor de conmutar la pena al eslovaco  Eugen Csorgo, condenado por tráfico de drogas, a cambio  de 15 mil dólares.

¿CUÁNTO COSTÓ LA MEGACOMISIÓN?
1.260 días dedicó la denominada megacomisión a investigar el segundo gobierno de Alan García Pérez.

12 millones de soles fue el costo que -según el Apra- demandó la investigación de la megacomisión.

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