Procurador Soria sobre Alejandro Soto: “Todos somos iguales ante la ley. No hay privilegios, todos tienen que ser investigados”

El procurador general del Estado, Daniel Soria, manifestó que la permanencia o no de Alejandro Soto como presidente del Congreso solo depende de los parlamentarios, tras el anuncio del Ministerio Público sobre el inicio de indagaciones preliminares en su contra.

“Todos somos iguales ante la ley. No hay privilegios, todos tienen que ser investigados con la misma vara, tanto si ejerzo una alta función como si soy un servidor público común y corriente”, insistió.

“Se tiene que investigar si ha habido realmente una conducta voluntaria o si ha habido algún tipo de presión (en estos aportes). Recordemos que estamos en un contexto de un caso que, de alguna manera, tiene una suerte de patrón con otras denuncias que han habido”, aseveró Soria.

El procurador indicó que el Ministerio Público, sus indagaciones y la posibilidad de que se presente una denuncia constitucional contra Alejandro Soto de confirmarse los presuntos delitos corren por cuerda separada a cualquier acción que se tome, por ejemplo, en la Comisión de Ética o en el pleno sobre la permanencia de Soto como presidente del Parlamento.

“La decisión sobre continuar o no en el cargo le pertenece a los congresistas. Es un tema sobre el cual no me puedo pronunciar, pero quisiera reiterar que en una democracia todos estamos sometidos bajo la ley en las mismas condiciones”, indicó ante la prensa este miércoles.

Minutos antes, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de indagaciones preliminares contra Soto Reyes por el presunto delito de concusión tras la difusión, en un reportaje de “Cuarto poder”, de conversaciones por WhatsApp donde una trabajadora de su despacho, Phenélope Contreras Cabezas, pide aportes a sus colegas para financiar publicidad a favor del congresista.

Esta información motivó que la Procuraduría General del Estado oficie al Ministerio Público un pedido para comenzar con investigaciones al considerar que había sospecha simple de la comisión de delitos, como en otros casos de legisladores implicados en recortes de sueldos.