¿Qué significa el Reinfo?: Preguntas y respuestas para entender este mecanismo que se ha convertido en un aliado de la minería ilegal

En el último tiempo, el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha generado cada vez mayor controversia y cuestionamientos por las prórrogas aprobadas por el Congreso, su flexibilización, su relación con la minería ilegal y su cada vez más evidente vínculo con el poder político.

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A pesar de su relevancia, la problemática que envuelve a este registro sigue sin resolverse y, por el contrario, parece agravarse con el tiempo. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un rol protagónico respecto a esto.

Según advierten distintos especialistas, en el Reinfo se viene camuflando la minería ilegal, una actividad que está generando en la actualidad mayores ingresos ilícitos en el país, incluso que el propio narcotráfico.

"La minería ilegal en el Perú constituye el delito que en este momento está generando mayor ingreso ilegal que, incluso, el narcotráfico. Únicamente en Pataz se está produciendo aproximadamente la tercera parte de todo el oro que se produce en el Perú"

Gustavo Adrianzén Expresidente del Consejo de Ministros (7/5/2025)

A continuación, respondemos siete preguntas clave para entender de qué se trata y por qué es tan relevante.

El Reinfo corresponde a las siglas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Legalmente, este registro fue creado en diciembre del 2016, durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a través del Decreto Legislativo N°1293. Era una medida con la que se buscó agrupar y formalizar a la pequeña minería y minería artesanal, una problemática pendiente que se arrastra años. Desde su vigencia, se registró un universo de 87.111 mineros informales que se inscribieron en el Reinfo.

“El Reinfo es un instrumento que se obtiene para el inicio de la formalización de los mineros informales”, explicó a este Diario Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública.

En la práctica —agregó— tener un Reinfo significa que se está inmerso en el proceso de formalización, el cual culmina una vez que se lograron cumplir todos los requisitos legales y solo luego de lo cual se pasa de ser un minero con Reinfo a ser un minero formal.

“Es el primer paso para que un minero informal pueda formalizarse. Se crea básicamente para ello en el 2016. Anteriormente, se le llamó registro de saneamiento minero y, antes de ello, registro de declaraciones de compromiso. En principio, con el Reinfo se le da la posibilidad de estar operando mientras dure todo el proceso de formalización”, explicó, por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental.

Para entender este punto, tan solo basta con tener en claro las cifras. De los 87.111 mineros informales que se inscribieron en el Reinfo en total desde su creación, apenas el 2.4% logró cumplir todos los requisitos legales y formalizarse; es decir, poco más de 2 mil. Esto a pesar de las ampliaciones y flexibilidades que se dieron desde su creación. A buena cuenta, lo que aprobó el Congreso, a fines del año pasado, significó la tercera ampliación del plazo en toda esta historia.

Por otro lado, de este universo total, más de 69 mil figuraban en condición de suspendidos. Es decir, que casi el 80% ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos: contar con un RUC, tener un instrumento de gestión ambiental y transparentar su producción.

Pero a pesar de tener esta condición de suspendidos, los inscritos en el Reinfo pueden seguir operando y realizando sus actividades sin ningún problema.

Además, en la legislación se incluyó una exención de responsabilidad, por lo que no pueden ser objeto de denuncias penales y/o procesos administrativos si se cuenta con este registro, así se esté suspendido al no cumplir los requisitos mínimos. Esto es algo que el propio Tribunal Constitucional ha cuestionado.

En tanto, para culminar todo el proceso y lograr su formalización, los inscritos en el Reinfo tienen que cumplir ciertos requisitos, entre ellos, tener una concesión minera o un contrato de cesión de explotación con el titular de esta, así como el instrumento de gestión ambiental (Igafom) que era -hasta la reglamentación de la Ley N°32213- función de los gobiernos regionales.

Según explicó Arenas, estos han sido los dos “cuellos de botella” en este modelo de formalización y los cuales han sido objeto de controversia.

Sí, por varios factores. Entre ellos, justamente la exención de responsabilidad brindada en el marco legal y la facilidad de seguir operando a pesar de que no se cumple con ningún requisito para la formalización.

En palabras de Ipenza, “se puede destruir mientras se opera, contaminar, pero no se puede procesar, por ejemplo, por delito de contaminación o destrucción del patrimonio; y lo que vemos de manera constante es que usa el Reinfo para evadir la sanción penal”.

“Se supone que el tipo penal es para sancionar a aquellos que incumplen las obligaciones. Al existir esta figura del Reinfo, [con] las cantidades tremendas que salen de material con mineral de zonas como Pataz, cuando la policía los interviene, dicen ‘estamos con Reinfo’ y eso evita incautar el mineral, iniciarse un proceso penal por el delito de minería ilegal o una sanción”, incidió.

