Una de cada cuatro botellas de alcohol es ilegal en la región
Una de cada cuatro botellas de alcohol es ilegal en la región
Roger Hernández Sánchez

Un proyecto de ley firmado por Cecilia Chacón y otros congresistas de la bancada Fuerza Popular busca que se reduzca el precio de las con bajo porcentaje de alcohol. La medida busca –aseguran– "preservar la salud y contribuir al establecimiento de un mercado más completo".

El proyecto de ley 04846, presentado el último 29 de setiembre y derivado a la Comisión de Economía, plantea que las bebidas con grado alcohólico igual o menor a 6 solo sean gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre el precio de venta al público, lo que ocasionaría una reducción en el precio final.

Según cifras de Devida expuestas en el documento, el 83% de la ciudanía ingiere estos productos, lo que coloca a nuestro país como la segunda nación en la región que más los consume. En el primer lugar está Chile.

¿Qué proponen?
El proyecto advierte que el 53.5% de escolares ha consumido alguna vez una bebida alcohólica, y que 27.4% lo hicieron durante el último mes, por lo que apunta que hay poblaciones vulnerables y expuestas que, a causa de su reducida capacidad económica, tienden a adquirir y consumir bebidas adulteradas o de dudosa procedencia.

En otro punto, el proyecto de ley señala que es contraproducente que exista una corta brecha en relación a precios de bebidas alcohólicas de alto grado frente a las de menor grado, pues —según la propuesta— esto trae como consecuencia que se fomente el consumo de los productos con mayor grado de alcohol "en desmedro de la juventud".

"El resultado esperado consiste en promover el consumo de bebidas alcohólicas con menor grado de alcohol, pero que se mantenga un precio que permita el acceso a un producto formal y supervisado por las autoridades", refiere el proyecto.

Libre competencia
Del mismo modo, la propuesta presentada por la legisladora Cecilia Chacón sostiene que aplicando dichas medidas se podría fomentar "la libre competencia en un mercado concentrado económicamente".

"La política impositiva del ISC toma en cuenta a la salud pública y, en particular, a la persona por los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en exceso; sin embargo, no contribuye al fomento de la competencia", se visualiza.

En diálogo con El Comercio, Chacón afirmó que existe un excesivo ISC a las bebidas de poco grado de alcohol, lo que "ha originado que tanto la gente joven, como otra mucha gente, voltee los ojos a las bebidas ilegales que lamentablemente han causado muchas muertes".

"Lo que se quiere es poner el piso parejo para todas las empresas, y que las empresas nacionales no se vean perjudicadas", añadió.

"No tiene sentido"
No obstante, no todos han considerado que este proyecto es positivo. Para Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la propuesta carece de sustento y tiene como único fin favorecer a determinadas empresas.

"No le encuentro ningún sentido, excepto que busca beneficiar a una empresa que tiene el 90% del mercado. Básicamente, si se logra reducir impuestos se incrementa la venta […] Por otro lado, el Estado perdería porque dejaría de percibir ingresos, recaudación tributaria, y se busca lo contrario. Además, no veo por dónde esto favorecería al mercado", mencionó a este Diario.

Agregó que los consumidores se verían beneficiados, únicamente, en el sentido de que el precio de estas bebidas "se va a abaratar".

"[Los proyectos] Deben enfocarse en el desarrollo de actividades que enriquezcan: deportes, educación, desarrollo de habilidades para reemplazar lo otro. Esto es un disparate. Me parece increíble que en el Congreso se estén presentando proyectos de esta naturaleza", dijo.

Otras críticas
Por otro lado, el legislador de Dignidad y Democracia Jaime Delgado criticó la propuesta, ya que consideró que permitir que se vendan bebidas alcohólicas a precios módicos es contraproducente.

"Siempre ha sido una excusa que si subimos los precios la gente va a preferir el alcohol barato y eso es un cuento. Las bebidas adulteradas simplemente deben prohibirse. Ese es un tema de control sanitario, es control de autoridad. Se deben reforzar las políticas para que ese tipo de bebidas ni siquiera existan", manifestó a El Comercio.

Asimismo, el ex presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento añadió que se estaría atentando contra el rol del ISC, que es desincentivar la compra de ciertos productos.

Además, argumentó que —al margen de perder ingresos fiscales— este proyecto denota ser negativo pues, a simple vista, "atenta contra la salud".

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