Congresista Roberto Sánchez presenta denuncia constitucional contra jueces a cargo del juicio de Pedro Castillo

El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra los jueces supremos a cargo del juicio contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

Se trata de los magistrados José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.

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Alega que en la instalación del juicio oral, el pasado 4 de marzo, Castillo Terrones informó que, a través de su anterior abogado, había recusado a la jueza suprema Norma Carbajal Chávez por haber adelantado opinión.

Señaló que ante ello, el magistrado José Antonio Neyra Flores precisó que ese tema ya había sido resuelto anteriormente. Ante la insistencia del exmandatario, dicho juez indicó que “basta que haya dos jueces que voten en determinado sentido o (…) los tres por unanimidad, o puede ser por mayoría”.

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“De las expresiones vertidas por el magistrado José Antonio Neyra Flores, se denota claramente, que Pedro Castillo y sus coprocesados en el presente caso están asistiendo a un proceso en donde solamente dos magistrados sentenciarían conforme a ley, puesto que la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez ha adelantado opinión”, expresó.

“Por ese motivo, en este caso Pedro Castillo y sus coprocesados se encuentran expuestos a una situación sin garantías suficientes para tener la confianza de este proceso instaurado se resolverá con imparcialidad”, agregó.

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Reiteró que la jueza suprema Norma Carbajal Chávez ha adelantado opinión respecto al delito de rebelión, cuando formó parte de un tribunal de la Corte Suprema que resolvió un recurso que presentó la defensa legal de Pedro Castillo.

En ese sentido, Sánchez Palomino remarcó que un primer momento dicha magistrada debió inhibirse de formar parte de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia y al no hacerlo, “está violando el principio de imparcialidad”.

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Así, el parlamentario enfatizó que los tres magistrados vulneraron los derechos constitucionales de Castillo Terrones referidas al debido proceso y a la libertad de expresión.

Finalmente, Roberto Sánchez pidió que los magistrados sean inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública por infracción constitucional de los incisos 2) y 3) y 14) del artículo 139 de la Constitución Política.