Aunado a ello, Arenas también subrayó que “la minería ilegal utiliza estos Reinfos para poder camuflar su producción”. Es decir, “el Reinfo les da este manto de impunidad porque si bien la producción es ilegal, se ‘lava’ con un Reinfo para que sea una producción en vías de formalización”. A esto se suma la penetración, invasión y explotación de concesiones ajenas, con lo cual un minero que tiene el instrumento del Reinfo pasa a convertirse en un ilegal, apuntó.

Al mismo tiempo, los especialistas consultados advierten la infiltración de redes criminales, incluso con alcance internacional, en esta cadena en los últimos años. Sobre todo, esto fue influenciado por el auge del precio del oro y lo que ha conllevado al crecimiento de la violencia. La masacre de los 13 trabajadores en Pataz (La Libertad) es una clara muestra de ello.

“Sucede que los mineros informales entre ellos se peleaban y, para protegerse o para invadir concesiones de otros, lo que hacían era traer gente para que se apropien o para que brinden seguridad a su propia concesión. Y luego las bandas criminales dejaron de ser seguridad y se convirtieron ya en un brazo importante”, comentó Arenas.

El actual Congreso amplió —a fines del año pasado— por tercera vez la vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio de este año, a pesar de los múltiples cuestionamientos de especialistas, gremios y actores de la sociedad civil. Se hizo en medio de amenazas de convulsión social y bloqueo de vías de parte de los grupos de mineros informales. Y se introdujo en la norma la posibilidad de otra ampliación por otros seis meses, vía decreto supremo del Ejecutivo. El reloj corre y el gobierno deberá anunciar el próximo mes si efectúa la cuarta ampliación.

Respecto al Congreso, uno de los argumentos esgrimidos para esta ampliación fue que el Ejecutivo no presentó su proyecto de ley para una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (o ‘Ley Mape’) dentro del plazo requerido. Y esta ampliación se dio como una suerte de tránsito en tanto se efectúe la discusión hacia un nuevo marco legal para este sector.

Lo cierto es que la intención de una ampliación ya se avizoraba en el Congreso, pues se presentaron múltiples proyectos meses antes con ese fin; incluso el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, pedía a través de un proyecto de ley la extensión de la vigencia del Reinfo por dos años; es decir, hasta diciembre del 2026. Esta es una comisión clave en toda esta discusión. Además, si bien el Ejecutivo no había presentado su fórmula, a la interna del Legislativo había proyectos entorno a esto que podrían haber gatillado su debate. Al final, prosperó el prolongar la situación.

“El principal rol del Congreso ha sido dejarse llevar por las presiones políticas y sociales para poder extender el Reinfo. No ha querido debatir una ‘Ley Mape’. Porque si bien había una norma que establecía que era el Minem el que tenía por mandato que presentar una propuesta, hay cinco proyectos sobre este tema en el propio Congreso. Sí, se extendió el Reinfo, pero el problema está también en la Comisión de Energía y Minas”, aseveró Arenas.

Pero, además de la prórroga, en este tiempo el Congreso también ha brindado flexibilidades a favor de la minería informal. Por ejemplo, en marzo del año pasado, se derogó la disposición que facultaba a la policía a tomar acciones frente a la tenencia de explosivos en actividades mineras ejecutadas por Reinfos suspendidos.

A opinión de Ipenza, el Parlamento viene cumpliendo “un rol de facilitador político-legal” para la minería informal. A este decreto que eliminó la facultad sobre los explosivos, Ipenza sumó la modificación que excluyó a los delitos conexos de la minería ilegal, impidiendo que sean abordados con las herramientas de la ley de crimen organizado. Además, la más reciente modificación a la ley de extinción de dominio.

“[El Congreso] ha jugado un rol fundamental para la consolidación y que nuestro país sea visto como un paraíso para las organizaciones criminales”, resaltó.

En esta historia, una mención aparte amerita las constantes visitas que han efectuado los representantes de los mineros informales al Congreso, tanto mientras se discutía la ampliación del Reinfo —que finamente se aprobó— y ahora también mientras se discute el nuevo marco legal de la nueva ‘Ley Mape’.

Un informe realizado por este Diario dio cuenta que, entre enero del 2024 y mayo de este año, las cabezas de tres grupos de mineros informales —la Confemin Perú, la Fenamarpe y AMA Pataz— sumaron casi 160 ingresos al Congreso, siendo el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) largamente el más frecuentado.

También figuran Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Podemos Perú), respectivamente. Los tres con propuestas legislativas para prolongar la vigencia del Reinfo y con discursos a favor de este sector. Sin embargo, también aparecen legisladores de otras bancadas como Alianza para el Progreso y Acción Popular.

