Recorte de sueldos en el Congreso: ¿quiénes serán los primeros sancionados y por qué demoran tanto las investigaciones?

Este sábado cumplen 90 días desde que se reveló la primera denuncia de recorte de sueldos contra la congresista Magaly Ruiz (APP). Desde entonces, se han acumulado un total de nueve casos, pero las sanciones aún no llegan. El único castigo se dio en Fuerza Popular, donde no solo denunciaron a María Cordero (hoy no agrupada), sino que la expulsaron de sus filas.

Alianza para el Progreso es el grupo con mayor número de casos. Son tres congresistas denunciadas (Magaly Ruiz, Rosio Torres y María Acuña), y optaron por la figura de la “licencia temporal” solo en dos casos. La bancada no tomó mayores acciones, pese a que su máximo líder César Acuña anunció que se expulsaría a Torres.

Por plazos y procedimientos, las sanciones de la Comisión de Ética Parlamentaria deberían ser las primeras en llegar. Hace casi 10 años, el pleno del Congreso suspendió al legislador Michael Urtecho por apropiarse del salario de sus trabajadores. Desde que se publicó la denuncia, la Comisión de Ética de entonces demoró solo 25 días en tener su informe final y a los 32 días ya estaba suspendido. Siete de los nueve casos pendientes a la fecha, ya pasaron los 30 días desde sus denuncias.

La principal demora es que solo en tres casos (Magaly Ruiz, Heidy Juárez y María Cordero) se presentaron denuncias de parte. En el resto, la investigación ha tenido que ser de oficio, y eso implica un camino más largo. Desde la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), se informó que se tiene previsto presentar los informes finales de Ruiz y Juárez el próximo viernes 9. Otras fuentes allegadas indicaron que se cuenta con los argumentos para recomendar la suspensión.

Mientras que Rosio Torres deberá presentarse a audiencia el lunes 5, Katy Ugarte, el viernes 9, y la siguiente citada será María Cordero. Las audiencias suelen tomar tiempo, debido a que se solicitó citar a todos los trabajadores y extrabajadores de los despachos de los acusados. Una cosa que ha llamado la atención en este proceso es el alto nivel de rotación en los despachos legislativos. Además, se ha tenido que citar a trabajadores de las comisiones que presidieron los denunciados.

A esto se suma que varios de los denunciantes han referido a la Comisión de Ética que vienen recibiendo hostigamiento por sus testimonios, varios de ellos a través de cartas notariales. La semana pasada, Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de Magaly Ruíz, en la ciudad de Trujillo, denunció en Punto Final (Canal 2) que ha recibido amenazas e intimidación por parte de la congresista.

Al Congreso del 2013 le tomó 94 días desaforar a Michael Urtecho por haberse apropiado del sueldo de sus trabajadores. Casi 10 años después, los casos de Magaly Ruiz, Heidy Juárez y Rosio Torres superan los 90 días, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni siquiera ha iniciado las audiencias respectivas.

El caso más avanzado es el de Juárez, de Podemos, pese a que no fue la primera denuncia revelada. En el caso de la subcomisión, el problema es que solo se permiten las denuncias de la parte agraviada o un congresista puede hacer suya la denuncia. María del Carmen Alva (Acción Popular) hizo suya la denuncia de Juárez, mientras que Kira Alcarraz, colega de bancada de Juárez, hizo lo propio para el resto de denuncias. Este Diario preguntó a Camones sobre el estimado de tiempo para resolver los casos, pero no obtuvimos respuesta.

Fuentes allegadas a la subcomisión indicaron que APP busca que pierdan peso las denuncias contra sus congresistas, colegas de Camones, la presidenta de la subcomisión. Las mismas fuentes indicaron que Ruiz y Torres han amenazado con renunciar a la bancada, y APP no quiere perder peso con miras a la elección de la Mesa Directiva en julio.

Desde la subcomisión quieren cargar toda la responsabilidad a la Fiscalía, aludiendo que ellos cuentan con mayor cantidad de pruebas. La Fiscalía ha abierto indagación contra 6 de los 9 legisladores involucrados.

La actual legislatura acaba en quincena de junio, salvo la presidencia del Congreso decida ampliar el plazo. Pero es, a partir de esa fecha, donde se empiezan a negociar los votos para la nueva Mesa Directiva. En un Congreso tan fraccionado, cada voto cuenta, ya sea de ‘Los Niños’ o de los llamados ‘mochasueldos’.

Caso 'mochasueldos'

Denunciados por recortar sueldo a sus trabajadores

1

Magaly Ruiz

Alianza para el Progreso

Es la primera legisladora denunciada y se espera que su caso sea el primero en resolver en la Comisión de Ética, el próximo viernes 9 de junio. Tiene una denuncia en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también en la Fiscalía de la Nación. Su denunciante ha acusado actos de intimidación y amenazas por parte de la congresista.

2

Heidy Juárez

Podemos

Fue la segunda denunciada, tras testimonios de trabajadores publicados en el semanario Hildebrandt en sus Trece. Ahora en la bancada de Podemos, la legisladora por Piura ha acusado que la denuncia en su contra forma parte de una "venganza" de su exgrupo APP. Su caso es el más avanzado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidido por APP.

3

Rosio Torres

Alianza para el Progreso

Es uno de los caso donde se involucra al sobrino de la congresista, como receptor de parte de los sueldos de los trabajadores del despacho. En la denuncia revelada por Punto Final (Canal 2) se presentaron hasta conversaciones de WhatsApp que involucraban a la parlamentaria del partido de César Acuña.

4

Katy Ugarte

No agrupada

La congresista izquierdista fue denunciada porque parte del salario de sus trabajadores era destinado para el pago a medios en el Cusco, a fin de "mejorar" su imagen.

5

María Cordero

No agrupada

Fuerza Popular no solo la denunció ante la Comisión de Ética, sino que la expulsó de su bancada. La Fiscalía cuenta con audios donde se le escucha decir a un trabajador "vamos al cajero". El Congreso acaba de despedir a uno de los trabajadores que la Fiscalía investiga como "cómplice" de la legisladora.

6

María Acuña

Alianza para el Progreso

Un reportaje de Willax reveló que con sueldo de sus trabajadores se habría pagado a un asesor externo en su región de Trujillo. La hermana de César Acuña ha negado todos los hechos, pero se revelaron videos donde intentó buscar al asesor para conciliar por la falta de pagos. El caso viene siendo investigado en la Fiscalía.

7

José Arriola

Acción Popular

Trabajadores del despacho del congresista de Acción Popular entregaban parte de su sueldo para "apoyo social" y para esto debían firmar una "Declaración Jurada de Donación Voluntaria”. Con este documento, el congresista se lava las manos y asegura que se trataban de "donaciones".

8

Hilda Portero

Acción Popular

Legisladora de Acción Popula donó sillas de ruedas con plata de sus trabajadores. La parlamentaria denunciada ha calificado esto como un acto "solidario".

9

Edgar Tello

Bloque Magisterial

Una funcionaria del Parlamento dijo a Punto Final que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.