Además de ello, este Diario también evidenció que los mineros informales no solamente son bien recibidos en el Congreso, sino también en los partidos que tienen representación en este poder del Estado. Al menos 14 representantes de gremios de informales militan en Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Una muestra de la llegada de este sector.

En este punto, es importante volver a destacar e incidir en los retrasos del Ejecutivo, que han llevado a prolongar toda esta situación. En diciembre del 2021, cuando se dio la segunda ampliación del Reinfo, en la misma Ley N°31388 que validaba ello se incluyó un plazo para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), presente en 180 días hábiles una propuesta normativa para una ‘Ley Mape’ para regular a este sector. Ese plazo expiraba en setiembre de 2022.

Sin embargo, este proyecto de ley recién ingresó al Congreso el 20 de noviembre del 2024, prácticamente a última hora, cuando ya se iba a culminar la última prórroga y se alistaba una tercera ampliación. En todo ese interín, no solo hubo un cambio de jefe del Estado —salió Pedro Castillo y entró Dina Boluarte—, sino que pasaron hasta siete ministros por la cartera de Energía y Minas. Esta demora fue usada para prolongar el Reinfo.

Pero esto parece una constante. El 27 de diciembre del año pasado, se promulgó sin observaciones la ley N°32213, con la que precisamente se prolongó el Reinfo. Sin embargo, además de la prórroga, el Congreso incluyó otras disposiciones, como la creación de un sistema de trazabilidad de minerales e insumos. El Ejecutivo tardó más de cuatro meses en emitir la reglamentación de esta ley, siendo recién publicada el último domingo 18 de mayo.

Además, en la propia Comisión de Energía y Minas, recientemente se ha cuestionado que el Ejecutivo haya tardado ahora más de dos meses en hacer llegar sus propuestas para el nuevo texto que se viene trabajado para la nueva ‘Ley Mape’ y que aún no se pone a debate. Demoras que parecen solo favorecer a un sector.

Justamente, ahora los reflectores están en lo que ha reglamentado el Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N°009-2025. En ninguna parte de la ley que aprobó el Congreso está, pero en el reglamento en cuestión se optó por introducir —de parte del gobierno— una figura que habilita a que el Reinfo pueda cambiar de titular “por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción”; en la práctica, por herencia.

Se trata de una disposición complementaria transitoria que precisa incluso que, en caso exista más de un heredero, la solicitud de sucesión debe presentarse por una persona jurídica conformada por todos los herederos, “para efectos de determinar un único responsable de los impactos generados por el desarrollo de la actividad minera y culmine el proceso de formalización”.

Esto ha desatado el rechazo generalizado. La propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) mostró su alarma pues, según se advirtió, “un registro no es un derecho adquirido”. “Un registro no es un título, un registro no debe heredarse, se trata de una mera inscripción administrativa. Un Reinfo no representa un derecho sobre un bien”, dijo su presidenta, Julia Torreblanca.

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Justamente, según explicó Arenas, a buena cuenta lo que se está haciendo es reconocer de manera legal que un trámite administrativo, como es el Reinfo, pase a convertirse en un derecho de un tercero y que este se pueda, incluso, heredar entre familiares.

“Si tú vas a poder registrar algo y vas a poder entregárselo a tus sucesores, eso es herencia. En el término amplio, es herencia”, incidió Ipenza.

Todo esto desató una nueva crisis para el Ejecutivo. Una denuncia constitucional en contra de la mandataria Dina Boluarte y del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ya fue presentada en el Congreso; así como se alista una moción de interpelación para el titular de esta cartera en este poder del Estado.

Montero fue convocado a la Comisión de Energía y Minas el último martes, donde intentó justificar la incorporación de esta medida asegurando que no se estaba creando “algo nuevo”, sino que esta figura venía del 2017. También insistió en que lo que se buscaba era que se tenga un titular que pueda responder por el impacto ambiental. Sin embargo, también anunció que se reevaluaría el tema.

Al día siguiente vino la respuesta. El Ejecutivo no ha dado marcha atrás, sino que únicamente se precisará en el decreto que esta transferencia de titularidad solo se podrá hacer en lo que dure el proceso de formalización, el cual podría extenderse hasta diciembre próximo.

“Se precisará en la primera disposición complementaria modificatoria que lo referido a la transferencia de titularidad en el registro por sucesión solo se podrá realizar durante la vigencia del proceso de formalización minera integral; es decir, hasta el 30 de junio del 2025 con la posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre del 2025”, dijo Montero.

El ministro volvió a insistir en que “el próximo año no habrá Reinfo, el próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal”. Lo cierto es que este debate aún ni empieza en el Congreso.